Córdoba. Desbaratan una banda que hacía millonarias estafas desde la cárcel

CÓRDOBA.- La voz de alerta la dio un empleado municipal de General La Madrid (Buenos Aires), a quien le sacaron $70.000 de su cuenta bancaria. La Justicia del partido de Olavarría, la fuerza de seguridad bonaerense y la Policía Federal empezaron a investigar y descubrieron que las llamadas telefónicas del engaño provenían de la cárcel de Cruz del Eje, en el noroeste cordobés.

La estrategia no es novedosa, pero sí resultó efectiva. Alguien que decía ser contador de la Anses -y que, en realidad, era un recluso del penal cordobés- les ofrecía a los destinatarios de las llamadas acceder a los $10.000 del Ingreso Federal de Emergencia (IFE). Para eso, les decía que tenía una orden de pago de aquel monto paliativo del desfase económico-financiero provocado por la pandemia del coronavirus. Para "verificar los datos", les pedían el nombre completo y el número de documento. La estafa estaba en marcha.

Una vez convencida la víctima, la hacían ir al cajero con la tarjeta de débito; a través de una nueva llamada telefónica le indicaban que debía hacer algunas "operaciones adicionales", como cambiar la clave de home banking y obtener la clave token. Con esos datos en su poder, el estafador tomaba pleno control de las cuentas y las vaciaba. Hacían transferencias a otras cuentas (abiertas a nombre de personas indigentes) y también realizaban solicitudes de préstamos, con lo que, además de perder sus ahorros, las víctimas quedaban con una deuda.

Diego Martinelli, jefe del departamento de Delitos Económicos de la Policía de Córdoba, detalló la mecánica de la estafa virtual: "Llamaban al azar, informándole a la gente que habían sido acreedores del IFE. Los hacían ir hasta un cajero automático, les hacían ingresar sus datos personales, incluso las contraseñas, y por medio de sus CBU les vaciaban las cuentas y les hacían tomar préstamos personales de hasta $300.000".

Todas las llamadas salían del complejo carcelario Adjutor Andrés Abregú, de Cruz del Eje. El juez de Control y de Faltas Nº 5 de Córdoba, Carlos Lezcano, ordenó siete allanamientos en distintos domicilios y en la cárcel de Cruz del Eje; se secuestraron armas, veinte teléfonos celulares, chips, computadoras, tarjetas de memoria, agendas con anotaciones de cuentas bancarias, US$1500 y unos $30.000.

También hubo operativos en Chaco. Martinelli dijo que allí se secuestraron alrededor de $1.000.000 y se detectaron dos cuentas bancarias con $700.000 cada una, aproximadamente, a nombre de indigentes. Todo ese dinero había sido girado desde Córdoba.

La banda desarticulada estaba integrada por nueve presos y por cómplices fuera de los muros del penal -mujeres y hombres con nexos directos con esos reclusos-, quienes se encargaban de retirar de los cajeros automáticos el dinero de las víctimas.

Los investigadores entienden que esos cómplices también fueron quienes ingresaron de forma clandestina en la cárcel los celulares, chips y cargadores con los que, desde sus celdas, los internos que participaban de la estafa pudieron hacer las llamadas a las víctimas.

Para la Justicia, al menos 16 personas integraban la banda; se analizan imputaciones por el delito de asociación ilícita y estafas reiteradas. Un indigente era siempre el titular de una cuenta corriente en la que le depositaban dinero.

Un problema en aumento

Las autoridades advirtieron en las últimas semanas sobre el aumento de los casos de ciberdelitos. La anormal situación colectiva originada por la pandemia del coronavirus Covid -19 se volvió un terreno ideal para los estafadores virtuales. Y en muchas ocasiones se aprovechó el trámite para recibir la ayuda oficial como herramienta para esos delitos. En abril pasado, por ejemplo, se conoció en San Nicolás un episodio de similares características al utilizado por la red que operaba desde la cárcel de Cruz del Eje.

En esa ocasión, una familia había perdido $1.500.000 que guardaba en su cuenta bancaria tras recibir una indemnización. El damnificado recibió entonces una llamada de un estafador que se hizo pasar por empleado de la Anses para gestionar la asistencia IFE. En realidad, el ciberdelincuente buscaba acceder a los datos bancarios y una vez obtenida esa información realizó transferencia hacia múltiples cuentas.

El mes pasado, la Justicia santafesina alertó también sobre la modalidad de estafas a partir de falsas promesas sobre ayuda para acceder a la asistencia económica que el gobierno nacional puso a disposición de los sectores más golpeados por las medidas de prevención sanitaria. En todos los casos el movimiento delictivo es similar, con llamados que buscan conseguir datos sobre cuentas bancarias.

Otro método de estafa se detectó en Salta, donde dirigentes de un club deportivo fueron arrestados por cobrar comisiones a las personas asistidas con el programa IFE.

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