Córdoba: investigan un posible desfalco por un millón de pesos en la entrega de credenciales de tenencia de armas

CÓRDOBA.– Por irregularidades administrativas y, fundamentalmente, económicas (una primera auditoría da cuenta de un faltante de un millón de pesos) que derivaron en una denuncia penal, fue intervenida la delegación provincial de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), ente que reemplazó al Registro Nacional de Armas (Renar).

Carlos Dini, que era el director de la delegación, primero fue trasladado a otro puesto en el Aeropuerto de esta ciudad y finalmente fue despedido. La Anmac se encarga de registrar, fiscalizar y controlar toda la actividad vinculada con armas de fuego, pólvoras y explosivos. Es, por eso, el organismo que otorga los permisos de tenencia de armas y las renovaciones de la Credenciales de Legítimo Usuario (CLU); con estos trámites, eventualmente, se habría cometido un gran desfalco, con Dini en el centro de las sospechas.

La Justicia Federal cordobesa investiga el tema –habría tres empleados que supuestamente habrían actuado en complicidad con Dini– y, además, hay credenciales de tenencia de armas retenidas por el organismo a nivel nacional para determinar por qué se expidieron si los trámites no estaban completos.

La investigación interna comenzó en agosto pasado, cuando se detectó un faltante de dinero. La dirección nacional de la Anmac, que sigue a cargo de Eugenio Cozzi -nombrado en julio de 2018 por el exministro de Justicia Germán Garavano, en reemplazo de Natalia Gambaro, que debió renunciar jaqueada por las críticas a la contratación de un servicio único para validar la aptitud psicofísica de los usuarios de armas-, dispuso la intervención de la agencia de Córdoba y una auditoría interna.

El organismo es querellante en la causa que se inició por una denuncia de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego, Explosivos y demás Materiales Controlados (UFI-ARM) y que investiga el fiscal federal Enrique Senestrari, quien todavía no promovió la acción penal.

La clave del escándalo es que Dini, con la ayuda de algunos empleados, emitía las CLU y las credenciales de portación y tenencia de armas sin comprar las estampillas requeridas para validarlas; quien hacía el trámite lo pagaba (entre 6000 y 7000 pesos), pero el exdelegado no adquiría las estampillas exigibles por ley; se cree que se habría quedado con el dinero.

Desde la década del ’90 un ente cooperador se encargaba del manejo de los ingresos provenientes de la venta de los formularios necesarios para los diversos trámites ante el ex Renar, hoy Anmac.

Históricamente cumplió ese rol la Asociación de Industriales y Comerciantes de Artículos de Caza y Pesca (Aicacyp). Pero dado el eventual conflicto de interés sobreviniente (el organismo que controlaba el dinero del Renar representaba a un importante actor sujeto a los controles del Registro), se decidió cambiar de ente. Hoy es la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (Acara) la que se encarga de vender las estampillas que se usan para trámites registrales de armas.

Esas estampillas acompañan el ingreso del trámite junto a la documentación exigida (certificados de aptitud médica y psicológica; de medios lícitos de vida; de idoneidad de tiro y de inexistencia de antecedentes penales).

La delegación Córdoba era –junto con la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires– la única que además de ingresar la documentación la analizaba y pedía a la oficina central la impresión de la credencial. El resto funciona como una "mesa de entrada" que deriva la segunda parte del trámite a Buenos Aires. Desde la intervención, a cargo de Eliana María, la oficina cordobesa sigue ese formato.

A medida que avanzaron las averiguaciones se detectaron algunas irregularidades que databan de 2017 y 2018, aunque el grueso corresponde a este año. Según algunas versiones, Dini explicó puertas adentro que había un "faltante" de estampillas y que por eso no se podían usar. En diálogo con LA NACION, Cozzi descartó que hubiera sido así. "Se produjeron daños económicos, administrativos y a la imagen de la institución. Dini primero fue trasladado a la oficina del Aeropuerto y después, despedido con causa", precisó.

Hace unos días la Anmac se constituyó como querellante con la representación de Antonio Eugenio Márquez, abogado de la Procuración del Tesoro.

A mediados de noviembre, los empleados de la delegación Córdoba, enviaron una nota a Cozzi en la que le hacen una serie de preguntas como por qué no se enviaban las estampillas; quién autorizó al delegado a entregar credenciales sin ellas; quién autorizó el envío de credenciales, "cuya emisión, por el tipo de usuario, no corresponde a personal de esta delegación sino de áreas específicas"; si a nadie le llamaba la atención la "rapidez con la que se procesaban ciertos trámites aun superando y violando la normativa vigente" y quién autorizó el "acceso remoto" al delegado. Cozzi indicó a LA NACION que varios de esos puntos son "parte de la investigación".

En la nota también le preguntaron quiénes debían controlar la "falta de envíos de fondos durante meses y no darse cuenta que la delegación seguía funcionando en desmedro de las condiciones laborales de su personal".

La causa en la Justicia Federal está caratulada "Dini, Carlos Alberto/Abuso de autoridad" y, entre algunas medidas que se encararon están las de solicitar a la Anmac informes con relación a la revocación de credenciales de legítimos usuarios de armas dispuestas por resoluciones de agosto y setiembre de este año; la fecha de expedición de esas credenciales por parte de la delegación cordobesa; los motivos por los que se decidió revocarlas y si hay alguna que haya sido dejada sin efecto porque los usuarios afectados presentaron la documentación correspondiente a la realización de los trámites en tiempo y forma.

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