Crece la pelea entre los fiscales y la jueza por la muerte de Astudillo Castro

La investigación por la muerte de Facundo Astudillo Castro parece encaminarse a un escándalo judicial. Hace un año entregó sus conclusiones el grupo de peritos que realizó la autopsia sobre los restos hallados en un cangrejal el 15 de agosto de 2020. Para esos técnicos no se detectó la participación de otras personas en el fallecimiento establecido por asfixia por sumersión. Sin embargo, nada pudo saberse sobre la forma en que el joven de 20 años había llegado a ese lugar en la localidad bonaerense de General Cerri, alejado de la ruta en la que se lo había visto por última vez al ser demorado por policías. Antes y después de ese informe fue visible la tensión entre el equipo especial de fiscales y la jueza María Gabriela Marrón.

No resulta anormal que una fiscalía pida el alejamiento de un magistrado por múltiples motivos, pero en un caso de tanto impacto público adquiere un peso adicional la acusación hacia la jueza de favorecer en forma intencionada la posición de los policías investigados. Así se consignó en el dictamen del fiscal general ante la Cámara Federal de Casación, Javier De Luca.

“A lo largo de toda esta etapa investigativa, la magistrada que esta parte recusa ha demostrado una actitud refractaria hacia todas las medidas de prueba que la fiscalía solicitara. Ello ocurrió cuando se intentó avanzar en líneas de investigación que pudieran comprometer la actuación de las fuerzas de seguridad del lugar en los hechos”, se consignó en el escrito elevado a la Sala I del máximo tribunal penal, donde se analizará la recusación presentada por los fiscales Horacio Azzolín y Andrés Heim.

De Luca apoyó a sus colegas y agregó: “Para ella (por la jueza Marrón), toda hipótesis que se aparte del mero ‘accidente’ y se dirija hacia la posibilidad de un homicidio, doloso o culposo, o un encubrimiento de este, es inmediatamente negada”.

Los pedidos del equipo especial de fiscales que investiga la muerte de Astudillo Castro había sido rechazados por la Cámara Federal de Bahía Blanca, por lo que esos funcionarios recurrieron a la Cámara Federal de Casación Penal. Las posiciones de los fiscales -apoyados por la querella que representa a la madre del joven fallecido- y la titular del juzgado federal N° 2 de Bahía Blanca son ya irreconciliables.

Durante más de dos meses la causa estuvo en manos de la justicia provincial al tratarse como un episodio de averiguación de paradero generado el 30 de abril de 2020, en plena vigencia de las medidas más duras de aislamiento social dispuestas para contener la pandemia del coronavirus Covid -19. Por entonces la investigación en el terreno estaba bajo supervisión de la policía bonaerense, algunos de cuyos efectivos estaban apuntados por ser los últimos que vieron con vida a Astudillo Castro, que se dirigía “a dedo” por la ruta nacional N° 3 hacia Bahía Blanca, con la esperanza de ver a su exnovia. Quedó registrado que dos veces fue identificado por agentes bonaerense y que se labró un acta por violación de la cuarentena. Incluso, la última foto del joven se realizó en una de esas acciones policiales. Después se perdió su rastro hasta la aparición de huesos en el cangrejal.

El 10 de julio declinó su participación la justicia provincial y se hicieron cargo del expediente la jueza Marrón y el fiscal federal de Bahía Blanca Santiago Ulpiano Martínez. Cristina Castro, la madre del joven fallecido, chocó de inmediato con el representante del Ministerio Público Fiscal. La posición de la querella solo apuntó, desde el comienzo, a la responsabilidad policial en la muerte. La Procuración General de la Nación designó al titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Andrés Heim, y al jefe de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci), Horacio Azzolín, para sumarse a la investigación del fiscal federal Martínez en un intento de mediar en una polémica pública. Los roces con la jueza Marrón fueron desde ese momento casi permanentes y ahora quedaron expuestos en el pedido de recusación avalado por el fiscal De Luca.

“Es evidente que, los representantes del Ministerio Público Fiscal abrigan fundados motivos para temer sobre la imparcialidad de la jueza al obstaculizar la producción de ciertas medidas que permitían considerar y profundizar otros caminos alternativos a la versión de “accidente”, y además, por haber asumido facultades propias del acusador al requerir e incorporar en el expediente una pericia que no fue solicitada por la fiscalía”, expresó el fiscal De Luca al respaldar el pedido de alejamiento de la jueza.

Diferentes miradas

La hipótesis de trabajo de los fiscales especiales apunta, al igual que la querella, a la presunta responsabilidad policial en la desaparición y muerte de Astudillo Castro. Y en la solicitud para que sea apartada la magistrada detallaron los indicios sobre un posible homicidio que no pudieron seguir por ser rechazadas sus propuestas de investigación. “Los representantes del Ministerio Público Fiscal han solicitado medidas (no aceptadas por la jueza), presentado pruebas y explicado las razones por las cuales resulta necesario indagar en otras hipótesis de cómo habrían sucedido los hechos. Así, han logrado verificar una serie de circunstancias que merecían ser investigadas: la detención de Astudillo en la localidad de Mayor Buratovich por la posible infracción al artículo 205 del Código Penal sin el debido control de la jueza que ahora se recusa; la actuación de los policías que lo dejaron seguir cuando deberían haber actuado de otra manera; su posterior intercepción en la localidad de Teniente Origone, donde también se lo dejó seguir camino sin aparente control judicial y en cuyo destacamento policial se localizó un amuleto que usaba la víctima”, fueron algunos de los argumentos de los fiscales.

Y se agregó como indicios: “La localización de su mochila en una zona cercana en cuyo interior contenía gran parte de la ropa que usó horas antes; la activación de un celular a nombre de Astudillo luego de la aparición de su cuerpo; la aparente localización de un patrullero en una zona cercana al hallazgo de los restos cuando no debería haber estado allí y en cuyo baúl se encontró una piedra turmalina similar a la que se tenía Astudillo colgando de su cuello; la existencia de testigos que afirman que más objetos de Astudillo fueron hallados en la zona del partido de Villarino sin que eso haya sido informado a las autoridades, entre otras situaciones”.

El análisis de la ropa encontrada dentro de la mochila -elemento hallado casi treinta días después de la aparición de los restos- también generó polémica el mes pasado. Para la querella, esas prendas fueron cortadas y tratadas con productos químicos. Sin embargo, la causa parece estancada por la pelea entre los investigadores. ß

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