Córdoba. Pidieron 8 años y medio de prisión para un profesor universitario que extorsionaba a sus alumnos para aprobarlos
La fiscalía federal solicitó la condena del exdocente Luis Olmedo, al que atribuyeron un ejercicio despótico del cargo, en el que obligaba a los estudiantes de Odontología a pagar un supuesto curso para recibir instrucciones y respuestas para los exámenes
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
CÓRDOBA. Entró en su fase final el proceso que lleva adelante la Justicia Federal de Córdoba por un caso que impactó en la comunidad educativa de esta ciudad: el de un docente universitario acusado de extorsionar a sus alumnos para aprobarlos. El fiscal Maximiliano Hairabedian y el auxiliar fiscal Maximiliano Aramayo pidieron una condena de 8 años y seis meses de prisión para el extitular de la cátedra de Microbiología e Inmunología de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). También reclamaron que sea inhabilitado por diez años. Hay otros tres imputados, entre ellos, la exdecana de la casa de altos estudios, para los cuales también pidieron penas. La sentencia se dictará el 17 de este mes.
Luis Olmedo, el exdocente, fue procesado con prisión preventiva hace dos años y medio como presunto coautor del delito de extorsión continuada. En abril de 2021 le otorgaron el arresto domiciliario y, un mes después, fue excarcelado tras el pago de una abultada fianza. La acusación alcanza también a Adrián Oscar Casalis y Augusto Massimino, para quienes los fiscales pidieron para quienes solicitaron penas de 6 años y 5 años y medio de prisión.
En la causa también está procesada, sin prisión preventiva, la exdecana de la facultad, Mirta Mónica Spadiliero de Lutri, como presunta autora responsable del delito de omisión de deberes de funcionaria pública continuada. Para ella la pena pedida es de un año y 10 meses de prisión condicional e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por cuatro años.
La causa se inició por denuncias de alumnos de esa carrera que plantearon que Olmedo les cobraba para aprobar la materia de Microbiología e Inmunología de la Facultad de Odontología de la UNC, de la que estaba a cargo. Los pagos eran canalizados a través de una suerte de “apoyo” académico. Les cobraba alrededor de $30.000 para darles las preguntas que se harían en los exámenes y resaltarles las respuestas que debían dar. Para eso debían recurrir a un instituto privado creado ad hoc. Creaba, incluso, “trampas” para evitar que alumnos que no pagaran accedieran al beneficio por la generosidad de sus compañeros de estudio: desde respuestas incorrectas a preguntas incomprensibles. La sanción para los “generosos” era el aplazo a repetición.
Según los testimonios de estudiantes y exestudiantes, quienes también aportaron documentación cuando hicieron la denuncia, la actividad espuria de Olmedo se habría extendido unos 20 años; también lo acusaron de que los sometía a malos tratos y de que abusaba de su autoridad como docente.
Los estudiantes debían ir a la pseudo academia AOC (Apoyo Odontológico Córdoba), a cargo de Adrián Casalis, quien daba las clases (aunque no era odontólogo) y entregaba el material que después se tomaría en los exámenes de la cátedra de Olmedo. El material que les daba era en hojas oscuras, para evitar que fuera fotocopiado, y estaba numerado, de forma de poder identificar fehacientemente quién lo recibía.
Según la acusación, incluso amenazaba a sus alumnos con que podrían enviar personas a golpearlos o no aprobar nunca más Microbiología. Este fue el caso de uno de los denunciantes, a quien Olmedo habría aplazado seis veces como represalia por prestar el apunte a un compañero que no podía pagarlo.
El fiscal Hairabedian, a poco de comenzar a instruir la causa, pidió la detención de Olmedo por entender que había riesgo de fuga. El docente estuvo con domiciliaria hasta que quedó libre bajo fianza. Su defensor siempre negó la situación: “No es cierto que tenía un instituto donde se preparaban alumnos. Tampoco es cierto que les cobraba a alumnos para aprobar la materia”, afirmó el abogado Manuel Calderón.
Los fiscales reclamaron ante el Tribunal Oral Federal 1 que se remitan varios de los testimonios recogidos a la fiscalía de turno para que se investigue a algunos de los que atestiguaron en el debate, por falso testimonio, entre ellos, el actual decano de Odontología, Guillermo De Leonardi.
Para Hairabedian está probado que Olmedo, primero como docente de cátedra inferior, y desde abril de 2004, como titular de Microbiología e Inmunología, “abusó de su función mediante distintos actos”.
“Habría ideado un sistema extorsivo por el cual los alumnos de su cátedra se veían obligados a hacer entregas de dinero a Casalis, primero, y a Massimino, después, para aprobar los exámenes de la materia, exigencia que era cubierta por la fachada de un curso”. La intimidación, según Hairabedian y Aramayo, era ejercida principalmente por Olmedo a través de aplazos sistemáticos, masivos o reiterados a quienes no pagaban la academia o filtraban información del sistema.
La Fiscalía entiende que el exdocente, ahora de 67 años, realizó un “ejercicio despótico del cargo, maltrato y aprovechamiento de la asimetría existente entre su posición de poder respecto a la vulnerabilidad de los alumnos infundiendo temor generalizado entre el alumnado, que se fue consolidando con el paso del tiempo, y resultó altamente efectivo para doblegar la voluntad de los estudiantes para que entregaran dinero a Casalis o Massimino”.
Hairabedian y Aramayo también acusaron a la exdecana Spadiliero de Lutri de no haber denunciado los eventuales delitos –a lo que estaba obligada por la carga pública inherente a su función– o promover actuaciones administrativas disciplinarias dentro de las disposiciones universitarias.
Para la fiscalía, los actos ilegales atribuidos al exdocente “no solo eran de público conocimiento en la facultad, sino que además habían sido anoticiados institucionalmente en más de una oportunidad, pese a lo cual, y sabiendo que Olmedo podía estar involucrado en maniobras de exigencias dinerarias para aprobar su materia, la decana intencionalmente evitó anoticiar los hechos a la autoridad competente u ordenar la investigación interna”.
Por Gabriela Origlia
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