Corrupción. Les pedían coimas a choferes de combis y ahora van a juicio

El modus operandi se repitió, al menos, en dos oportunidades con menos de tres meses de diferencia. Las víctimas, choferes de combis y empresarios; los sindicados victimarios, inspectores y un supervisor de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y un "colaborador" externo; los hechos, exigencias de coimas para no secuestrar vehículos antes supuestas infracciones, y las consecuencias, una causa elevada a juicio oral y público donde los acusados deberán responder por el delito de exacciones ilegales.

Así se desprende de un expediente judicial clausurado y elevado a juicio por el juez federal Sebastián Casanello. Los hechos que se ventilarán en el debate ocurrieron, según el expediente judicial, en septiembre y diciembres de 2016. La CNRT depende del Ministerio de Transporte de la Nación.

"En primer lugar, lxs [sic] transportistas han denunciado que al resultar fiscalizados por controles de la CNRT, automáticamente recibían llamadas de personas ya interiorizadas sobre tales procedimientos, las cuales les exigían similares sumas de dinero para liberar sus vehículos o no ser multados", según se desprende del expediente judicial al que tuvo acceso LA NACION.

Uno de los hechos investigados ocurrió el 15 de septiembre de 2016 en un control de la CNRT en el cruce de las avenidas Cabildo y General Paz, en Saavedra. El otro sucedió el 2 de diciembre de ese mismo año en las inmediaciones del shopping Alto Palermo.

"En ambos episodios se pudo ver que las faltas objetadas por los agentes resultaron presumiblemente simuladas o injustificadas. También se ha atestiguado sobre sospechosas llamadas telefónicas que los inspectores realizaron en los controles cuestionados, apartados de lxs [sic] transportistas y con documentación vehicular en mano, de dónde se estima que surgían los datos de los licenciatarios que fueron contactados. En efecto, los hechos probados han revelado que un mismo funcionario de la CNRT coordinaba y supervisaba los operativos de control, luego los inspectores designados por éste controlaban los vehículos en la vía pública, sostenían la existencia de supuestas infracciones y, acto seguido, se entablaban comunicaciones telefónicas mediante alguien ajeno al organismo para exigirles -en el transcurso de la fiscalización- dinero a cambio de la liberación de los vehículos detenidos", según consta en el expediente judicial.

La investigación comenzó el 6 de diciembre de 2016 después de una presentación hecha por la Unidad de Sumarios e Investigaciones Administrativas de la CNRT donde se dieron detalle de presuntas "maniobras delictivas".

En el hecho ocurrido en septiembre de 2016 en Saavedra, la víctima fue el chofer de una combi. Los inspectores a cargo del control esgrimieron que no se podían "constatar las horas de descanso por encontrarse mal confeccionada la libreta de trabajo" y debían hacerle un acta y sacar el vehículo de servicio.

A los pocos minutos, el jefe de operaciones de la empresa para la que trabajaba el chofer en cuestión recibió una llamada telefónica donde una persona que se identificó como Juan le dijo que para no desafectar la combi del servicio debía llevar 3000 pesos a una esquina de Monserrat. El pedido de coimas fue denunciado por la empresa a la CNRT.

El segundo episodio ocurrió el 2 de diciembre de ese mismo año durante un operativo de control la CNRT en las inmediaciones del shopping Alto Palermo. Los inspectores interceptaron a una combi y le dijeron a la chofer que se encontraba en infracción por una supuesta adulteración en el tacógrafo y le dijeron que le iban a secuestrar el vehículo.

A los pocos minutos, el titular de la licencia recibió una llamada donde su interlocutor le explicó que para evitar el secuestro de la combi debía pagar 5000 pesos. Pero la hija de la chofer, en vez de pagar la coima, decidió hacer la denuncia en la CNRT. El organismo comenzó un sumario administrativo.

En la investigación se determinó que la persona que llamaba a las víctimas para exigirle el pago de la coima no era empleado de la CNRT, pero sí tenía una relación de conocimiento con los inspectores y el supervisor investigados.

"Con respecto a los descargos formulados por los imputados,y las puntuales discrepancias que fueran planteadas respecto de los elementos probatorios que conforman la investigación, debo decir que estos han sido evaluados en conjunto, de forma armoniosa y de conformidad con los parámetros de la sana critica racional, resultando las acusaciones mayormente convincentes que las defensas formuladas, conformándose así un marco de probabilidad suficiente para esta etapa preparatoria, sobre la existencia de los hechos presuntamente delictuosos y la participación que han tenido los encartados", había sostenido Casanello en el momento de procesar a los sospechosos.

Los acusados serán juzgados por el delito de exacciones ilegales en su modalidad de concusión, calificado por haber sido exigidas con intimación.

Según el artículo 266 del Código Penal, "será reprimido con prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años, el funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que corresponden". Y, "si se empleare intimidación o se invocare orden superior, comisión, mandamiento judicial u otra autorización legítima, podrá elevarse la prisión hasta cuatro años y la inhabilitación hasta seis años".

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