Crimen en Barracas: con pruebas contra 14 policías, el juez cerró la instrucción de la causa por el asesinato de Lucas González

El juez a cargo de la investigación por el homicidio de Lucas González y su encubrimiento dio por concluida la instrucción en torno a los 14 policías que están detenidos y con prisión preventiva por el crimen del adolescente de 17 años asesinado de un balazo policial en el barrio porteño de Barracas en noviembre de 2021, informaron hoy fuentes judiciales.

El juez nacional en lo Criminal y Correcional 7 Martín Del Viso hizo lugar a un pedido del fiscal Leonel Gómez Barbella, quien le había solicitado que quede clausurada la instrucción, lo que en la práctica es el paso previo a que pueda confeccionar y presentar el requerimiento de elevación a juicio para los imputados.

Según fuentes judiciales consultadas por Télam, Gómez Barbella fundamentó ayer su planteo en dos ejes: que los 14 acusados se encuentran con un procesamiento con prisión preventiva firme confirmado por la Cámara del Crimen, y que no restan medidas de prueba por producir. Y, en una resolución de esta tarde, el juez Del Viso hizo lugar al planteo y le corrió vista a la querella y las defensas de los policías para que brinden su opinión.

Por el homicidio calificado de Lucas y la tentativa de homicidio calificado de sus tres amigos, están procesados con prisión preventiva los policías de la Ciudad Juan José Nieva, Gabriel Alejandro Issasi y Fabián Andrés López.

Los once policías de la misma fuerza procesados y presos por “encubrimiento agravado” son el comisario inspector Daniel Santana; los comisarios Rodolfo Alejandro Ozán, Juan Romero y Fabián Alberto Du Santos; los subcomisarios Roberto Inca y Ramón Jesús Chocobar; el inspector Héctor Cuevas y los oficiales Sebastián Baidón, Ángel Darío Arévalos, Daniel Rubén Espinosa y Jonathan Alexis Martínez.

Voceros judiciales aclararon a Télam que el pedido de Gómez Barbella no implica que no pueda continuar la investigación sobre otros imputados que puedan sumarse a estos 14. Incluso, el fiscal había pedido en los últimos meses la detención de otras cinco personas y la de dos mujeres policía que en su momento estuvieron apresadas por el caso, pero luego fueron excarceladas por la Cámara. Las detenciones e indagatorias por encubrimiento agravado que en su momento pidieron fiscalía y querella pero fueron rechazadas primero por el juez Del Viso y luego por la Cámara, fueron las de la abogada Verónica Gabriela Andraca, de la División de Asuntos Penales y Contenciosos de la Policía de la Ciudad; la abogada Silvia Alejandra Ozón, jefa de División de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia y Seguridad; el comisario mayor Fabián Lencina y los oficiales Pablo Daniel Granara y Lucas Damián Evaristo Varas.

También insistió el fiscal con que vuelvan a detener a las policías Lorena Miño y Micaela Fariño -liberadas en enero por falta de mérito-, a partir de un peritaje odorífico, el cual indicó que habían manipulado la réplica del arma “plantada” en el auto de los adolescentes, pero la Cámara también rechazó el planteo.

El crimen de Lucas sucedió cerca de las 9.30 del 17 de noviembre último, cuando la víctima y tres amigos de su misma edad salieron de entrenar del club Barracas Central a bordo del Volkswagen Suran del padre de uno de ellos y fueron interceptados por un auto Nissan Tiida de la Brigada de Investigaciones de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad sin patente ni signos de ser policial, del que bajaron tres efectivos armados y sin identificar. De acuerdo con las pruebas recabadas, los adolescentes creyeron que eran ladrones que iban a robarles, por lo que huyeron del lugar, momento en que los policías les dispararon.

Al menos cinco tiros dieron en el auto y uno de ellos impactó en la cabeza de Lucas, quien horas más tarde murió. En principio, los efectivos implicados intentaron hacer creer que se había tratado de una persecución en la que abrieron fuego porque quisieron atropellarlos y porque vieron a uno de los supuestos sospechosos armado, pero luego la Justicia estableció que todo ese relato era una farsa y que el arma hallada en el auto era una réplica “plantada” por los hoy imputados.

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