Condenaron a los estafadores que engañaban con la venta de lotes y que también habían usurpado las casas de Lázaro Báez en Pinamar

En 2018, desde prisión, Lázaro Báez, denunció que le habían ocupado tres de las casas que tiene en Pinamar, inmuebles que habían sido embargados por la Justicia. El empresario santacruceño, condenado en febrero de 2021 a 12 años de prisión por haber lavado alrededor de 55 millones de dólares provenientes de la corrupción, había sido víctima a su vez de un grupo de estafadores. En las últimas horas, terminó un juicio y la Justicia le impuso una pena a los usurpadores de los inmuebles.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. Paola García, de 52 años, recibió la pena de 13 años de prisión por los delitos de estafas y usurpación; Mariano Cadus, de 48, fue condenado a la pena de dos años de cárcel de cumplimiento efectivo.

Así lo resolvió el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de San Isidro, integrado por los jueces Gonzalo Aquino, Alberto Ortolani, y Sebastián Hipólito Urquijo.

Los magistrados, en su fallo, ordenaron la detención de Cadus, quien según la denuncia de la abogada Elizabeth Gasaro fue quien en el verano de 2018 ocupó una de las casas de Báez en Pinamar. La detención se hará efectiva cuando la sentencia se encuentre firme.

García, vecina del barrio privado Los Robles del Monarca, en Pilar, fue condenada por nueve casos de estafas ocurridos en ese distrito y por la usurpación de las tres casas de Báez que habían sido ocupadas ilegalmente en 2018, según el fallo de los jueces Aquino, Ortolani y Urquijo, al que tuvo acceso LA NACION.

Pero ese delito que tuvo como víctima al empresario condenado por lavar dinero de la corrupción política no fue la única defraudación que cometió ese grupo delictivo. Hubo varias víctimas más de sus artimañas. Según la sentencia, García simulaba ser la apoderada de un grupo de propietarios de lotes en Derqui, Pilar, y los ponía a la venta. Hubo gente que, de buena fe, pagó lo que pedía la ahora condenada. Fueron víctimas de su trampa.

Para darle apariencia legal a su operatoria, García citaba a los futuros damnificados en una oficina del centro comercial de Pilar.

En el juicio, donde el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal Santiago Jaimes Munilla, declararon las víctimas de las estafas. “Cuando quisimos ir a tomar posesión del terreno, porque ya habíamos pagado un año y medio y, además, porque mi hijo estaba por tener familia, descubrimos que no estaba el lote. Ella [García] había vendido el terreno a muchos compradores, son muchas víctimas, pero tienen miedo. Un mismo terreno se lo vendía a varias personas, nos daba un documento de compra-venta que era un papel de cesión de derechos”, sostuvo en el debate una de las damnificadas.

La testigo, bajo juramento de decir verdad, sostuvo que también fueron víctimas de agresiones. Cuando el fiscal le preguntó si sabía quién ordenaba las amenazas, la mujer no dudó y afirmó que a los agresores “los mandaba Paola García”.

Las víctimas llegaron a la oficina de García después de ver carteles colgados en árboles con la leyenda “Venta de terrenos” y con un número de teléfono para que los interesados se comunicaran.

Como prueba de las estafas, los jueces tuvieron en consideración las copias de los recibos de pago que presentaron las víctimas.

“La conocí a Paola García por el anuncio que puso en un árbol que decía ‘dueño vende’. Me comuniqué con ella y me dijo dónde quedaba el lote y cómo era la forma de pago. Le tengo miedo a esa mujer. Fui amenazado por personas armadas que mandaba ella. Desde que está detenida dejaron de amenazarme”, dijo otra víctima.

Con respecto a las casas de Lázaro Báez usurpadas en Pinamar, en el juicio declaró como testigo la abogada Gasaro, que en 2018 había hecho pública la situación.

“Soy la abogada de Báez. Era la encargada de administrar y verificar que las casas estuvieran bien. Tenía contacto directo con las personas encargadas de cuidar las propiedades. Los inmuebles no se podían alquilar por una medida judicial. Teníamos conocidos que las vigilaban. En una oportunidad, un periodista me preguntó si habíamos alquilado una de las casas porque había visto movimiento. Me fui a Pinamar, fue en el verano de 2018. Me apersoné en la propiedad de la calle Troya. Cuando llegué, salió Cadus y me dijo que la había alquilado. Después me reconoció que una mujer llamada Paola García se había contactado con él para el alquiler de la casa. Las propiedades [de Báez en Pinamar] son cinco, pero entraron en tres. Fui con las llaves, pero no podíamos entrar porque habían cambiado las cerraduras”, recordó la abogada en el debate, según consta en el fallo judicial.

En su indagatoria, Cadus sostuvo que había alquilado la casa de la calle Troya para vacacionar. “Nos contactamos con la señora Paola García. Nos pidió el dinero en efectivo”.

Gasaro sostuvo en su declaración que a Cadus lo había visto “cuando usurpaba la casa de la calle Troya” y agregó: “Él me contó que estaba con su esposa y sus hijos. Vi a una mujer y a unos niños. A García no la vi usurpando la propiedad, pero Gustavo, el jardinero, sí la vio”.

En la sentencia se afirmó que la explicación dada por Cadus resultaba inverosímil y contradictoria. Y, además, se afirmó que había llamado la atención que siendo un hombre dedicado al comercio de autos no realizara las mínimas diligencias para determinar la veracidad del contrato de alquiler.

En el fallo, los jueces explicaron que, como prueba, “contaron” con la documentación secuestrada el día en que García fue detenida. Se trata de “anotaciones manuscritas por ella” de las que se desprende “un claro plan estratégico elaborado para llevar a cabo su actividad ilícita con la colaboración de otras personas a quienes, de manera organizada, les otorgaba funciones y tareas”.

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