Coronavirus: autorizan a secuestrar autos de quienes circulen sin autorización
LA NACION
Un día después de que el presidente Alberto Fernández dijera que entre los automovilistas que circulan en calles y avenidas en medio del aislamiento social y obligatorio por la pandemia del coronavirus Covid-19 hay personas que no tienen la autorización correspondiente, el fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, habilitó a secuestrar los vehículos en infracción.
Según informaron fuentes del Ministerio Público porteño, la decisión se tomó en el marco "del endurecimiento de los controles que se llevan a cabo para cumplir con el aislamiento obligatorio de las personas, a fin de evitar el avance del virus Covid-19.
Mahiques autorizó a los fiscales del fuero penal, contravencional y de faltas porteño en turno a ordenar el secuestro de los vehículos de las personas que circulen por la ciudad de Buenos Aires violando el aislamiento obligatorio.
"La disposición faculta a los efectivos de la Policía de la Ciudad, que realizan los controles en los accesos y en ámbito de la ciudad de Buenos Aires", explicó el Ministerio Público Fiscal en un comunicado de prensa.
Ayer, Mahiques se reunión con el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, funcionario a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad, y el secretario de Seguridad, Marcelo D’Alessandro dónde evaluaron la situación del tránsito de vehículos en la Ciudad.
"La disposición faculta para hacer efectiva la medida a los efectivos de la Policía de la Ciudad, que realizan los controles en los accesos y en ámbito de la ciudad de Buenos Aires", afirmaron las fuentes consultadas.
La medida fue decidida por Mahiques luego de una comunicación con la ministra de Seguridad de a Nación, Sabina Frederic.
"Hay más de 1000 detenidos en la ciudad, un número que sorprende por el nivel de irresponsabilidad ante este escenario, más allá de que el nivel de acatamiento de la cuarentena en general es alto", afirmó Mahiques.
A los infractores se les puede imputa el artículo 205 del Código Penal, que prevé penas de hasta dos años de prisión para quienes violen las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la propagación de una epidemia.
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