Coronavirus: autorizan a los presos de las cárceles bonaerenses a tener y usar teléfonos celulares
LA NACIONGabriel Di Nicola
Después de una audiencia por videoconferencia, situación obligada por la pandemia del coronavirus Covid-19, el Tribunal de Casación Penal bonaerense autorizó a los presos alojados en unidades penitenciarias de la provincia a usar teléfonos celulares para comunicarse con familiares mientras dure el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el gobierno nacional.
Según informaron a LA NACION fuentes oficiales, la decisión fue tomada por el juez Víctor Violini, presidente interino del Tribunal de Casación Penal bonaerense. De esta manera, el magistrado hizo lugar a la medida cautelar presentada por el defensor de Casación, Mario Coriolano.
Fuentes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense adelantaron que el fallo no será apelado por el Poder Ejecutivo y que ya están trabajando en la reglamentación para poner en práctica en lo inmediato el uso de celulares intramuros. Durante la mañana, el ministro Julio Alak y su subsecretario de Política Criminal, Lisandro Pellegrini; la vicegobernadora Verónica Magario; el presidente de la Suprema Corte de Justicia provincial, Eduardo de Lázzari, y los ministros Hilda Kogan, Daniel Soria y Sergio Torres, y el procurador general, Julio Conte Grand, mantuvieron una videoconferencia en el contexto del comité de crisis que aborda desde principios de este año la crisis carcelaria.
En ese sentido, voceros gubernamentales precisaron que se abordó la cuestión de la superpoblación penitenciaria, con 24 mil plazas para alojar a 44.706 internos, en un universo de más de 50.000 personas privadas de su libertad en distintas modalidades, como ser detenciones en comisarías o domiciliarias con monitoreo electrónico. Y se enumeraron las acciones puestas en práctica para enfrentar la pandemia del Covid-19 en contexto de encierro: entre otras, el estricto control de ingreso y la provisión de insumos, la suspensión de visitas -en acuerdo con los propios reclusos- y, justamente, el uso de celulares.
En su fallo, Violini afirmó: "Ante la gravedad de las circunstancias que nos toca vivir debemos extremar nuestro sentido de humanidad para, al menos, intentar no ser parte de ese universo descripto por Albert Camus, según el cual 'lo peor de la peste no es que mata a los cuerpos, sino que desnuda las almas, y ese espectáculo suele ser horroroso'".
Hoy a las 13, y durante 50 minutos, Violini; Coriolano; el fiscal ante el Tribunal de Casación Penal bonaerense, Carlos Altuve, y los subsecretarios de Justicia y de Política Criminal de la provincia, Inti Pérez Aznar y Lisandro Pellegrini, respectivamente, participaron de una audiencia "virtual" para analizar la presentación del Defensor de Casación.
"La ubicación de un teléfono de línea en alguno de los pabellones de las unidades penitenciarias, en medio de la pandemia de coronavirus, aparece como claramente insuficiente, por su escasez y el inadecuado funcionamiento. Idéntico razonamiento puede seguirse al analizar las recientes medidas implementadas por el Poder Ejecutivo, tendientes a la comunicación por videoconferencia", se explicó en el fallo, al que tuvo acceso LA NACION.
El viernes pasado, como informó LA NACION, el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Necochea hizo lugar a un hábeas corpus colectivo presentado por la Defensoría General Departamental y autorizó a los presos de las cárceles de Batán y Barker a usar celulares. Desde que empezó la pandemia, y por decisión de los propios presos, se decidió suspender las visitas de familiares de detenidos.
En su resolución, Violini dispuso la creación de un "protocolo normativo" para poder implementar la autorización de uso de teléfonos celulares, que "deberá ser concretada bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense de modo que asegure la efectiva comunicación de los internos con sus familiares y que no sea utilizada con fines ilícitos".
El presidente interino del Tribunal de Casación Penal bonaerense explicó que hasta que no esté finalizado el "protocolo normativo" la determinación de las pautas será decidida por los jefes de las unidades penitenciarias o por quien designe el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Violini sostuvo en su resolución que no "pierde de vista" que la autorización puede ser resistida por cuestiones de seguridad. El juez recordó un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: "La seguridad de una prisión y la finalidad de impedir que desde su interior sean conducidas actividades delictivas o planes de fuga configuran propósitos incuestionables del Estado. Pero esto no justifica la censura de la correspondencia de los internos, ya que estos pueden mantener, mediante el régimen de visitas, conversaciones privadas".
Según informaron a LA NACION las fuentes consultadas, meses atrás -antes de la pandemia de coronavirus, y en el contexto del endémico hacinamiento carcelario bonaerense- Coriolano había presentado un hábeas corpus luego de que la superpoblación penitenciaria obligara a trasladar a algunos presos lejos de sus familias y por la necesidad de los reclusos de continuar con su educación.
"El pedido del uso de teléfonos celulares en ese contexto, y de otros medios tecnológicos que permitan la comunicación con madres, padres e hijos, y sostener las clases de modo virtual, adquirió un cariz dramático en el contexto de la actual pandemia", explicó Coriolano a LA NACION.
Entonces, en medio de la crisis sanitaria por el Covid-19, el Defensor de Casación hizo una presentación para que el hábeas corpus ya en trámite tenga carácter de "proceso colectivo" y la resolución que se dictara fuese para todas las cárceles bonaerenses y así evitar resoluciones parciales para cada departamento judicial, lo que, según Coriolano, generaría desigualdades y tensiones.
"Debe conjugarse el derecho a la visita y a la educación en un contexto de crisis humanitaria por hacinamiento. Pero el nuevo pedido fue por la pandemia, lo que lleva a tener que contemplar de modo urgente la comunicación virtual, ya sea por llamadas telefónicas comunes o videollamadas, y dar una contención para descomprimir la situación de malestar, miedo, angustia que genera el coronavirus en contexto de hacinamiento", afirmó el defensor de Casación.
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