Nueva estrategia para combatir el microtráfico de drogas en los barrios

Un procedimiento en Mar del Plata derivó ayer en el decomiso de tres kilos de cocaína. Podría ser considerado un secuestro de drogas sin mayor relevancia, si se toma en cuenta que en la frontera norte las incautaciones tienen otros volúmenes y que incluso pueden tomarse como un hallazgo menor los 89 kilos de cocaína encontrados el sábado pasado en un control vial en Misiones. Sin embargo, el resultado de los 47 allanamientos marplatenses fue seguido con particular atención en el Ministerio de Seguridad, donde los funcionarios están acostumbrados a recibir notificaciones diarias sobre operativos con más de 500 kilos de droga. El interés de las autoridades en ese caso no estaba enfocado en la balanza del decomiso, sino en la actuación allí de las recientemente creadas Brigadas Especializadas en Microtráfico (BEM). Las acciones contra el narcomenudeo empezaron a ser planteadas como estratégicas para disminuir tanto la oferta de drogas como el elevado nivel de violencia que rodea a los puestos de venta de marihuana y cocaína.

Desde diciembre de 2015 fueron allanados por fuerzas federales 2306 lugares utilizados por los vendedores minoristas de drogas. En muchos de esos casos –tras el acuerdo con el juez a cargo del expediente–, esos llamados búnkeres se transformaron en zonas abiertas bajo control social. Entre esos "espacios recuperados al narcotráfico" figura un predio que había sido usado como espacio de comercialización de estupefacientes y que fue transformado en una huerta comunitaria supervisada por la Municipalidad de San Miguel. "La idea es que el narcotráfico no vuelva a ocupar esos lugares. Con este programa se va a sacar la droga de al lado de la casa de los vecinos", comentó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que visitará este jueves ese predio arrebatado a los narcos en San Miguel.

Para las autoridades nacionales, las cifras de decomiso –con un récord de 256.205 kilos de marihuana alcanzado el año pasado– en la frontera norte señalan buenos resultados en la tarea de interceptar la ruta de los cargamentos ilegales. Y empiezan a organizar un trabajo más metódico sobre las bocas urbanas de expendio de drogas. Para eso fueron creadas 41 BEM –con un total de 164 investigadores– en la primera parte del programa contra el narcomenudeo. La mayoría de esos 2306 puntos de venta fueron desarticulados antes del comienzo de la actividad de esos grupos especializados en microtráfico, pero desde mayo pasado, en los primeros pasos del plan piloto, el promedio mensual de allanamientos en puntos de venta minoristas pasó de 51,4 a 89,5.

"Es crucial mantener el decomiso en las fronteras, pero el narcomenudeo representa el impacto más grave percibido por la sociedad. Entonces, no se trata de hacer una u otra cosa, sino de trabajar en ambos niveles, pero con unidades separadas, con objetivos de narcotráfico, por un lado, y microtráfico, por el otro", explicó el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco.

Las primeras unidades están distribuidas en la ciudad de Buenos Aires, el conurbano, Rosario, Córdoba, Mendoza y Mar del Plata. La intención de las autoridades nacionales es aumentar la cantidad de esas brigadas, originadas en una experiencia que los funcionarios observaron en Chile.

"Queremos que sirva como modelo para las acciones provinciales contra las drogas; buscamos una gran coalición con las policías y representantes judiciales de cada distrito. El objetivo es que el punto de venta no solo es eso, sino parte de una cadena que también puede atacarse de abajo hacia arriba. Cada vez que desarticulamos un quiosco de drogas se puede llegar al capitalista", dijo la ministra Bullrich, que impulsa una mayor adhesión a la desfederalización de la lucha contra el comercio minorista de estupefacientes. Esa idea cobró fuerza en los últimos meses, luego de más de una década en la que prácticamente solo Buenos Aires, Córdoba y Salta habían aceptado avanzar con sus propias fuerzas contra el narcomenudeo tal como lo avala la ley promulgada en 2005. Ahora también se sumaron Tucumán, Jujuy, Entre Ríos, Catamarca, Chubut y Santiago del Estero.

Las autoridades nacionales consideran que investigaciones focalizadas en los puestos de venta de droga permitirán reducir los niveles de violencia urbana. "El objetivo es atacar la etapa más peligrosa del narcotráfico en la Argentina, que está representada por el microtráfico en los barrios. La mayoría de los homicidios no están en las fronteras, sino en las zonas de narcomenudeo", aseguró Martín Verrier, subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico.

Para Bullrich, "la disminución de la tasa de homicidios tiene que ver con el control de los llamados puntos calientes", los lugares en los que diferentes bandas se disputan los puntos de venta de droga.

Uno de los trabajos que tendrán los detectives que integran las BEM será definir el perfil de peligrosidad de una determinada zona, especialmente para que las posteriores acciones judiciales puedan atacar a todos los actores narco que operen en esa área, sin permitirse que otros grupos ocupen el lugar dejado por la banda desbaratada.

Entre los objetivos trazados por las autoridades nacionales al lanzar el programa de BEM figuran la desarticulación de los puntos de venta de drogas en los barrios y la sistematización del esfuerzo policial para encarar acciones contra el narcomenudeo. Entre el 24 y el 30 de junio pasado, por ejemplo, las cuatro fuerzas federales de seguridad arrestaron a 1265 sospechosos por diferentes infracciones a la ley antidrogas. Más allá de ese resultado concreto, los funcionarios nacionales esperan capacitar a más unidades específicas para enfrentar el narcomenudeo con la intención de reducir la oferta de sustancias psicoactivas en los barrios, impedir la consolidación de clanes familiares y "disminuir los delitos y la violencia asociada con la venta de drogas al por menor", según consignaron en el Ministerio de Seguridad.

La asignación de estas BEM a diferentes áreas se realizará a partir del análisis de inteligencia criminal, de las denuncias anónimas recibidas en el número telefónico 134 y la información aportada por autoridades municipales y foros vecinales. La intención es que los habitantes de barrios hostigados por vendedores de drogas puedan notar que sus denuncias producen cambios.

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