Coronavirus: una investigación por una serie de muertes destapó una estafa millonaria contra el PAMI
LA NACIONGabriel Di Nicola
Teléfonos celulares escondidos en una heladera. Setenta y siete cuadernos quemados en la parrilla de un quincho. Brasas calientes. Particularidades de un allanamiento difícil de olvidar para los detectives de la Policía Federal y los funcionarios judiciales que participaron del procedimiento que tenía como objetivo secuestrar documentación y pruebas de una supuesta asociación ilícita que habría protagonizado una estafa millonaria contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Inssjp), más conocido como PAMI.
Así se desprende de una investigación que se tramita en el Juzgado Federal Nº1 de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado. La estafa se habría concretado, según informaron fuentes judiciales, con la simulación de prestaciones que nunca se hicieron en las historias clínicas de afiliados del PAMI atendidos en el Sanatorio Mariano Pelliza y en el Centro de Salud Norte (CSN), ambos situados en Vicente López, y un sistema de derivación de pacientes que funcionaba con una oficina paralela a la obra social de los jubilados para beneficiar a determinadas clínicas.
"Lamentablemente, las consecuencias de este despiadado accionar no solo las padece el Estado Nacional, cuyas arcas se vieron afectadas con defraudaciones que se estiman millonarias, sino que fundamentalmente las sufren los adultos mayores que asistieron a esos dispensarios para su atención médica y recibieron a cambio una calidad de servicio que dista mucho de la eficiencia y de las buenas prácticas de la medicina", según se desprende en una resolución de la jueza Arroyo Salgado en la que procesó a José Cerezo, de 67 años, y a su mujer, Mónica Bertoni, de 53.
Cerezo fue procesado por ser el presunto jefe de una asociación ilícita que cometió una defraudación contra la administración pública. A su mujer se le atribuyó haber integrado esa asociación ilícita en calidad de organizadora, para cometer el mismo delito de defraudación a la administración pública. Les trabaron embargos millonarios sobre sus bienes: 2000 millones de pesos.
En una de las resoluciones, Arroyo Salgado describió que la maniobra delictiva habría sido llevada adelante con la "presunta complicidad o participación de funcionarios públicos del PAMI", cuestión que todavía es materia de investigación.
La investigación, donde el Ministerio Público está representado por el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez, es una derivación de una causa que se inició tras la denuncia de los familiares de una mujer que falleció cuando estaba internada en el CSN, de Villa Adelina, Vicente López.
En junio pasado, Arroyo Salgado había procesado al sindicado dueño del CSN y del Sanatorio Pelliza, Benjamín Teitelbaum; el director médico, Jorge Pinzetta Martínez, y a la coordinadora médica, Ana Bellusci, por integrar una asociación ilícita y por los delitos de propagación de una enfermedad peligrosa y contagiosa para la salud, en este caso Covid-19, y de falsedad ideológica de instrumentos públicos.
El CSN y el Sanatorio Mariano Pelliza eran explotados por la sociedad anónima Rophe. La actuación delictiva, en medio de la pandemia por Covid-19, habría tenido como consecuencia que 36 personas se contagiadas de coronavirus y que dos de ellas hayan fallecido.
Con las declaraciones de acusados que se acogieron a la figura del "imputado colaborador" y otras pruebas, la investigación avanzó hacia la hipótesis de una millonaria defraudación contra el PAMI. La asociación ilícita habría funcionado, al menos, desde junio de 2016 hasta julio pasado, según explicaron fuentes judiciales.
No solo están acusados José Cerezo y Mónica Bertoni. También fueron imputados sus hijos, Alexis Javier y Alejandro José, que aún no fueron indagados. Los jóvenes, según explicaron fuentes judiciales, estuvieron prófugos hasta que la Sala I de la Cámara Federal de San Martín, integrada por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Fernández, les otorgó la exención de prisión, solicitud que en primera instancia había rechazado la jueza Arroyo Salgado.
"No hay afectación de los Cerezo al erario público. Se trata de una cuestión entre clínicas. Es imposible que se haya defraudado al PAMI", afirmó a LA NACION el abogado Carlos Broitman, que defiende a la familia Cerezo.
José Cerezo fue beneficiado con un arresto domiciliario por su delicado estado de salud y, en las últimas horas, el tribunal de alzada le otorgó la prisión domiciliaria a Bertoni.
En la resolución, los camaristas le encomendaron a la jueza Arroyo Salgado que les imponga a los hijos de Cerezo la obligación de presentarse periódicamente en las oficinas del juzgado, la prohibición de salida del país y la fijación de una caución real.
"Se observa que la jueza a quo [Arroyo Salgado] consideró la existencia de riesgos procesales que, en orden a las constancias agregadas en los autos principales, no habrían sido generados por Alexis y Alejandro Cerezo y que, entonces, no pueden serles atribuidos a ellos para rechazar su pretensión. En efecto, los [teléfonos] celulares hallados dentro de una heladera y los cuadernos que fueron encontrados quemándose y otros prácticamente incinerados en una parrilla se evidenciaron cuando el personal policial allanó la vivienda de José Cerezo y Mónica Mabel Bertoni [inmueble situado en Ituzaingó], no la perteneciente a los imputados", se afirmó en el fallo de la Sala I de la Cámara Federal de San Martín.
Hay otro Cerezo investigado y procesado: Fabián, sobrino de José Cerezo. En una resolución de agosto pasado, la jueza Arroyo Salgado le adjudicó ser miembro de la asociación ilícita. Está excarcelado.
Papeles en la parrilla
"En la parrilla de la finca [sic] se observaron cenizas y algunos vestigios que daban cuenta de una reciente incineración. Con la ayuda de expertos se logró salvar algunos de esos documentos, que se encuentran actualmente sometidos a los peritajes del caso, en tanto que se hallaron 77 anillos de cuadernos espiralados, lo que da cuenta de la efectiva quema de documentos", explicó Arroyo Salgado en los procesamientos de José Cerezo y Bertoni, que fueron apelados por el abogado Broitman.
Fuentes judiciales destacaron la importancia de que en el allanamiento hecho en Darwin al 2200, de Ituzaingó, el personal de la PFA haya estado acompañado de colaboradores del fiscal Domínguez, quienes advirtieron que los papeles que se habían quemado en la parrilla podían ser las anotaciones relacionadas con la maniobra ilícita.
Los mismos voceros consultados explicaron que el quincho donde estaba la parrilla donde se destruyó la documentación era compartido por toda la familia Cerezo: Alexis, Alejandro y José. Sin embargo, el tribunal de alzada desligó a los hijos del presunto jefe de la banda de la maniobra de destrucción de esa prueba.
"Las probanzas hasta aquí reunidas permiten tener por acreditado que nos encontramos ante dos asociaciones criminales escindibles y autónomas entre sí, que funcionan separadamente, pero que convergen ante un mismo designio. Ese plan común en este caso concreto fue el obtener cada uno de ellos el mayor rédito en términos pecuniarios no solo para sí mismos sino además para los distintos integrantes que ocupan los diferentes estamentos de sus organizaciones", sostuvo Arroyo Salgado.
La jueza identificó a "Teitelbaum, por su rol de prestador contratado por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados para brindar servicios médicos asistenciales por intermedio del Centro de Salud Norte y el sanatorio Mariano Pelliza a los beneficiarios de esa obra social domiciliados en el ámbito de la regional San Martín, y a José Cerezo, dada su condición de administrador del sistema de órdenes de prestación, que a cambio de una participación en un porcentaje de la facturación de la razón social Rophe efectuaba derivaciones múltiples a aquellos sanatorios, multiplicando de manera ostensibles las ganancias de la sociedad anónima".
La magistrada agregó: "Todo ello con el consecuente defalco que significaba para las arcas del Estado Nacional, puesto que las órdenes de prestación emitidas eran facturadas a la obra social de jubilados y pensionados que, como vimos, pagaba por servicios que ciertamente eran sobrefacturados, por prácticas o estudios médicos que en el plano de la realidad jamás se habían concretado o que eran realizados en más de una ocasión, so pretexto de haber sido mal practicados".
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