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Condenaron a perpetua a los dos acusados por el asesinato en 1994 del subcomisario Gutiérrez
La Corte Interamericana de Derechos Humanos había exigido en 2013 la realización de un nuevo juicio por las irregularidades detectadas en el proceso judicial
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LA NACION
Pasaron casi 28 años del asesinato del subcomisario Jorge Gutiérrez, el oficial bonaerense que investigaba los movimientos de mercaderías en un depósito lindero con la comisaría 2a. de Avellaneda, donde cumplía servicios. En 1996 se había llegado a la absolución de uno de los imputados, pero el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ese tribunal exigió en 2013 a la Argentina que se hiciese un nuevo juicio por las irregularidades detectadas en el proceso. Finalmente, la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata condenó a prisión perpetua a Alejandro Santillán y Francisco Mostajo.
Santillán, entonces cabo de la PFA, estuvo imputado como autor material del disparo que mató a Gutiérrez, aunque fue absuelto en 1996, fallo que fue revocado tras la decisión del tribunal internacional. Mostajo, expolicía bonaerense se mantuvo p´rofugo durante 17 años. Ambos fueron encontrados autores materiales del homicidio cometido el 29 de agosto de 1994, cuando Gutiérrez estaba en un tren para dirigirse de Avellaneda a Quilmes.
En la investigación inicial, testigos habrían reconocido a esos sospechosos en el vagón donde fue asesinado Gutiérrez porque era habitual que aprovechasen su condición de policías para cobrar coimas a los vendedores ambulantes del tren. Sin embargo, el juicio inicial terminó con la absolución de Santillán.
En 1998, en representación de la familia, el CELS presentó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) , lo que derivó en una causa que tramitó en la Corte IDH, que, en su sentencia, emitida en 2013, declaró al Estado argentino responsable por el derecho a la vida, a la integridad personal y a las garantías judiciales y protección judicial a favor de Gutiérrez y de su familia.
“El tribunal considera que la investigación y la causa penal realizadas con motivo de la ejecución extrajudicial de Jorge Omar Gutiérrez estuvieron plagadas de irregularidades y omisiones por parte de los agentes estatales encargados de las mismas en la recaudación de prueba, en el seguimiento de líneas lógicas de investigación y en el análisis de los hechos del caso. Asimismo, durante el proceso se presentaron serias obstaculizaciones y amenazas hacia testigos, en algunos casos perpetradas por policías federales, así como la muerte de una persona cuya declaración había sido solicitada”. Esa definición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizada en 2013 llevó a la apertura de este nuevo juicio en La Plata.
Uno de los puntos que fue tomado en cuenta por el tribunal internacional fue la definición de sentencia firme que tenía la absolución de Santillán. Al respecto, la corte interamericana definió en su fallo que frente a las verificados irregularidades del proceso judicial del caso Gutiérrez no podía aceptarse la impunidad e inaplicabilidad de las normas internacionales que derivaría de la preeminencia de un juez nacional frente a las resoluciones de esa corte. Y en consecuencia se exigió al Estado argentino que se hiciese un nuevo juicio.
“Así como de los hechos probados en relación a esta materia y teniendo presente, además, que las partes coinciden en que la investigación judicial de los hechos que derivaron en la ejecución de Jorge Omar Gutiérrez no fue sustanciada de conformidad con los estándares internacionales exigibles y que debe investigarse, la Corte concluye que, en el caso de autos, las diligencias judiciales no se ajustaron, en realidad, a las garantías del “debido proceso” y, por ende, tampoco se produjo la “sentencia en firme”. Aunado a lo anterior la Corte considera que en el presente caso la ejecución extrajudicial del subcomisario Gutiérrez reviste una particular gravedad debido a las circunstancias que la enmarcaron, a saber: a) que al momento de su muerte el subcomisario gutiérrez se encontraba investigando un depósito fiscal que posteriormente fue vinculado al caso de la “aduana paralela”, en el cual estuvieron involucrados agentes estatales; b) que agentes estatales estuvieron involucrados en la ejecución del señor Gutiérrez, y c) que agentes estales obstruyeron la investigación iniciada en relación con su muerte”, se indicó en la sentencia de 2013 que derivó en estas condenas.
La pena de prisión perpetua para Santillán y Mostajo había sido reclamada el viernes pasado por el fiscal Martín Chiorazzi y por los representantes legales de la viuda de la víctima, Nilda Maldonado, los hijos, David, Jorge y Marylin, y el hermano del subcomisario, Francisco “Barba” Gutiérrez, exintendente de Quilmes.
El tribunal aceptó también el reclamo de la fiscalía y ordenó el arresto de los dos condenados.
El homicidio
El 29 de agosto de 1994, Gutiérrez terminó su guardia en la seccional 2ª y abordó una formación del tren Roca para regresar a su casa, en Quilmes. En algún momento del trayecto, el subcomisario fue asesinado de un balazo en la cabeza. El cuerpo fue hallado en el vagón en el que viajaba cuando esa formación llegó a la estación La Plata, una de las terminales de la línea ferroviaria.
No había indicios de robo. El subcomisario tenía su portafolios, el reloj y un anillo. También su arma y el uniforme con la chapa identificatoria. El tren recorrió 14 estaciones sin que ninguno de los pasajeros advirtiera la presencia del cuerpo del subcomisario con un balazo en la cabeza. O, posiblemente, todos hayan huido despavoridos en cuanto vieron la ejecución.
En el momento en que fue asesinado, Gutiérrez investigaba una serie de irregularidades con las mercaderías que se guardaban en un conjunto de depósitos instalados en terrenos fiscales adyacentes a las vías del ferrocarril Roca, en Avellaneda.
Dichos movimientos de contenedores con mercaderías formaban parte de un escándalo que involucró a exfuncionarios de la administración del Poder Ejecutivo que encabezaba Carlos Menem, maniobras que fueron atribuidas al funcionamiento de una “Aduana Paralela”.
Según la investigación encarada por Gutiérrez, esos depósitos instalados en terrenos fiscales eran utilizados para guardar cargamentos de droga.
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