Con información de los EE.UU.: procesamientos y embargos millonarios por sobrefacturación de maquinaria para Vaca Muerta
La maniobra fraudulenta habría alcanzado los 83 millones de dólares y, según la Aduana, se sospecha que se giraron pagos al dólar oficial y que el excedente se reingresó al precio del “contado con liquidación” para ganar con la diferencia cambiaria
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LA NACION
Tres empresarios y una despachante de aduanas fueron procesados sin prisión preventiva por haber sobrefacturado la importación desde los Estados Unidos de “maquinaria pesada para el montaje y puesta en funcionamiento de una planta para producir arenas silíceas utilizadas para la provisión de arena de fractura para la industria del petróleo y el gas de Vaca Muerta”. La maniobra fraudulenta detectada, según la Dirección General de Aduanas (DGA), ascendería a los 83 millones de dólares.
En una resolución de 102 páginas, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, trabó un embargo sobre los bienes de los cuatro procesados de entre 2500 y 5000 millones de pesos, según informaron fuentes judiciales.
Las cuatro personas bajo investigación quedaron procesadas de los delitos de contrabando agravado en concurso ideal con defraudación a la administración pública. La sospecha es que, con el producto de la sobrefacturación, giraban dólares al valor oficial y los reingresaban a través de sociedades de bolsa a la cotización del “contado con liqui”, para sacar un millonario provecho con la diferencia cambiaria, del orden del 100 por ciento.
La investigación comenzó en junio del año pasado, tras una denuncia de la División Sumarios de Prevención dependiente de la Dirección de Investigaciones de la DGA. En un primer momento, la causa se tramitó en el fuero penal económico, pero después, por un tema de competencia, quedó radicada en el Juzgado Federal de Campana.
“Al efectuar un cotejo entre los valores declarados en la aduana estadounidense y la aduana argentina a través de los 24 despachos de importación correspondientes, se detectaron sustanciales diferencias. Es decir, los valores declarados en la Argentina, US$100.451.157,33, resultaban significativamente superiores a los declarados en los Estados Unidos de América: US$17.367.633″, según se desprende del expediente.
La empresa importadora de la maquinaria pesada es NRG Argentina, que según su página web le ofrece a la industria del petróleo y el gas “insumos estratégicos: arena natural y agente sintético ultraliviano en cantidades y tiempos demandados por la operación, lo que contribuye a la obtención de resultados exitosos en el desarrollo energético de la Argentina”.
Según informó la DGA en un comunicado de prensa, “la fiscalización de Aduana detectó sustanciales diferencias en los valores de la maquinaria adquirida por NRG Argentina a un proveedor en los Estados Unidos –Marull Heavy Equipment LLC– que, incluso, quedaron plasmadas en los documentos de exportación de esa firma. Pero la información que llegó desde el extranjero merced al acuerdo de intercambio de información tributaria es que uno de los socios de NRG era, a su vez, apoderado de una cuenta bancaria ligada a Marull, desde donde se autorizaron giros por 43.000.000 de dólares que retornaron a la Argentina por medio de sociedades de bolsa, y se sospecha que fueron liquidados a valores del ‘dólar contado con liquidación’ (CCL) para hacerse de la diferencia cambiaria”.
Además de los procesamientos y los embargos millonarios, el juez González Charvay dispuso que “se arbitren los medios necesarios a los efectos de proceder a la búsqueda e identificación de bienes y productos bancarios en los Estados Unidos, hasta cubrir los 92.339.773 de dólares” a nombre de los sospechosos imputados.
“Respecto a la necesidad alegada por las defensas de los investigados de urgir las medidas probatorias ya encomendadas, estimo que, dada la contundencia de la información recabada hasta el momento, aun de contarse con los resultados de los informes pendientes de elevación o con la respuesta a los exhortos internacionales librados, ello no producirá una sustancial modificación del panorama actual, por lo que no corresponde continuar demorando la conclusión de esta etapa”, sostuvo el juez González Charvay en su resolución, a la que tuvo acceso LA NACION.
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