Coronavirus. La "banda del juez" recurre a amparos para lograr beneficios
LA NACION
Con el objetivo de salir de la cárcel y con la pandemia del coronavirus como excusa, cuatro integrantes de la asociación ilícita cuya jefatura se le atribuye al detenido exjuez platense César Melazo recurrieron a una "ingeniería judicial" que se apoyó en la presentación de una serie de recursos de habeas corpus con el argumento del riesgo de vida ante un eventual contagio, con la presentación de diversos certificados de salud; uno de ellos, incluso, firmado por un médico que está procesado.
Actualmente, diversos tribunales de La Plata, en distintas instancias procesales, revisan los sucesivos pedidos de prisión domiciliaria presentados por las defensas del exmagistrado señalado como supuesto jefe de la asociación ilícita; del vendedor de influencias y lobbista Enrique "Quique" Petrullo; de Javier Ronco, que también está procesado por un doble homicidio y es cuñado del exjefe de la barra brava de Estudiantes Rubén "Tucumano" Herrera, y del expolicía bonaerense Gustavo Mena.
En el caso de este policía, la solicitud para que su prisión preventiva sea morigerada fue aceptada por la Justicia de Garantías de La Plata. Sin embargo, el magistrado de primera instancia resolvió que el beneficio se podrá hacer efectivo una vez que estén agotadas todas las instancias recursivas, es decir, las eventuales objeciones y apelaciones a su decisión. Así las cosas, para saber si efectivamente podrá seguir ligado al proceso, pero en su casa, el exoficial principal deberá esperar a que dos tribunales superiores resuelvan las apelaciones que, como ya lo adelantaron, interpondrán los fiscales.
Maniobra sospechosa
Llamó la atención en los tribunales platenses que los abogados que presentaron el pedido de prisión domiciliaria de Mena fueran Daniel Mazzochini y Martín Serravalle. Ambos letrados fundaron la solicitud para que se le conceda el beneficio al expolicía en los problemas de salud que sufre y en el riesgo de vida que afronta en su lugar de detención, en caso de que comience una ola de contagios de coronavirus entre la población penal. Precisamente ayer se confirmó el primer caso de Covid-19 en un preso, en la cárcel de Florencio Varela.
El informe sobre la salud del expolicía se apoya en un certificado de salud firmado por el médico Erwin Leitner.
El asunto es que ambos letrados y el galeno estuvieron procesados por una denuncia de 2003, por supuestas estafas, en un caso en el que también fue acusado el entonces juez federal de La Plata Julio César Miralles, que murió durante la investigación.
La maniobra denunciada en esa causa consistía en que un abogado presentaba amparos invocando falsas razones de salud relativas a un cliente suyo para que el juez Miralles liberara fondos que le habían quedado atrapados en sus cuentas bancarias durante el "corralito". Según la acusación, el abogado cobraba el 40% del dinero liberado del sistema financiero y el 20% iría a parar a las cuentas del juez que concedía el amparo.
Con respecto al exjuez Melazo, procesado como presunto jefe de la asociación ilícita que se dedicaba a robar viviendas de personajes vinculados con la política, el juez de Garantías de La Plata Agustín Crispo ya rechazó, la semana pasada, su requerimiento de prisión domiciliaria.
Al fundar su resolución, el juez Crispo tuvo en cuenta el conocimiento del mecanismo judicial que posee Melazo debido a que se desempeñó como magistrado, circunstancia que acrecentó los peligros procesales de entorpecimiento de la investigación en curso y de riesgo de fuga. A Melazo todavía le quedan dos instancias para intentar torcer la negativa de Crispo.
Ronco fue el tercer integrante de la banda en solicitar la prisión domiciliaria. Procesado en otro expediente como presunto autor de los asesinatos de Carlos Rodríguez y María Martini, debía ser sometido a juicio oral a mediados de marzo pasado, pero el debate se suspendió por la pandemia, que forzó una feria judicial.
Al igual que Melazo y Mena, Ronco fundó su pedido de prisión domiciliaria en cuestiones de salud y presentó un informe de un médico particular relativo a la patología crónica que sufre. Su solicitud todavía no fue resuelta.
El lobbista Quique Petrullo fue el único miembro de la banda beneficiado con la prisión domiciliaria. A pesar de que el informe de los médicos de la cárcel de Ezeiza que lo revisaron indica que por su estado no está incluido en los grupos de riesgo por el coronavirus, una sala de la Cámara de Casación, formada por un solo juez, le concedió la prisión domiciliaria.
Argumentando razones de urgencia por la salud de Petrullo, el camarista Víctor Violini le otorgó el beneficio sin que se realizara un estudio complementario en la Asesoría Pericial de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. Así, desde el 8 de este mes, Petrullo, que está procesado en otra causa penal con el suspendido integrante del Tribunal de Casación Martín Ordoqui, está en su casa.
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