Crimen en Laboulaye. Los padres del chico asesinado en Córdoba impulsan una “ley Joaquín” para bajar la edad de la imputabilidad

CÓRDOBA.- Mariela Flores y Martín Sperani, los padres de Joaquín, el chico de 14 años asesinado por su mejor amigo en Laboulaye, esperan que la muerte de su hijo “no sea en vano” y que, al menos, su caso dé impulso a la aprobación de una “ley Joaquín” que baje la edad de imputabilidad.

L., que se autoincriminó en el hecho, no es imputable; tiene 14 años –los cumplió el 2 de febrero pasado– está “resguardado” en el Complejo Esperanza de la ciudad de Córdoba hasta que se terminen los peritajes. El juez Penal Juvenil Sergio Moro será quien decida, después, su destino final. Por la edad, no puede quedar preso.

Los padres de la víctima quieren reunirse con legisladores que ya han presentado en el Congreso proyectos de reducción de la edad de imputabilidad; intentaron contactos con Ricardo López Murphy, Luis Petri y Diego Santilli. De los tres, Santilli apunta a reducir la edad a 15 años y los otros dos, a 14. Aun cuando una ley en ese sentido sea finalmente sancionada, no alcanzaría a L. porque su aplicación no es retroactiva.

Sobre la decisión de la familia de impulsar una “ley Joaquín”, Mariela enfatizó: “Mi hijo no la va a poder usar, pero tengo cuatro hijos más. No solo son mis hijos, mis sobrinos, sino todos los otros. Para que nunca pase de nuevo. Que otros papás tengan instrumentos que yo no tengo”.

–¿Cree que no tendrá Justicia para su hijo?

–Me quedo con las manos vacías. Mi hijo queda en un cajón y él, su amigo, va a quedar suelto y seguir sus estudios. La gente se olvida de las caras; él seguirá creciendo, él podrá hacer cosas que mi hijo no.

Joaquín tenía cuatro hermanos varones de 13, 11, 8 y dos años. Flores relata que fue el papá quien debió enfrentar a sus otros hijos y darles la noticia. “Gritaron y lloraron por su hermano. No podemos sostenernos nosotros; como papás no podemos, y tenemos que contenerlos a ellos, que repiten que no van a tener a su hermano”. Este lunes a la mañana debió convencer al más grande –”el preferido” de Joaquín– de que fuera al psicólogo. “Logré sacarlo para que vaya, pero se pregunta ‘ahora para qué'”.

“Estoy expectante, tengo que tener paciencia y darle tiempo a la Justicia –dice Flores–. Como papás nos agarra la angustia, la ansiedad, en especial a la noche”.

–¿Sigue sospechando que hay otros involucrados?.

–Sí, aún no empieza a ceder esa idea. No me demostraron que fue L. Me cuesta creer que haya sido su mejor amigo, que ningún profesor haya visto algo raro, que no haya tenido manchas [cuando volvió a clases]. Tenía su celular, eso es un dato”.

En cuanto a si alguna vez notaron alguna conducta “extraña” de L., la madre de Joaquín sostiene: “Nunca vimos nada. A nosotros nunca nada nos llamó la atención”. Admite que el sábado, cuando apareció el teléfono móvil, un tío de Joaquín planteó dudas. “Entonces pedimos que allanaran el campo. El tío y el papá se quedaron en la Jefatura. Esa duda surgió de uno de mis hermanos, que subrayó que Joaco, cuando iba al campo, ayuda mucho a los papás de L. y a lo mejor su amigo veía eso de otra manera o le molestaba”.

Flores admite que hace unos días tuvo un “rapto”, un impulso de llamar a la mamá de L. “Quería preguntarle qué pasó, qué sabe ella. A veces siento que ella puede decirme algo, pero no quiero entorpecer la investigación. Habíamos compartido nuestras cosas. No sé si me va a servir, es como un alivio. Estuvimos abrazados hasta el sábado a las 3 de la tarde, estaban tan desesperados como nosotros”.

“Tenemos muchas dudas. Si L. fue tan psicópata para regresar al aula y quedarse en clase, si fue tan psicópata que hasta sus propios papás engañó, nos preguntamos: ¿si se los dan a sus papás, ellos no corren riesgos, no saldrá con sed de hacer lo mismo? Son preguntas para las que no tenemos respuestas”.

La causa

Para la Justicia está determinado que no hay otros participantes en el crimen. L. atacó a Joaquín el jueves 29 de junio con 18 golpes, con un fierro con punta y con pedazos de hormigón. Después regresó a clases, al IPEM 278 “Malvinas Argentinas”, de donde ambos habían salido juntos. La Justicia sospecha que premeditó el ataque.

Las cámaras de seguridad de la zona los muestran caminando juntos. Los padres de Joaquín denunciaron su desaparición el jueves a la noche; el domingo 2 de julio, el cuerpo del adolescente fue hallado por sus primos en una casa abandonada ubicada a 100 metros del colegio.

“Yo maté a Joaquín”, confesó L. al escuchar a Flores llorar y gritar desesperada cuando le dieron la noticia. Ambos estaban, separados por una pared, en el edificio de la jefatura departamental de policía.

L. ya está siendo sometido a peritajes, pero no habla de lo que pasó. Fuentes de la investigación indicaron a este medio que sí le reiteró a la asistente legal oficial que él había sido el autor del crimen. Fuera de eso, ni una palabra más que arroje algo de luz sobre los motivos del conmocionante crimen.

El viernes, la familia emitió un comunicado en el que planteó su disconformidad con la investigación y cuestionó el proceder del comisario jefe de la Departamental, Enrique Carreras, y del fiscal Walter Guzmán; también responsabilizaron a la intendencia de Laboulaye y a las autoridades del IPEM 278 por no haber activado las alertas apenas desapareció Joaquín.

El Código de Procedimiento Penal de Córdoba, en su artículo 91, impide la presentación de querellantes particulares cuando hay menores inimputables: “Nos presentamos igual, porque no hay una ley específica que lo prohíba”, explica a este diario el abogado de la familia Raúl Frencia. La posibilidad es que el juez que interviene declare inconstitucional esa norma y les dé participación en la causa, aunque no será amplia.

Moro les adelantó a los familiares y al letrado que recibirá las pruebas que le presenten siempre y cuando no vulneren los derechos del menor detenido y no hayan sido tramitadas o recogidas por el tribunal.

“Queremos que se abre el debate a partir de estos proyectos. Un menor de 14 años comprende la criminalidad de los actos; tiene discernimiento –agrega Frencia–. En América latina hay países donde la edad de imputabilidad es más baja que en la Argentina, como Uruguay y Chile. En Europa, incluso, hay naciones que tienen edad de imputabilidad desde los 7 años”.

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