Crimen de Blas Correas. Un jurado popular definirá el caso contra los 13 policías acusados

CÓRDOBA. Blas Correas, de 17 años, alumno del sexto año del colegio San José de Córdoba y fanático de Belgrano (era nieto de una gloria del club, Miguel “Pato” Laciar) fue asesinado por balas policiales el 6 de agosto del 2020. Hoy, un tribunal popular dará su veredicto y la Justicia dictará la pena para los 13 policías sentados en el banquillo, dos como autores de los disparos contra el auto en el que el chico viajaba con tres amigos, y el resto, por encubrir el hecho y hacerlo pasar como un presunto enfrentamiento, con el “plantado” de un arma incluido. Además, se definirá si se investigan las responsabilidades políticas que existieron en el caso, que sacudió a esta provincia y a todo el país.

Correas volvía de comer una pizza con amigos. Iba desde la zona sur de la ciudad hacia el centro con otros cuatro jóvenes en un Fiat Argo blanco. Se cruzaron con un control policial y no frenaron, según declaró después el conductor, “porque se asustó”. Seis balazos salieron de las armas de dos agentes que estaban apostados en ese retén.

El proyectil que mató a Blas ingresó por la luneta trasera e impactó en su espalda. Otro se incrustó en el apoyacabezas del asiento delantero. En un primer momento, los policías dijeron que los chicos iban armados y mostraron un arma que, supuestamente, habían encontrado en la zona.

Las investigaciones judiciales –el fiscal José Mana instruyó la causa– revelaron que otros agentes “plantaron” un arma para simular un enfrentamiento y que hubo una cadena de encubrimientos.

Después del asesinato de Correas, el gobierno provincial demoró en reaccionar. Pasaron varios días hasta que se produjo la remoción de la cúpula policial de la ciudad de Córdoba. Después llegó el reemplazo del jefe de la fuerza, pero el ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, renunció recién en septiembre pasado; hoy es legislador provincial del oficialismo.

El gobernador Juan Schiaretti recién recibió a la madre del adolescente, Soledad Laciar, en marzo del 2022. “No vine a buscar condolencias”, le dijo ella y le reclamó separar de la policía a los efectivos ligados a casos de corrupción y delitos comunes. También le cuestionó que Mosquera siguiera en el cargo.

Los fiscales Fernando López Villagra y Marcelo Hidalgo, de la Cámara Octava del Crimen pidieron que tanto Mosquera como Lucas Mezzano, exsubsecretario de Coordinación y Planificación Técnica y ahora integrante del Tribunal de Conducta Policial, sean investigados por presunta corrupción policial (le prestaron un Toyota Corolla al excomisario Gonzalo Cumplido, apartado del cargo tras el asesinato).

Tanto la fiscalía como la querella pidieron prisión perpetua para los policías Lucas Damián Gómez (37 años, de su arma salió la bala fatal) y Javier Catriel Alarcón (33); están acusados por “homicidio calificado por sus funciones, por empleo de armas de fuego” en el caso del asesinato de Correas y “homicidio calificado por abuso de su función en grado de tentativa reiterado” contra los otros cuatro amigos.

“La balacera de los dos uniformados no fue para frenarlos, sino para matarlos”, dijo López Villagra, quien volvió a mostrar el video en que se ve a los agentes disparando. “Seis veces gatillaron, cinco dieron en el blanco. No hace falta que para ser masacre haya 20 víctimas. Tranquilos que no voy a acusarlos de violencia institucional”, agregó.

Fundamentado en los datos de la investigación, aseguró que los policías “dispararon con intención de matar y tuvieron la intención de matar a los otros cuatro chicos. Todos los proyectiles fueron de afuera hacia adentro, efectuados por ellos dos, sin ninguna duda; no tuvieron ninguna lesión, no corrieron riesgos, fueron totalmente innecesarios los seis disparos, eso que quede claro, y a la escasa distancia que dispararon”.

Su colega, Hidalgo, insistió con que “hubo una conjunción de voluntades y responsabilidades institucionales que llegaron a los más altos jefes de la fuerza”. Pidió cinco años de cárcel para la agente que “plantó” el arma y entre cinco y seis años para los acusados de encubrimiento, además de inhabilitación por 10 años para ejercer cualquier función pública.

El rol de la madre

Cuando murió, Blas Correas tenía un hermano mayor, Juan, y una hermana de siete meses, Milagros. Su madre, Soledad Laciar, estaba embarazada. Una semana después del crimen, la familia convocó a una marcha que fue multitudinaria. “Queremos recordarlo como quien era, un chico tranquilo. La marcha es desde la paz y el dolor, no desde el odio y la venganza”, dijo entonces su hermano.

Ese mismo día de la marcha –a la que ella no asistió, porque no estaba en condiciones– Soledad habló con LA NACION y reconoció: “Me ha pasado a mí de leer que mataron a un pibe, que llevaba un arma o drogas. Y resulta que podrían haber hecho lo mismo con Blas y no les salió, podrían haber dicho que tenía el arma o la droga. Toda la movida de los medios no permitió que les salga bien este encubrimiento”. Desde ese momento, cada vez que habla, pide por todas las otras víctimas de gatillo fácil y por luchar para que estos hechos se terminen.

Desde poco después del crimen, lleva –como si la tuviera tatuada en la piel– una remera con la foto de su hijo y el pedido de “justicia por Blas”. En las audiencias la acompañaron los amigos que iban en el auto, también víctimas del hecho. Cuando fue su turno de hablar en el debate, Laciar les rogó “un gesto de humanidad” a los 13 uniformados cordobeses juzgados por el crimen y el encubrimiento.

“Basta de silencio. Si alguno de ustedes tiene un gesto de humanidad, espero que tengamos una verdad de la boca de ustedes”, insistió, y sostuvo que los policías acusados son “víctimas de un sistema perverso que les enseñó a matar y mentir”. Agregó: “Venimos a pedir que estas cosas tan dolorosas no sucedan nunca más”.

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