Condenado por corrupción. Prisión en suspenso y multa para el exdelegado del registro de armas en Córdoba

CÓRDOBA.- Carlos Dini, exdelegado de la oficina provincial de la Administración Nacional de Materiales Controlados (ANMaC, el exRenar), fue condenado a tres años de prisión en suspenso por el Tribunal Federal Oral N°1 de esta ciudad. En un juicio abreviado, el exfuncionario admitió los cargos como autor de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado, falsedad ideológica y partícipe necesario del delito de falsificación de sellos. Además, Dini fue inhabilitado de forma absoluta perpetua para ocupar cargos y está obligado a pagar una multa de 90.000 pesos, un monto irrisorio en comparación con el producto del desfalco, que se calcula millonario.

Además, una colaboradora de Dini, Marina Agüero, fue condenada a un año de ejecución condicional como partícipe secundaria de incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado; quedó inhabilitada por seis meses para ejercer cualquier actividad. Debe pagar una multa de 30.000 pesos.

Según la jueza Carolina Prado, la prueba colectada evidencia “con certeza” que Dini “no cumplió los deberes y obligaciones que tenía a su cargo; administró discrecionalmente el dinero que recaudaba, sin efectuar la rendición de cuentas correspondiente ante el ente cooperador Acara, abusando de sus funciones y procurando la consecución de un lucro indebido en favor suyo y de la coimputada Agüero”.

Dini fue denunciado en 2019 por irregularidades administrativas, luego de que una auditoría registrase un faltante de un millón de pesos en la delegación cordobesa de la ANMaC. Y quedó detenido en julio del 2020 cuando, en un allanamiento en busca de cuatro chalecos antibalas que le habían sido prestados y nunca fueron devueltos, se encontraron sellos de diferentes oficinas y autoridades, presumiblemente falsificados.

En el acta de procesamiento de 2020, el juez federal Ricardo Bustos Fierro –ya retirado– describió que “desde fecha no determinada con exactitud” hasta agosto de 2019, y en su carácter de delegado de la ANMaC, Dini “no habría ejecutado las leyes cuyo cumplimiento le incumbía por la función; entre otras: habría omitido confeccionar o controlar la confección de los distintos legajos relacionados con operaciones que se registraban ante el ente a su cargo”.

Se consignó que “habría omitido controlar el stock de estampillas de formularios Ley 23.283 y 23.412, adquiridas a Acara (la Asociación de Concesionarias de Autos, que funge como ente cooperador de la ANMaC) por la delegación a su cargo; habría omitido depositar en su debido tiempo (rendiciones quincenales) los importes adeudados por la dependencia a su cargo al ente cooperador, y habría omitido controlar, previo a la expedición de credenciales a legítimos usuarios (LU) de armas, que los trámites correspondientes cumplieran con la documentación requerida y demás requisitos exigidos para su otorgamiento”.

Los hechos –señala el texto resolutivo– se constataron a través de una comisión de servicio dispuesta a la delegación que determinó que, según el sistema, se registraba la existencia de 59 legajos, encontrándose materialmente solo 20 en dicha dependencia; y de las 2023 estampillas, adquiridas por $1.024.800, había 837 por 551.250 pesos.

Entre enero y agosto de 2019, Dini expidió 34 credenciales a través de las cuales habría hecho constar que las personas titulares de estas eran legítimos usuarios de armas de fuego, cuando en realidad no cumplían con los requisitos exigidos por la legislación vigente, ya que habrían omitido presentar toda la documentación correspondiente.

Según se señaló en el auto de procesamiento, esas credenciales fueron revocadas, pero el número podría ser mucho mayor porque deberían ser revisadas todas las CLU otorgadas durante la gestión de Dini, que sumaban 7640.

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