La caída del “narco discreto”. Vivía en una mansión en Caballito, blanqueó 9 millones de dólares y ahora pasará 9 años en prisión

Vivía en una mansión en la avenida Pedro Goyena, en la zona más residencial del barrio porteño de Caballito. Tenía todo, pero hacía culto de la discreción. Claro, no quería llamar la atención. Explicaba esa fortuna de la que no hacía ostentación por la buenaventura de su supuesta condición de empresario. Pero la buena estrella del peruano Carlos Sein Atachahua Espinoza se terminó cuando Diego Xavier Guastini, el contador del crimen organizado, declaró como testigo de identidad reservada y lo delató, al igual que a varios de los peces gordos del narcotráfico transnacional enquistado en la Argentina.

A “Dolarín” Guastini lo mató la mafia antes de que terminara de contar todo lo que sabía. A Atachahua Espinoza, en cambio, la Justicia le cayó encima. El jueves pasado, el Tribunal Oral en lo Penal Económico (TOPE) N°3 de la Capital Federal lo condenó a 9 años de prisión como jefe de una organización dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico.

El TOPE impuso penas de prisión contra siete integrantes de la organización criminal transnacional que desarrolló en el país, “al menos desde 2006 hasta el 21 de octubre de 2020, de manera habitual y constante, maniobras de lavado de activos con el objeto de poner en circulación y administrar dentro del mercado local, bienes provenientes de ilícitos penales, y otorgarles con ello, apariencia de licitud por al menos 9.000.000 de dólares”.

Además, se fijaron penas de multa para tres personas jurídicas y se ordenó el decomiso de inmuebles y de cuatro vehículos.

Según se informó a través de la página web del Ministerio Público Fiscal (MPF), el debate oral fue promovido por el fiscal general de Juicio N°1 en lo Penal Económico, Marcelo Agüero Vera, junto con la auxiliar fiscal Jésica Pereyra, quienes actuaron con la asistencia de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Los representantes del MPF indicaron que en el marco de esta causa se investigaron más de 20 hechos de lavado de activos y que “de acuerdo (únicamente) a las operaciones que se encuentran documentadas, los imputados habrían logrado convertir la suma de –por lo menos– 9.000.000 de dólares de origen ilícito, en activos de apariencia lícita”.

Por ello, los jueces del tribunal condenaron a Atachahua Espinoza a 9 años de prisión y una multa de 154.866.950 pesos por considerarlo “jefe” de la asociación ilícita, en concurso real con el delito de lavado de activos agravado, en carácter de coautor. Él era el “beneficiario” de la maniobra, ya que era quien generaba las ganancias ilícitas que debían ser legitimadas.

A Miguel Ángel García Ramos, contador de la banda, lo condenaron a seis años de prisión y una multa de 44.247.920 pesos como organizador de la asociación ilícita, en concurso real con el delito de lavado de activos agravado.

A Maribel del Águila Fonseca, esposa de Atachahua Espinoza a quien conoció en 1992, cuyo rol era el de asesora financiera del jefe de la organización, la condenaron a cinco años de prisión y una multa de 83.777.070 pesos como miembro de la asociación ilícita, en concurso real con lavado de activos agravado.

Naddya Lebira Atachahua del Águila, hija de Atachahua, y Carla Violeta Correa Castañeda, pareja de García Ramos, recibieron tres años de prisión en suspenso dado que operaban bajo el rol de “lavadoras/ejecutoras” como coautoras del delito de lavado de activos y se les impusieron multas de 2.724.300 y 990.000 pesos, respectivamente.

Para Nelly Norma García Broncano y Luis Lenchung Guardia Atachahua –hija adoptiva y sobrino del líder de la organización, que además actuaban como testaferros prestando su nombre en distintas operaciones– las condenas fueron como coautores del delito de lavado y la pena impuesta fue de tres años de prisión en suspenso y al pago de multas de 1.816.200 y 9.200.000 pesos, respectivamente.

Por estos hechos, también fueron imputados el contador Carlos Alberto Espasandín y María Soledad Sosa, quienes admitieron su responsabilidad penal en un acuerdo de juicio abreviado parcial.

A su vez, a las firmas creadas por Atachahua Espinoza –Tebinan S.R.L., Rosgar S.A. y SYB S.A.–, el tribunal les canceló la personería jurídica y les impuso multas de 24.852.180, 46.305.000 y 7.408.050 pesos, respectivamente. En tanto, a Espacio Libre S.R.L. le cancelaron la personería jurídica.

El tribunal también ordenó el decomiso de diversos bienes pertenecientes a las personas condenadas y respecto de las sociedades involucradas. Entre ellos, seis inmuebles ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tres autos, una moto, otros bienes y dinero secuestrados en los distintos allanamientos.

La causa que comenzó con un arrepentido

En su alegato, Agüero Vera y Pereyra precisaron que los integrantes de la organización se valieron de una serie de actos de conversión, transferencias, administración, ventas, grabaciones, disimulaciones, aplicaciones, entre otros, perpetrados en su nombre o en nombre de las sociedades comerciales, que les permitieron poner en circulación en el mercado local sumas de dinero de origen ilícito que los imputados tenían en su poder en efectivo, a los fines de otorgarles con ello apariencia de licitud.

Según precisaron los fiscales, se pudo avanzar en esta causa a través de diferentes líneas investigativas, entre las que destacaron el descubrimiento de las maniobras de tráfico ilícito de estupefacientes y de contrabando de divisas en las que habría intervenido, junto a Atachahua y otros miembros de la organización, el contador Guastini, asesinado a balazos por un sicario el 28 de octubre de 2019 en Quilmes, tiempo después de que se supiera que estaba colaborando con la Justicia como arrepentido.

Agüero Vera y Pereyra también indicaron que debido al impulso que dio a diferentes investigaciones de la Procunar y la Procelac se pudo construir una imputación que abarcase las maniobras investigadas en una serie de expedientes diseminados en distintos fueros y jurisdicciones que alcanzaban a los supuestos integrantes de la organización.

De esta forma se pudo comprobar que por medio de la adquisición de los paquetes accionarios de las firmas comerciales Tebinan S.R.L., Rosgar S.A. y SyB S.A., la estructura que lideraba Atachahua Espinoza logró convertir aproximadamente 7.250.000 dólares en efectivo –cifra desglosada en US$ 1.600.000, US$ 5.000.000 y US$ 650.000, respectivamente–, en participaciones societarias que simulaban tener origen lícito.

Por otro lado, explicaron en el alegato que por medio de los diferentes programas de exteriorización de capitales a los que adhirieron tanto Maribel del Águila Fonseca como Atachahua Espinoza habrían logrado convertir ­al menos­ 1.876.820 pesos (aproximadamente 500.000 dólares al momento de su ingreso al patrimonio) y 3.140.912 pesos (aproximadamente 830.000 dólares) en efectivo de origen ilícito que poseían dentro del territorio argentino, en activos locales de apariencia legítima.

La lectura del veredicto estuvo a cargo del presidente del tribunal, Gustavo Losada, quien estuvo acompañado por los jueces Karina Rosario Perilli y Jorge Alejandro Zabala. Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el viernes.

La lectura del veredicto estuvo a cargo del presidente del tribunal, Gustavo Losada, quien estuvo acompañado por sus colegas Karina Rosario Perilli y Jorge Alejandro Zabala. Los fundamentos de la condena se darán a conocer el próximo viernes a las 13.

“Quería ser una persona ‘blanca’”

En la Argentina, según Dolarín Guastini, Atachahua Espinoza empezó con el negocio del narcomenudeo en distintas villas.

“Atachahua Espinoza, en el marco de una operatoria comercial de las empresas de transporte, movía una cantidad grande de vehículos. Eran 10 o 12 camiones que llegaban al país, pero el que trabajaba [que llevaba la cocaína] era uno solo. Siempre el mismo. Los camiones andaban por todos lados, pero tratando de evitar la frontera caliente de Salta. Era una persona muy informada de cómo eran los controles, sabía en qué frontera había escáneres. Trataba de que el vehículo ingresara en la Argentina por Chile, lo mandaba a dar una vuelta, tardaba como 40 días”, afirmó el contador arrepentido.

Guastini explicó cómo ocultaban la cocaína para que no fuera descubierta. “Se construía la carrocería y dentro de la parte de hierro iban los paquetes ordenados y les inyectaban espuma poliuretánica expandible para que no se vieran ni se moviera en el chasis. La otra modalidad era poner la droga en la trompa o en alguna parte del motor”, dijo.

Tras enviar su cocaína a Europa, Atachahua Espinoza debía traer los dólares y euros a Sudamérica. En algunas ocasiones mandó efectivo a Perú y a la Argentina usando “mulas” que lo llevaban en su equipaje de mano en vuelos comerciales.

Su primera inversión fue un garaje en Rosario al 200, por 2 millones de dólares en efectivo. Tiempo después, el líder del clan hizo otra operación por la que abonó 5 millones de dólares por una playa de estacionamiento en Rosario al 700.

“Las operaciones eran para blanquear dinero. La estrategia de Atachahua Espinoza era la de hacer un desembarco encubierto, detrás de sociedades. La idea era, con el transcurso del tiempo, llegar a ser un empresario y ser una persona ‘blanca’. De hecho, por un muy pequeño lapso, los garajes los administraba Guastini, pero después fue incorporando a su mujer y puso una administradora porque quería que todo quedara en el ámbito de su familia. La parte contable era la correcta, es decir, no es que se ‘negreaba’ nada, ya que de los dólares o de los euros que se traía de Europa, más los dólares que él generaba acá, tenía un excedente enorme y él no estaba interesado, no quería hacerse visible y tener un gran conglomerado de empresas y estar expuesto. El mayor porcentaje se lo llevaba para Perú”, dijo el imputado colaborador, por momento hablando en tercera persona. Su testimonio fue filmado y puesto a resguardo.

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