Corrupción: pidieron 15 años de cárcel para un exjuez federal acusado de ser jefe de una asociación ilícita que recibía coimas de narcos

“Se está juzgando a un exjuez federal y a sus dos exsecretarios penales por cobrar dádivas en forma sistemática pagadas por grupos narcocriminales para asegurarse la impunidad de funcionamiento”, así, el fiscal federal Diego Iglesias, funcionario a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) comenzaba el alegato del Ministerio Público en el juicio donde se debatió la presunta responsabilidad de Carlos Soto Dávila, como presunto jefe de una asociación ilícita.

Soto Dávila, de 75 años, no fue un juez más. Durante 22 años estuvo a cargo del Juzgado Federal N° 1 de Corrientes, con competencia electoral en esa provincia. Hoy, el fiscal federal Carlos Schaefer cerró el alegató y pidió una pena de 15 años de cárcel para el exmagistrado al considerarlo jefe de una asociación ilícita.

Además, el representante del Ministerio Público pidió penas de 12 años de prisión y nueve años de cárcel para Pablo Molina y Federico Grau, respectivamente. Se trata de los dos exsecretarios penales del Juzgado Federal N° 1 de Corrientes.

“No se puede combatir el narcotráfico si no terminamos y combatimos la corrupción y menos aún si esa corrupción se encuentra enquistada en un sector del Poder Judicial que debe impartir Justicia, y que, justamente, debe sancionar las conductas delictivas que ponen en riesgo la salud pública y la seguridad ciudadana”, afirmó el Ministerio Público Fiscal, representado también por el auxiliar fiscal Martín Uriona, al finalizar el alegato ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes.

Según se informó el sitio web www.fiscales.gob.ar, “en distintas causas que tramitaban ante el Juzgado Federal N° 1 de Corrientes se habrían concretado diversas negociaciones y presentaciones por escrito para que, a cambio de la entrega de dinero o del ofrecimiento de beneficios, se dictaran resoluciones, se omitieran o bien se demoraran fallos que debían dictarse, con la finalidad de beneficiar a personas investigadas por narcotráfico. Esto ocurría mediante el dictado de órdenes de libertad, resoluciones de falta de mérito o exenciones de prisión. En otros casos, incluso se reprochaban participaciones menores a quienes en realidad eran quienes dirigían las actividades de narcotráfico”.

Soto Dávila llegó a juicio acusado de ser el supuesto organizador de una asociación ilícita dedicada al cobro de coimas a narcotraficantes de la ciudad de Itatí, en Corrientes, a cambio de presuntos beneficios procesales.

El Ministerio Público Fiscal también pidió que sean condenados a penas de entre ocho y dos años y medio de cárcel a cuatro abogados que representaban a narcotraficantes y que, según la acusación, formaban parte de la asociación ilícita.

“La división de roles tenía una finalidad de funcionamiento y éxito de esa maniobra, pero también era una garantía de protección para la organización”, sostuvo en su alegato el auxiliar fiscal Uriona.

El TOF que debe decidir si condena o no al exjuez, a los exsecretarios penales y a los abogados está integrado por los jueces Juan Manuel Iglesias, Rubén Quiñones y Manuel Moreira, de Chaco, Formosa y Misiones, respectivamente. Se debió recurrir a magistrados de otras jurisdicciones porque en los de Corrientes se excusaron de intervenir en el juicio.

“Lo que se probó en esta causa es justamente la existencia de un grupo de personas con objetivos comunes, división del trabajo, estructura y permanencia, códigos de conducta comunes, sistema de toma de decisiones, relaciones entre ellos y hacia el mundo exterior; ejecutando planes delictivos para viabilizar y encubrir los negocios espurios de la organización narcocriminal”, había sostenido el fiscal Iglesia el lunes pasado, cuando comenzó el alegato, que finalizó hoy.

El representante del Ministerio Público afirmo que el funcionamiento ininterrumpido de la organización narco asentada en Itatí y beneficiada por la asociación ilícita introdujo al menos 20 toneladas de estupefacientes en la Argentina.

“Las causas que estaban bajo su jurisdicción [del juzgado de Soto Dávila] no avanzaban, no se profundizaban, sino que, por el contrario, se paralizaban”, afirmaron los acusadores.

Tras los alegatos de las defensas, se conocerá la fecha del veredicto.

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