Confirman las prisiones preventivas de los ocho acusados de matar a Fernando Báez Sosa
La Cámara de Apelaciones y Garantías de Dolores confirmó las prisiones preventivas de los ocho jóvenes detenidos por el asesinato de Fernando Báez Sosa, muerto a golpes en 18 de enero pasado a la salida del boliche Le Brique, de Villa Gesell.
Los camaristas Susana Darling Yaltone, Fernando Sotelo y Luis Felipe Defelitto también confirmaron la continuidad al frente de la investigación de la fiscal de Villa Gesell Verónica Zamboni, que había sido recusada por el defensor de los jóvenes oriundos de Zárate acusados del crimen.
Los jueces no se expidieron sobre la solicitud del abogado Hugo Tomei para que los jóvenes obtengan la prisión domiciliaria. De tal forma, Máximo Thomsen; Luciano, Ciro y Lucas Pertossi, Enzo Comelli, Ayrton Michael Viollaz, Blas Cinalli y Matías Benicelli seguirán alojados en la alcaidía de la unidad penal de Melchor Romero, en La Plata.
El pedido para que ocho de los diez imputados cumplan la prisión preventiva en sus casas (Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi, fueron beneficiados hace dos meses con la excarcelación, aunque siguen vinculados al proceso) se definirá en un incidente que inició especialmente para definir esa solicitud, según explicaron fuentes judiciales a LA NACION.
En primera instancia, la definición sobre ese pedido estará a cargo del juez de garantías de Villa Gesell David Mancinelli, que interviene en el caso desde el principio y cuya resolución en la que dictó las prisiones preventivas de los jóvenes rugbiers zarateños fue confirmada este mediodía por el tribunal de alzada.
Si bien se realizaron estudios técnicos para tratar de comprobar si las viviendas de los acusados contaban con las líneas telefónicas para ser vinculadas con los dispositivos de monitoreo a distancia, esta corroboración ordenada por el juez de Garantías no implica necesariamente que los imputados vayan a ser beneficiados con la prisión domiciliaria.
Los ocho detenidos acusados por el homicidio de Fernando tienen entre 19 y 21 años y ninguno de ellos sufre patologías crónicas que motiven su inclusión entre los grupos de riesgo por el Covid-19. Por estos dos elementos sería difícil que se les conceda la prisión domiciliaria.
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