Condenaron a uno de los organizadores del tráfico de drogas en Itatí

Federico Sebastián Marín, el sindicado organizador de diversas maniobras de narcotráfico y que tenía su base logística en la localidad correntina de Itatí, fue condenado ayer a ocho años de prisión en un juicio en el que también dictaron sentencias contra otros diez integrantes de una banda que operaba en la frontera con Paraguay, según informaron fuentes judiciales.

El caso desató un escándalo en la provincia de Corrientes porque en el marco de la investigación, en marzo de 2017, fueron detenidos los por entonces intendente y viceintendente de Itatí, Natividad “Roger” Terán y Fabio Aquino, respectivamente. Esos funcionarios políticos, junto con policías correntinos que daban protección a la banda, recibieron sentencias en un expediente que se movió en forma paralela a esta causa.

Marín, de 32 años y apodado Morenita, fue condenado ayer por el Tribunal Oral Federal de Corrientes a ocho años de prisión, en el marco de un juicio abreviado, por su responsabilidad como organizador de dos acciones de tráfico de marihuana en la frontera con Paraguay.

Uno de esos episodios fue el contrabando de 387,5 kilogramos de marihuana detectado por la Prefectura Naval Argentina (PNA) el 10 de septiembre de 2018 en la costa del río Paraná, sobre la localidad correntina de Paso de la Patria.

Además, Marín reconoció su participación en el traslado de otros 410,5 kilogramos de marihuana hallados en la ruta nacional 12, también en cercanías de Paso de la Patria, el 14 de septiembre de 2018 en un utilitario Fiat Doblo, abandonado tras una persecución de la PNA y que presentaba orden de secuestro por haber sido denunciado como robado.

Morenita Marín fue perseguido desde que se desató el escándalo en Itatí en 2016, pero logró mantenerse prófugo hasta octubre de 2018, momento en que fue detenido por la Gendarmería. Ese narco que figuraba en la lista de los hombres más buscados en la Argentina no se había alejado demasiado de la zona en la que tenía consolidado un poder en las sombras. Fue capturado, finalmente, en Itatí cuando visitaba a su esposa e hijos.

Como parte de ambas maniobras de narcotráfico que sostuvieron el expediente contra la banda de Itatí también fueron condenados en juicio abreviado Jonathan Duarte; José David Botello Da Silva; Rubén Darío Princigalli; Sergio Augusto Botello Da Silva y Miguel Núñez a seis años de prisión, así como Elías Gómez y Arnaldo Ramón Alegre a cuatro años de prisión.

A su vez, Oscar Olmedo y Edilio Centurión fueron condenados a seis años de prisión, tras ser señalados en la investigación como los responsables de facilitar vehículos para realizar las maniobras de contrabando, así como de actuar como punteros, es decir, de verificar rutas para alertar sobre puestos de control de las fuerzas federales.

En la investigación intervino el fiscal federal de primera instancia Flavio Ferrini, en tanto que en la instancia de juicios el representante del Ministerio Público Fiscal fue Carlos Schaefer junto a Tamara Pourcel.

El tribunal estuvo conformado por los jueces Víctor Antonio Alonso, Fermín Amado Ceroleni y el subrogante Manuel Moreyra.

En forma paralela se avanzó con otros integrantes de la organización narco que dejó expuestos los vínculos con la política a escala municipal. En esa causa fue condenado en agosto pasado el exintendente de Itatí, Roger Terán, que acordó con la fiscalía una pena de tres años en un juicio abreviado. Otros diez sospechosos recibieron condenas en ese momento.

El acusado que recibió la sentencia mayor en este expediente que causó una fuerte conmoción política en Corrientes fue Carlos Bareiro, más conocido por su alias de Cachito, que fue condenado a la pena de 17 años de cárcel.

Bareiro fue encontrado culpable del delito de transporte de material estupefaciente en concurso real con los delitos de comercio de ese tipo de sustancias, agravado por la intervención de funcionarios públicos y por servirse de menores de edad, en calidad de autor, en concurso real con asociación ilícita, en carácter de jefe. El Ministerio Público Fiscal había solicitado una pena de 18 años de prisión para el acusado.

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