Conmoción en Córdoba. Detienen a seis policías por la muerte de un hombre en una comisaría de La Falda
Cuatro de ellos están acusados del presunto homicidio calificado de Jonathan Romo y otros dos, por encubrimiento; el abogado de tres de los imputados afirma que no hubo intención asesina sino una “conducta culposa imprudente por ausencia de conocimientos específicos” sobre los protocolos de Salud Mental y la intervención con pacientes psicóticos
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
CÓRDOBA. Seis policías fueron detenidos por la muerte de Jonathan Romo, un hombre de 35 años que había sido detenido en la localidad de La Falda por causar disturbios en la vía pública y que falleció por asfixia mecánica en la comisaría de la localidad serrana el domingo 10 de julio pasado.
La Justicia acusó por presunto homicidio calificado al sargento Miguel Ángel Aguilera, el cabo Juan Pablo Zunino, el cabo Hernán Suárez y el sargento Walter Geri. Y por supuesto encubrimiento agravado quedaron presos el subcomisario Pablo Antonio Zárate y el agente Lucas Giménez.
El abogado de tres de los seis detenidos, Pedro Despouy, descartó que los efectivos hubiesen actuado con intención de matar y sostuvo que, eventualmente, “se trató de una conducta culposa imprudente por ausencia de conocimientos específicos”.
En ese sentido, denunció que los policías carecían de conocimiento formal acerca de cómo tratar con personas con cuadros psicóticos (como Romo, supuestamente) y que, al no estar obligados a hacer capacitaciones sobre la ley de Salud Mental y los protocolos de acción ante pacientes de este tipo, les dan a compañeros el DNI para que hagan y aprueben por ellos los cursos específicos, que se dan de forma virtual.
Sostuvo que hay policías que rinden en nombres de otros: “Le dan el DNI para que ingresen a la plataforma y aparecen como aprobado”. Subrayó que sus defendidos desconocen el protocolo; admitió que es uno de los cursos que debieron hacer, “pero dicen que no lo conocen, no lo hicieron, ni teórico ni práctico”.
“Estamos frente a un escenario que no supieron resolver técnicamente conforme a las reglas que establece el protocolo salud mental y deberían conocer con carácter obligatorio el 100 por ciento del personal policial”, indicó.
“Estamos en problemas”
“Las predicciones que tengo sobre las estadísticas de destreza policial, inclusive en el área cognitiva, es que estamos en problemas”, dijo Julio Faría, uno de los jefes que fue separado de la Policía tras el crimen.
En diálogo con El Doce, aseguró que la capacitación a los policías es prácticamente inexistente, que se les toma exámenes de tiro “cada tres o cuatro años”. “Lo que sucedió en La Falda es un conjunto de cosas que venía anunciando que podía pasar en cualquier punto de la provincia y puede seguir pasando”, señaló.
Por la muerte de Romo fueron desplazados el jefe de la Departamental Punilla Norte, Diego Alejandro Bracamonte; el director general de Recursos Humanos, Formación Profesional y Entrenamiento Policial, Julio Faría; y el director de Entrenamiento Profesional Permanente, Marcos Germán Manrique. Todos quedaron en situación de retiro obligatorio.
También fueron puestos en situación pasiva y detenidos los seis policías involucrados en la detención de Romo, luego de que circularan videos que muestran una detención violenta, con Romo que no se resistió.
“Cómo se hace para entrenar a miles de hombres si no tengo un polígono propio, ni una pista de atletismo para la actividad física, ni una pileta para actividades acuáticas”, se preguntó Faría. Le salió al cruce Ariel Lecler, subjefe de la Policía, quien dijo “estamos permanentemente ocupados en elevar al máximo posible el profesionalismo y la capacitación del personal”. Agregó que se rinde una condición anual de tiro. “Se toman evaluaciones, se controlan los resultados. Los que desaprueban, entran en un programa de entrenamiento y seguimiento”.
Romo, explicó su familia, era adicto y sufrió un ataque psicótico. Los policías, en vez de trasladarlo a un hospital, lo llevaron a la comisaría. El ministro de Seguridad de la provincia, Alfonso Mosquera, explicó que ante esas situaciones, las personas deben ser trasladadas a un centro asistencial y remarcó que “en este caso esas circunstancias no fueron observadas”. Hay un protocolo a cumplir, insistió.
Por Gabriela Origlia
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