Corrupción: absolvieron al primer jefe de la Policía de la Ciudad y condenaron a un comisario
Terminó el juicio por la investigación judicial que destapó la denominada “caja negra” de las comisarías porteñas
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LA NACIONGabriel Di Nicola
La investigación judicial que puso al descubierto hechos de corrupción que alimentaban la denominada “caja negra” de la por entonces comisaría 35a. de la Policía Federal Argentina (PFA), con jurisdicción en los barrios de Saavedra, Coghlan y Núñez, llegó a su fin con un veredicto condenatorio para cuatro acusados y la absolución del primer jefe de la Policía de la Ciudad, José Potocar, que presentó su renuncia cuando fue detenido en el marco de esta causa, solo cinco meses después de haber sido designado como máxima autoridad de la fuerza de seguridad porteña.
El Tribunal Oral el Criminal (TOC) porteño N°16 también absolvió al comisario general Guillermo Calviño, que fue jefe de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la PFA, y a la comisaria inspectora Susana Aveni.
Hace casi un mes, en su alegato ante el TOC, el fiscal general Fernando Fiszer, había solicitado las absoluciones de Potocar y Calviño. Para el representante del Ministerio Público, en el juicio no se probó, a diferencia de lo que ocurrió con otros acusados, que Calviño y Potocar hubiesen cobrado dinero de la “caja negra” de la comisaría 35a.
Hoy, antes de que los jueces Gustavo González Ferrari, Inés Cantisani y Claudia Moscato se retiraran a deliberar para definir el veredicto, los acusados tuvieron la oportunidad de decir sus últimas palabras. Enérgico y enojado, Potocar habló de lo injusto de su detención (estuvo 99 días preso) y sostuvo que la acusación por la que ahora fue absuelto le arruinó su carrera profesional. “La misma Justicia puso las cosas en su lugar. Si bien la acusación fue injusta, siempre estuve tranquilo”, dijo a LA NACION al término de la audiencia.
Antes de ser jefe de la Policía de la Ciudad, Potocar estuvo a cargo de la Dirección General de Comisarías (DGC) de la fuerza federal de seguridad.
“Desde un primer momento sostuve que no había entidad para la acusación contra Potocar. También dije que esto fue una especie de ‘empresa alocada’ del fiscal [José María] Campagnoli que no tenía apoyo en la prueba producida”, afirmó el abogado Christian Poletti, defensor de Potocar.
En cambio, el comisario Norberto Villarreal, que estuvo a cargo de la comisaría 35a. y permaneció prófugo un año y medio, fue condenado a la pena de cinco años y medio de cárcel.
Para el tribunal, Villarreal fue el jefe de una asociación ilícita y también cometió el delito de concusión reiterada. También fueron condenados a la pena de tres años y cuatro meses de prisión el suboficial escribiente Marciano Quiroga, el cabo Alejandro Malfetano y el sargento Sergio Ríos.
Además de Potocar, Calviño y Aveni fueron absueltos los subcomisarios Hernán Kovacevich, Marcelo Stefanetti y José Codaro, y el sargento primero Adrián Otero.
“A pesar de todas las mentiras del imputado Villarreal por tratar de ensuciar a la única mujer de esta causa, Susana Aveni, hemos podido demostrar su inocencia y lograr que los miembros del tribunal la absuelvan de culpa y cargo. Siempre fue una mujer inocente que nunca tendría que haber estado dentro de este proceso, pero tuvimos que trabajar muchísimo para poder demostrarlo”, sostuvo a LA NACION el abogado Claudio Calabressi, quien junto con su colega Hernán Vega, defendió a la comisaria inspectora.
Según la investigación, que estuvo a cargo del fiscal José María Campagnoli y de su equipo de colaboradores de la Fiscalía de Distrito de Núñez-Saavedra, la asociación ilícita que operaba desde la seccional 35a. de la PFA exigía dinero a comerciantes y empresarios a cambio de una seguridad privilegiada extorsionaba a los cuidacoches de la zona, más conocidos como “trapitos”.
La acusación
La investigación sobre corrupción en la por entonces seccional 35a., hoy Comisaría Vecinal 13B de la Policía de la Ciudad, se conoció en octubre de 2016, cuando Campagnoli pidió la detención de Villarreal, que estuvo 18 meses prófugo.
“El análisis conjunto de los elementos de prueba recolectados a lo largo de la instrucción llevada adelante permite tener por corroborada la hipótesis criminal trazada por esta fiscalía y, en consecuencia, el ilegal mecanismo de recaudación dineraria [sic] desplegado por las autoridades de la comisaría 35a. de la Policía Federal”, había escrito Campagnoli en uno de sus dictámenes, que LA NACION dio a conocer en octubre de 2016.
En un cuaderno de hojas rayadas secuestrado durante un allanamiento en la oficina que ocupó Villarreal cuando era jefe de la dependencia se descubrieron anotaciones hechas a mano que, según los investigadores, eran la constancia de cómo se distribuía el dinero obtenido en la recaudación ilegal.
El 14 de abril pasado, durante su alegato, el fiscal Fiszer sostuvo que “el sistema de recaudación [ilegal] está probado”.
Para febrero de 2016, la “caja negra” de la comisaría 35a. era, según explicó el representante del Ministerio Público, de 155.000 pesos.
“Lo cierto es que en este caso se ha podido comprobar el espurio pago que era receptado a contramano de los mandatos legales y, además, las evidentes contraprestaciones que brindaba la cúpula de la comisaría 35a. para garantizar la perpetuidad de sus ingresos”, había explicado Campagnoli en el dictamen de 2016, donde solicitó la detenciones e indagatorias de Villarreal, Quiroga, Ríos, Malfetano y Otero.
En el veredicto, los integrantes del TOC N°16 sostuvieron que la condena de Villarreal quedará por cumplida el 24 de octubre de 2023.
Los jueces ordenaron extraer testimonios para que sean investigados otros dos sospechosos. Los fundamentos del fallo se conocerán el 11 de junio próximo.
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