“Problemita con droga”. Procesan a un auxiliar fiscal que cobraba dinero de narcos para mejorar su situación judicial

El mensaje de voz que le llegó por WhatsApp al auxiliar fiscal Martín Román Apóstolo, que cumplía funciones ante Tribunal Oral Federal de La Rioja, fue directo, no había forma de que se lo malinterpretara: alguien le decía que allegados habían tenido “un problemita con droga” y necesitaban que el funcionario “procediera”. Le aclaró que el dinero no era un inconveniente. “Plata hay”, le aseguró. No dio una respuesta negativa: se limitó a un “mañana lo vemos”. Los “allegados” recibieron el beneficio de la prisión domiciliaria y, durante meses, el representante del Ministerio Público reclamó lo que le habían prometido por esa gestión: 600.000 pesos.

Apóstolo, de 53 años y al que los narcos investigados en varios expedientes llamaban Padrino o El Jefe, fue procesado con prisión domiciliaria por los delitos de concusión agravada, tráfico de influencias agravado, prevaricato fiscal e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En la resolución, firmada por el juez federal José Quiroga Uriburu, integrante del TOF de La Rioja, se trabó un embargo sobre los bienes del funcionario judicial hasta cubrir la suma de 5.000.000 de pesos.

“Las funciones relevantes que cumplía Apóstolo, tanto en la fiscalía como el juzgado, lo habilitaban en la actividad diaria a tener la posibilidad de solicitar a funcionarios, magistrados y empleados informarse sobre el estado de causas en trámite. De esa manera configuraba el imputado un acceso idóneo al contacto con las causas usando su rol de funcionario del Ministerio Público Fiscal, para de esta forma desarrollar fraudulentamente su influencia ante las autoridades y agentes judiciales”, afirmó el juez Quiroga Uriburu en su resolución, a la que tuvo acceso LA NACION.

Según informó el sitio de noticias del Ministerio Público Fiscal, www.fiscales.gob.ar, el procurador general interino, Eduardo Casal, dispuso la suspensión preventiva de Apóstolo y el inicio un sumario administrativo, que está a cargo de la Secretaría Disciplinaria y Técnica del MPF.

La investigación que puso en evidencia el desempeño delictivo del auxiliar fiscal Apóstolo comenzó el 18 de marzo pasado, tras la declaración de un sospechoso de operaciones vinculadas al narcotráfico.

Se trata de Pablo Gutiérrez, según el expediente judicial. El sospechoso “expresó espontáneamente que, desde hace aproximadamente un año, estaba recibiendo exigencias de Apóstolo para mantener la prisión domiciliaria que gozaba desde marzo de 2022″, según recordó el Quiroga Uriburu en su resolución.

Las declaraciones de Gutiérrez fueron hechas cuando la fiscal federal Virginia Miguel Carmona allanaba su domicilio ante la sospecha de que continuaba con la venta de estupefacientes durante su prisión domiciliaria.

“Apóstolo, enojado, me decía que le tenía que pagar 400.000 pesos, que eran $200.000, pero como el dólar había se había ido por las nubes le tenía que pagar $400.000 porque yo le debía la salida [la prisión domiciliaria] a él y así como él me sacó, me iba a meter” preso, afirmó el sospechoso, según se desprende del expediente judicial.

Cuando declaró Gutiérrez, la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), conducida por el fiscal federal Diego Iglesias, a pedido de Casal, ya había abierto una Investigación Penal Preparatoria (IPP).

En el dictamen donde solicitaron el procesamiento de Apóstolo, el fiscal Iglesias y su colega Diego Velasco, a Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), sostuvieron: “Se verificó que Apóstolo, en expedientes en los que intervenían abogados que mantenían una estrecha relación con él, efectuó presentaciones en su calidad de representante del Ministerio Público Fiscal de la Nación asumiendo criterios jurídicos que favorecieron notablemente a los imputados en contra de lo sostenido por el fiscal que debía seguir interviniendo en esos sumarios; realizó gestiones como ´contacto judicial´ y les brindó asesoramiento a los fines de que obtengan beneficios procesales en contra de lo requerido por el propio representante de la acusación, como así también efectuó gestiones para que sean designados en esos expedientes letrados allegados a él”.

En los hechos por los que pidieron el procesamiento, Igelsias y Velasco describieron el “Hecho 2″ como “la maniobra ilícita mediante la cual [Apóstolo] aceptó una promesa directa de pago de una dádiva y/o recibió el pago de una dádiva por la suma de, al menos, $1.500.000, para hacer valer indebidamente su influencia ante el titular del Juzgado Federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, a fin de obtener resoluciones procesales en el marco de la causa FCB 4974/2021 que tramitaba bajo su órbita, con el objeto de beneficiar a Luis Ariel Villafañe, alias Montana o Aarón, imputado y detenido en esas actuaciones, todo ello mientras se desempeñaba como auxiliar fiscal ante la Fiscalía General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja”.

Fuentes judiciales explicaron a LA NACION que tienen pruebas que para recibir el dinero a cambio de influir en las resoluciones judiciales, Apóstolo se habría reunido con los sospechosos o sus intermediarios en su casa del Barrio Del Golf o en los domicilios de los imputados.

Para avanzar en la investigación fue clave el secuestro del teléfono celular de Apóstolo. Los peritajes hechos sobre el móvil permitieron recuperar mensajes y conversaciones comprometedoras.

“A partir de los datos extraídos del aparato de telefonía celular incautado a Apóstolo se obtuvieron comunicaciones mantenidas a través del sistema de mensajería WhatsApp por el nombrado (con el contacto identificado como ´Alicia Señora Montana” a partir del 11 de noviembre de 2021, en las que se desprende que el auxiliar fiscal, en un primer momento, realizó gestiones para la devolución de la camioneta Dodge Journey, dominio JNU-575, que estaba bajo disposición judicial, requiriendo una suma de dinero -que no pudo ser especificada- a cambio de su intermediación. Posteriormente, a partir del 8 de diciembre de 2021, se desprende que la nombrada le requirió a Apóstolo que interviniera a los fines de lograr la libertad de Villafañe, comprometiéndose Apóstolo a hacer valer indebidamente su influencia sobre el titular del Juzgado Federal de La Rioja, a cambio de una suma de dinero, que ascendió a $1.500.000 tal como se desprende de las comunicaciones interceptadas a Villafañe en el marco de la causa FCB 1796/2021, para beneficiar procesalmente a este último, incluso en contra de lo ya sostenido en esos autos por la fiscal federal interviniente, la doctora Miguel Carmona”.

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