Conmoción. Murió el juez federal de Concepción del Uruguay al caer al vacío desde un edificio en el que vive su madre
Según las primeras informaciones, Pablo Andrés Seró se habría arrojado por propia determinación; sus allegados dijeron que desde hace meses estaba con un cuadro depresivo severo
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PARA LA NACIONPaola Robles Duarte
El juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Andrés Seró, murió esta mañana al caer al vacío desde un edificio del centro de la ciudad del este de Entre Ríos. Según las primeras informaciones, se habría quitado la vida después de haber ido a visitar a su madre en ese mismo inmueble. Más temprano había tenido una audiencia en su despacho.
Testigos dijeron haber visto que, pasadas las 10, saltó sin la intervención de terceras personas y cayó sobre un auto estacionado frente al edificio Antares, situado en Galarza y Eva Perón. El portero del inmueble dijo a la policía que el juez había visitado a su madre y luego había subido solo a la terraza, donde se cree que no estuvo más que él. Los médicos emergentólogos que llegaron a la escena del hecho constataron que el magistrado, de 55 años, había fallecido en el acto, producto de los politraumatismos. Este jueves se hará la autopsia en la morgue del Hospital Urquiza.
Allegados a la familia confiaron a LA NACION que desde hacía tiempo Seró cursaba un severo cuadro de depresión.
“Todo indica que se trató de una autodeterminación, aunque aún se desconocen los motivos que podrían haberlo llevado a esa situación, pero también se analiza la posibilidad de un accidente, porque se investigan todas las posibilidades, ya que la fiscalía a cargo de la instrucción no descarta ninguna hipótesis para esclarecer el hecho”, se explicó a LA NACION.
En el lugar trabaja personal de la División Criminalística de la Policía de Entre Ríos, con la intervención de la fiscal María Occhi.
Seró, de 55 años, nació el 23 de mayo de 1969 en Goya, Corrientes. Estaba casado con Norma Frattini, vicepresidenta segunda de la Asociación de Lucha Contra el Cáncer (Alcec), y tenía dos hijos.
En 1994 obtuvo el título de abogado en la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste. Ese mismo año se matriculó en el Colegio de Abogados de la Provincia de Entre Ríos. Cursó posgrados en Derecho Internacional y Derecho Privado Comparado y ejerció como letrado particular en el fuero penal hasta 2009. En ese tiempo también fue abogado ad honorem de Alcec.
A finales de 2008 el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos aprobó su calificación en la postulación para cubrir un cargo en el juzgado de instrucción de Diamante. Años después fue, durante seis meses, secretario de un Juzgado en la Civil y Comercial.
Fue designado como titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de Concepción del Uruguay en noviembre de 2011. El cargo había quedado vacante en 2009 con la salida del juez Guillermo Quadrini. Hasta la designación de Seró, fue subrogado por Gustavo Pimentel.
En su despacho tramitó inicialmente la causa por el secuestro extorsivo de Gastón Tallone, un empresario portuario de Entre Ríos que desapareció el 8 de julio de 2024 cuando fue obligado a subir a un auto en la zona de Abasto, entre los barrios porteños de Almagro y Balvanera. Su familia pagó un rescate de US$65.000, sin que eso se traduzca en la liberación del cautivo. Por ese caso, presuntamente vinculado con una venganza narco, a finales de diciembre pasado fue detenido Gustavo Juliá, cuando el expediente ya había pasado a los tribunales de Comodoro Py, donde quedó en manos de la jueza María Servini y el fiscal Carlos Stornelli.
Como juez federal en “La Histórica”, como se conoce a la ciudad de Concepción del Uruguay, tuvo a su cargo causas resonantes, como las relativas a los “vuelos de la muerte” en el Delta entrerriano y el secuestro y aplicación de torturas contra un grupo de militantes y dirigentes del Partido Comunista de Concepción del Uruguay ocurridos en 1977, entre los delitos de Lesa Humanidad.
En 2012, meses después de haber asumido el cargo de juez federal en Concepción del Uruguay, procesó a cuatro asambleístas que protestaban contra la instalación de las pasteras en la costa uruguaya frente a Gualeguaychú por la muerte de Walter Maulucci, un motociclista que chocó contra un acoplado ubicado en cercanías de Arroyo Verde, paraje de la Ruta Internacional 136 que va desde Gualeguaychú a Fray Bentos. Ese hecho ocurrió el 26 de abril de 2009, cuando integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú realizaban un corte sobre la carretera que conduce al puente internacional.
Recientemente tuvo intervención en varios casos importantes vinculados con el narcotráfico y el lavado de dinero del crimen organizado. Seró también tenía a su cargo la causa contra el iraní Keifi Mojtaba, detenido en la terminal de Concepción del Uruguay el 24 de junio de 2022, cuando intentaba comprar un pasaje de ómnibus y presentó un documento de identidad falsificado.
Mojtaba fue noticia nuevamente nueve meses después, cuando trató de escapar de la Unidad Penal N°9, ubicada en Colonia El Potrero, cerca de la ruta que conduce al Puente Internacional Libertador San Martín.
El incidente de su hijo con una camioneta oficial
El juez federal Seró enfrentaba, desde el año pasado, un sumario en el Consejo de la Magistratura. No estaba relacionado con su actuación funcional en el tribunal o por irregularidades en alguna causa en trámite, sino por un hecho que tuvo como protagonista a su hijo Ramiro Seró Frattini, que el 24 de marzo del año pasado chocó un auto, una vivienda y un local comercial en el centro de aquella ciudad entrerriana cuando iba al volante de una camioneta Volkswagen Amarok inscripta a nombre de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y asignada al uso exclusivo del juzgado.
Uno de los damnificados denunció, en abril, que el joven conducía en estado de ebriedad y que a través de sus letrados habría ofrecido dinero para resolver la cuestión y cubrir los daños a cambio de que el tema quedara fuera del escrutinio público.
Con posterioridad, la Cámara Federal de Paraná elevó al Consejo de la Magistratura una “actuación administrativa” para informar de lo ocurrido con la camioneta, sujeta al uso exclusivo para actividades oficiales y no para el uso particular de un juez o de sus familiares o allegados. Se supo, además, que el vehículo acumulaba deudas por 1,3 millones de pesos por infracciones de tránsito.
El tema, obviamente, causó preocupación en el magistrado, aunque en los últimos meses, según personas de su entorno, consideraba la cuestión como algo resuelto y encaminado a una solución que no implicaría alguna sanción en su contra. “Me robó el auto y chocó, es obvio que me denuncien”, repetía entre sus allegados, según pudo saber LA NACION.
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