Condenan a un narco que “bombardeaba” cocaína desde avionetas, sobornó a dos jueces y estuvo prófugo

José Miguel Farfán se movía a sus anchas por Santa Cruz de la Sierra; vivía holgado en una de las urbanizaciones residenciales más exclusivas de la ciudad más poderosa de Bolivia e iba de un lado a otro en una llamativa camioneta Hummer amarilla con un documento a nombre de Miguel Ángel Salazar Yavi. Su indiscreción contrastaba con su otra realidad: hacía años que estaba prófugo de la Justicia argentina, de donde se había escapado en 2014, luego de pagar sobornos para conseguir un fallo favorable del exjuez de Orán Raúl Reynoso, ya destituido. No era la primera vez que lo hacía: en 2007 había comprado al juez federal José Antonio Solá Torino, que por ese hecho fue echado y condenado, y que se suicidó en noviembre del año pasado, antes de que lo arrestaran. Y desde la clandestinidad, según los investigadores que lo perseguían, seguía ligado a las redes que manejan el narcotráfico en la caliente frontera norte del país.

Ya sin aquellos paraguas protectores que compraba con su dinero, Farfán fue detenido en Bolivia, en febrero de 2019, y terminó atrapado en la red de la justicia federal, que en los últimos días lo condenó a 15 años de prisión, acusado de ser uno de los engranajes principales de una organización transnacional que manejaba una de las logísticas más aceitadas del narcotráfico en el NEA, que se valía del método del “bombardeo” de droga desde avionetas que partían desde Bolivia y daban la vuelta en el sur de Salta.

El Tribunal Oral Federal N°2 de esa provincia lo sentenció por un caso específico: el secuestro de 411 kilos de cocaína que, embutidos en 12 bolsas de arpillera, iban en la caja de una camioneta Toyota que la Gendarmería interceptó en el kilómetro 680 de la ruta nacional N°34, en Santiago del Estero, el 12 de septiembre de 2013. Tres secuaces de Farfán habían sido condenados el 9 de febrero de 2018 a penas de entre 7 y 17 años de cárcel por el tráfico de una tonelada de droga. Él había logrado escapar de aquel operativo con lo justo, porque iba a la cabeza del convoy y pudo saltar el retén. Un año después cruzó la frontera y pasó a la clandestinidad hasta que, con un pedido de captura internacional vigente, la policía de Bolivia lo detuvo en Santa Cruz de la Sierra el 14 de febrero de 2019.

En el juicio, el fiscal general Carlos Martín Amad, del Área de Transición de la Unidad Fiscal Salta, había pedido para Farfán una pena de 18 años de cárcel por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes.

Durante la investigación, los agentes de la Gendarmería que le seguían los pasos a la banda habían detectado –y así consta en documentos judiciales– que la organización criminal que integraba Farfán tenía en su poder armas de fuego y “múltiples vehículos, dispositivos de comunicación satelital y fincas en las localidades salteñas de Apolinario Saravia y Las Lajitas”. Ese dominio territorial les permitía recibir y custodiar los cargamentos de cocaína arrojados desde las avionetas que decolaban desde Bolivia. Desde esos mismos campos la droga salía en “caravanas de seguridad” de entre dos y tres vehículos que recorrían las rutas hacia el sur y sureste, dentro de la Argentina con suficiente distancia entre sí como para que quien encabezaba la fila pudiese advertir a los demás ante la eventualidad de un operativo de control carretero.

En el juicio, según publicó el Ministerio Público en su portal institucional fiscales.gob.ar, se dio por hecho que en la finca de Apolinario Saravia se habían realizado reuniones previas al contrabando de cocaína desbaratado en septiembre de 2013. Farfán insistió con que él no tenía nada que ver con esas reuniones; incluso presentó -a través de su abogado, Mariano Sitelli- una serie de documentos para probar que le había vendido una porción de la finca a Eliseo Mario Nieves, uno de los que fue condenado en el juicio de 2018 en el que Farfán fue el gran ausente.

En su alegato ante los jueces Abel Fleming, Gabriela Catalano y Domingo Batule, el fiscal Amad sostuvo que la presentación de aquella documentación no era más que “una maniobra para buscar desvincularse del hecho”, dado que, en realidad, “Nieves no tenía la capacidad económica para semejante operación, solo hizo de testaferro”. Él era el encargado de la finca de Apolinario Saravia, de donde salió la camioneta Toyota cargada con droga.

Además, el representante de la Unidad Fiscal Salta dijo que dos de tres conversaciones telefónicas captadas durante la investigación y reproducidas en el juicio “revelaron indicios concretos de la participación” del acusado en los hechos.

“Si se busca una selfie de Farfán al lado de la droga, no la vamos a tener, pues sabe muy bien que debe mantenerse lo más lejos posible de la prueba del delito”, dijo Amad, quien afirmó que durante el debate se expusieron “pruebas directas que lo ubicaron al acusado en el lugar del hecho”, como surge de los informes de impacto de activación de antenas telefónicas. “Es la tecnología la que lo coloca a Farfán en el lugar del hecho”, afirmó el fiscal, que también resaltó que en la finca de la localidad de Apolinario Saravia se secuestraron bolsas de arpillera idénticas a las que se utilizaron para embolsar los paquetes de cocaína incautados en Santiago del Estero.

Amad también dijo, en su alegato, que luego de su fuga, “en Bolivia no solo asumió otra identidad, sino también intentaba hacer lo mismo con su rostro”.

Cambio en la logística de tráfico

A la hora de exponer los fundamentos de la sentencia, el juez Fleming reconoció “el avance del narcotráfico en el sur de la provincia” de Salta, “donde el tráfico cambió de modalidad con la llegada de los ‘bombardeos’ de la droga por vía aérea, como así también por el cambio de rutas de transporte, hacia la región del litoral” y resaltó las dificultades de las fuerzas de seguridad para la prevención del tráfico, dado que “ahora las organizaciones criminales se valen no solo de flotas de vehículos, sino también teléfonos satelitales y otros dispositivos de geolocalización”.

Los jueces concluyeron que “el acusado efectivamente tuvo el dominio de la droga que era transportada”. Le atribuyeron a Farfán una tarea de “reconocimiento de las rutas y coordinación del transporte, circunstancias en que emitió directivas precisas para la ejecución de la operación”, y que todo eso “se hizo siempre con un gran cuidado, en especial, de no tener proximidad con la droga”. Valoró, en cuanto a la logística del tráfico, la utilización de “modos alternativos y encriptados” de comunicación en un contexto en el que Farfán tuvo constantemente “un rol decisorio” en cuanto al transporte y el rol de los otros condenados.

El tribunal confirmó que Farfán se encontró con otros integrantes de la banda en la estación de servicio de Las Lajitas el mismo día en que se realizó el transporte de la droga, y que los tres acusados, en sus vehículos, se unieron en el cruce de las rutas 5 y 16, desde donde iniciaron el convoy. Fleming, en coincidencia con la acusación, “lo que motivó toda la logística, tanto para ejecutar el tráfico de la cocaína como para evitar ser descubiertos, fue la codicia”. Ya lo había dicho, en su alegato, el fiscal Amad: “Lo único que les importa es la plata, ese es su Dios”.

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