Condenaron a cuatro bomberos por transportar 314 kilos de cocaína ocultos en un móvil del cuartel

Eran bomberos en Aguas Blancas, la pequeña localidad que sirve de puerta de entrada al país en la frontera caliente del contrabando con Bolivia. Pero no solo apagaban el fuego. La Justicia determinó que, además, eran traficantes de droga. Cuatro de ellos fueron condenados a penas de entre 3 y 8 años de prisión por haber ocultado, en el móvil oficial del cuartel, 314 kilos de cocaína. El líder de la organización permanece al otro lado de la frontera. Está prófugo y pesa sobre él un pedido de captura internacional.

Julio Armando Araníbal y Andrés Florentín Salto recibieron penas de 7 y 8 años, respectivamente, como coautores del tráfico de estupefacientes. Uno de los conductores de la camioneta Volkswagen Amarok, Nahuen Galarza, hijo de Fredi Galarza, jefe del cuartel de bomberos, se benefició con una reducción de la pena al haber aceptado ser imputado colaborador; le aplicaron 4 años y seis meses de cárcel. En tanto, Federico Gastón Reyes, el otro conductor, que afirmó que desconocía el contenido de la caja del vehículo, recibió una pena de 3 años de prisión en suspenso, con libertad restringida y prohibición de salir del país.

Los jueces Domingo Batule, Gabriela Elisa Catalano y María Alejandra Cataldi, del Tribunal Oral Federal N°2 de Salta, dictaron su sentencia el 30 de diciembre. el hecho llevado a juicio ocurrió el 15 de marzo de 2024, cuando una patrulla del Puesto 28 de Julio de la Gendarmería efectuó un control sobre el vehículo conducido por Galarza y Reyes a la altura del kilómetro 42 de la ruta 50, entre Aguas Blancas y San Ramón de la Nueva Orán.

Tras interrogar a Galarza, que conducía la Amarok perteneciente al cuartel de bomberos voluntarios, los agentes policiales decidieron inspeccionar el vehículo: así descubrieron 12 cajas de cartón de tamaño mediano, envueltas en cinta adhesiva marrón en la parte trasera de la camioneta. Dentro de estas cajas había 300 paquetes que contenían un total de 314 kilos de cocaína –con un 88% de pureza y con capacidad para producir 2.675.119 dosis–, y una pistola 9 milímetros con cargador de 14 balas.

Entre el 15 y el 17 de marzo, la fiscal interina de la Sede Descentralizada de San Ramón de la Nueva Orán, María del Carmen Núñez, pudo establecer, gracias al aporte que uno de los imputados hizo en calidad de arrepentido, que la operación de transporte de estupefacientes había comenzado el 5 de marzo, cuando el cargamento de droga ingresó en la Argentina desde Bolivia, a través del paraje Solazuti y fue ocultado en la casa de Araníbal en el asentamiento El Paltar, de Aguas Blancas.

El arrepentido contó que para trasladar la carga desde El Paltar hasta el cuartel de bomberos de Aguas Blancas, Andrés Florentín Salto ideó un ingenioso plan de pantalla: simular que asistirían con el móvil oficial a un automovilista que había tenido un desperfecto mecánico justo enfrente de la casa de Araníbal y, de esa forma, justificar movimientos que no tenían otro fin que cargar el estupefaciente. Lo concretaron el 14 de marzo. Esa noche hubo un hecho singular: una recluta fue echada vehementemente del cuartel por Galarza; claramente quería evitar la presencia de personas ajenas a la maniobra criminal.

El plan criminal parecía estar funcionando tal cual lo previsto. Pero los bomberos no contaron con que los gendarmes los pararían en la ruta y no harían la vista gorda ante el paso de la camioneta oficial. Tras el hallazgo de la droga, la fiscal federal ordenó allanamientos en la Asociación de Bomberos Voluntarios de Aguas Blancas y en las casas de los cuatro detenidos. También arrestaron a Fredi Galarza, jefe del cuartel, acusado de haber provisto el vehículo utilizado para el contrabando de drogas.

Los teléfonos incautados en los procedimientos permitieron establecer roles entre los imputados y reconstruir el derrotero de la droga. También, identificar al líder de la banda, que se encuentra prófugo.

Los cinco llegaron a juicio. Las defensas ensayaron distintos argumentos exculpatorios, desde objetar el peso de las pruebas presentadas hasta afirmar el desconocimiento total de la maniobra, como lo hizo el abogado de Reyes.

Finalmente, los jueces consideraron probada la participación en el delito de los cuatro imputados que viajaban en la camioneta, aunque atendieron parcialmente el alegato de los representantes legales de Reyes y le aplicaron una pena en suspenso. En cambio, consideraron que no había elementos suficientes como para inculpar a Fredi Galarza, el jefe del cuartel, y lo absolvieron.

Este caso es parecido a lo que ocurrió en julio 2024, cuando un móvil de la Policía de Salta fue interceptado con 420 kilos de cocaína.

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