Condenaron a un exjefe de la Policía Federal de Santa Fe que vendía la droga que secuestraban y extorsionaba a narcos
Marcelo Lepwalts recibió una pena de cuatro años y tres meses de prisión y otros cinco oficiales también fueron sentenciados
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PARA LA NACIONGermán de los Santos
“Acá es todos por igual; sin importar jerarquía. Eso es lo bueno de este grupo”. Los que hablan son dos efectivos de la Policía Federal de Santa Fe y no se refieren a la distribución del trabajo sino a la droga que secuestraban y que luego vendían y transformaban en dinero.
La cocaína y los teléfonos eran un botín preciado para este grupo de policías que, según el fiscal federal Walter Rodríguez, que realizó la instrucción de la causa, había “configurado un sistema de recaudación ilegal nutrido por utilidades provenientes del narcotráfico”.
Sobre la base de dos investigaciones en las que participó también el fiscal Gustavo Onel, el exjefe de la Policía Federal de Santa Fe Marcelo Lepwalts, y otros cinco efectivos de esa fuerza, fueron condenados por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe por incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad, sustracción de elementos de prueba y cohecho en concurso ideal; en concurso real con falsedad ideológica de documento público y tenencia simple de estupefacientes.
A pesar de la cantidad de acusaciones en su contra, Lepwalts recibió una pena de cuatro años y tres meses de prisión y multa de doscientos 242.000 pesos. También fueron sentenciados los efectivos Cristian Bogetti, Michael Arbildo, Carlos Gómez Navarro, Darío Duarte y Lucas Bustos.
Peor el remedio que la enfermedad
Los últimos dos jefes de la Policía Federal en Santa Fe terminaron procesados por narcotráfico, en causas en las que se desprenden las complicidades que tejían con eslabones clave del mundo de la venta de drogas.
Lo llamativo de este entramado es que el oficial designado para reemplazar a Lepwalts cuando fue desplazado y detenido por orden del entonces jefe de la PFA, Néstor Roncaglia, fue el comisario Mariano Valdés, quien en enero de 2020 también fue procesado por tráfico de estupefacientes, después de un allanamiento en el que se encontraron en un bolso rastros de LSD y metanfetaminas. Ese bolso fue clave en el tiroteo que protagonizó el ex jefe de la PFA en Santa Fe, el 9 de setiembre de 2019, cuando iba en un auto con una suboficial, Roxana González.
Los investigadores sospechan que el negocio ilegal del narcotráfico que manejaba el comisario Lepwalts cambió de manos cuando lo reemplazó Valdés, que fue designado por la cúpula de la PFA en mayo de 2019, en tiempos de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad nacional para sanear ese foco de corrupción. Los policías capitaneados por Lepwalts traían estos “vicios” de otros destinos; según surgió en la investigación, sus acciones habían sido detectadas por la Justicia cuando estaban en Villa María, Córdoba.
Entre los contactos que tejió Lepwalts con los narcos figura una pareja que está prófuga por estar involucrada en un caso reciente: la llegada de 200 kilos de cocaína en una avioneta proveniente de Paraguay, que se accidentó en un camino rural de San Justo, en Santa Fe.
La investigación que inició Roncaglia contra Lepwalts se disparó con una denuncia en la que se mencionaba a Claudio Casco y su esposa Lorena Melgarejo, narcos de un eslabón superior en la cadena de los vendedores de droga a los que “apretaban y sobornaban” los policías federales. Ambos actualmente están prófugos.
“Sin querer pude enterarme de que funcionarios policiales de la Delegación de Policía Federal están cobrando a personas conocidas como narcos para brindarles protección, y que a veces los investigan engañando a la autoridad judicial con falsos informes”, señalaba la denuncia. El anónimo afirmaba que los policías se habían contactado con un hombre al que le falta una pierna “para que organice una reunión con otro narco más importante llamado Casco o su esposa, Melgarejo, para cobrarle y no molestar”.
En mayo de 2018, Roncaglia viajó a Santa Fe para anunciar el desplazamiento de los policías encabezados por Lepwalts, luego de que el fiscal Rodríguez iniciara una investigación que determinó que en la PFA de la capital de la provincia existía un “sistema de recaudación ilegal nutrido por utilidades que provenían del narcotráfico”.
Una carta reveladora
Los policías, según señala el procesamiento dictado por el juez Francisco Miño, “obtenían dinero y estupefacientes” de parte narcos que “eran involucrados en procedimientos que eran ocultados” a la justicia federal. “El dinero era repartido en partes iguales entre los policías”, señala el informe judicial y se retroalimentaba además con el “cobro de coimas a cambio de la cobertura policial”.
La inquietud del fiscal para profundizar el sistema de recaudación ilegal de la PFA se disparó luego de que el 24 de setiembre pasado recibiera una carta anónima enviada a la fiscalía a través de un sistema de cadetería. Luego, Walter Gómez se presentó y dijo ser el autor de esa esquela, de siete carillas.
Este hombre es el padre del policía de la PFA Carlos Gómez Navarro, que está preso y formaba parte de la organización que comandaba el comisario Lepwalts, ambos condenados.
Gómez describió cómo funcionaba este sistema de corrupción que tenía a los efectivos de la PFA como protagonistas. “En la jefatura de la Delegación Santa Fe cada jefe tiene que cumplir con un mandato de sus superiores, como es Rosario. Se les hace llegar mensualmente un sobre. Cada sobre contiene dinero, que va quedando en cada jefe”, sostuvo el testigo.
En la causa 12400/17 ya había elementos que describían los métodos de recaudación, como sucedió el 4 de abril pasado durante un operativo antidrogas en la ruta N°70, en Esperanza, Santa Fe, donde Guillermo Kern fue detenido con 81 gramos de cocaína y dos teléfonos celulares Samsung. Surge de escuchas telefónicas del 5 y el 8 de abril de aquel año -días después del operativo- que el supuesto narco le advierte a su madre: “Me robaron todo y me llevaron los celulares”.
La pareja de Kern, según se desprende de otra escucha, señaló luego: “Quiero recuperar el teléfono chiquito, pero me van a cobrar una plata”.
Tras la declaración del nuevo testigo se profundizó la investigación y se analizó el teléfono del policía Carlos Gómez Navarro. La información hallada en este smartphone, analizada por el Organismo de Investigaciones de Santa Fe, corrobora lo que decían los parientes del narco detenido en cuanto a lo que cobraban de manera ilegal los efectivos de la PFA: “Pagó 70, más lo que había puesto el otro día, 50”.
El Organismo de Investigaciones, que depende del Poder Judicial de Santa Fe, señaló en el informe que figura en el fallo que “las órdenes recaudatorias funcionaban como un cuerpo unificado respecto de la verticalidad”.
En un diálogo que mantuvieron Gómez Navarro y Michael Arbildo, ambos policías de la PFA en Santa Fe, admiten que la recaudación de coimas y extorsiones es repartida “todos por igual”. “Eso es lo bueno de este grupo”, reflexiona el primero, que revela un detalle de color: “Se hace un fondo común para el asado”.
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