Con Blaksley aún en la cárcel, se completó la segunda jornada del juicio por Hope Funds
Las defensas pidieron la nulidad de la acusación fiscal y cuestionaron la eventual indeterminación de las imputaciones; el tribunal podría resolver mañana la acusación del principal acusado
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LA NACIONPilar Vazquez
Con el empresario Enrique Blaksley Señorans aún en el penal de Ezeiza, en una sala especial conectado al Zoom, se realizó la segunda audiencia virtual del juicio en el que el hombre señalado como el “Madoff argentino” y otras 16 personas están acusados de haber cometido la mayor estafa de la historia del país a través de la empresa Hope Funds SA, con más de 300 damnificados por un monto estimado de unos 184 millones de pesos. Se esperaba que hoy, antes del inicio del juicio, se resolviera el pedido de excarcelación presentado hace dos semanas por la defensa y avalado la semana pasada por el fiscal federal Abel Darío Córdoba, pero no ocurrió. Según fuentes judiciales consultadas por LA NACION, el fallo podría salir mañana.
El debate está a cargo del Tribunal Oral Federal (TOF) N°4, integrado por los jueces Néstor Costabel, Ricardo Basílico y Jorge Gorini. Durante la audiencia las defensas cuestionaron el pedido de elevación a juicio al argumentar “la indeterminación de los hechos que se les imputan a los acusados”; además, se opusieron a la metodología virtual y solicitaron la declaración de más testigos de descargo.
Por la cantidad de imputados que tiene la causa y debido a las restricciones de distanciamiento por la pandemia de Covid-19, el debate será, al menos por ahora, virtual. Modalidad que fue cuestionada por las defensas de Francisco Blaksley, Federico Dolinkue y Pablo Andrés Willa, quienes solicitaron que la producción de la prueba testimonial se realice de forma presencial al argumentar, entre otras cuestiones, que “por la pandemia no se pueden sacrificar garantías constitucionales básicas como el derecho de defensa en un juicio”.
A la hora de plantearse las objeciones preliminares, los abogados querellantes Gonzalo Romero Victorica y Víctor Varone cuestionaron la asunción de la defensa de Blaksley por parte de Mercedes Vega, su esposa. “La doctora se encuentra imputada en la causa. Si bien se dictó un auto de sobreseimiento preliminar, no se encuentra firme y, a nuestro entender, asume un doble rol. Por lo tanto, puede haber intereses contrapuestos y atentar contra las garantías del proceso”, opinaron.
El defensor de Blaksley, Mariano Varela, dejó presente su reserva en cuanto al rechazo de la convocatoria al periodista de LA NACION Hugo Alconada Mon, testigo ofrecido también por la fiscalía, que fue quien, según aseguró, “introdujo el tema de los Panamá Papers sin haber declarado durante la instrucción”. El letrado solicitó que se convoque al periodista Santiago O’Donnell y “a todas aquellas personas con trascendencia pública que mencionó en sus notas periodísticas” relativas al caso, como ser Horacio Rodríguez Larreta, Lionel Messi y Sergio Massa, ente otros.
Paola Bigliani, defensora de Francisco Blaksley y de otros enjuiciados, planteó tres cuestiones preliminares. Manifestó la imposibilidad de que avance el debate sin que hayan sido resueltas las solicitudes respecto de la convocatoria de testigos que, sostuvo, deben declarar para aportar detalles de las actividades laborales habituales de sus defendidos. “Es fundamental para esta parte en lo que hace al diseño de la estrategia de la defensa, en virtud de la complejidad de los hechos que les son imputados y la participación que se les reprocha”.
En segundo lugar, Bigliani cuestionó que hay información “parcializada” respecto del verdadero contenido de los legajos societarios, los cuales “no están completos y no se cuenta con las actuaciones existentes desde la constitución de las sociedades hasta la fecha”.
El abogado de Dolinkue -socio de Blaksley- coincidió con que resultan imprescindibles las declaraciones de los testigos de descargo porque “todos van a declarar sobre el trabajo que Dolinkue hacía dentro de las empresas”. Además reclamó por la “indeterminación de los hechos que se le imputan” a su defendido. “No sabemos cuáles son las conductas concretas por las que se lo acusa”.
El abogado de Willa, además de solicitar la presencialidad del las audiencias, recordó planteos preexistentes, como la nulidad de los requerimientos de elevación a juicio por falta de acción por prescripción o la ausencia de legitimidad de la AFIP para intervenir en el expediente y la limitación del rol de las querellas particulares respecto a los sucesos. También cuestionó la “indeterminación” de la acusación: “Estamos hablando de centenares de hechos de estafa que no sabemos cuáles son, ni las condiciones de tiempo, modo y lugar donde habrían sido realizados”.
Las defensas de María Paola D’Angelo, Damián Gómez Cárdenas y Daniela Sarsa también cuestionaron la indeterminación de los hechos que se les imputan a sus patrocinados. El abogado de los dos últimos, además, planteó que se les endilgan hechos “que no configuran ningún tipo de delito”, por lo que rechazó la elevación a juicio y la tipicidad de las conductas imputadas.
Las respuestas del TOF N°4 a todos esos planteos estará resuelta y será comunicada a las partes en la próxima audiencia. pautada para el 18 de marzo. Se presume que, para entonces, Blaksley podrá seguir el juicio por Zoom, pero desde su casa. Su abogado, Mariano Varela, espera que el tribunal resuelva mañana la excarcelación que solicitó hace dos semanas.
Blaksley está preso desde el 10 de abril de 2018; desde entonces le fueron rechazados tres pedidos de cese de la prisión preventiva o su morigeración, al argumentar riesgos procesales y peligro de maniobras para eludir embargos vinculadas a bienes de Blaksley en el exterior. Además de denegar un pedido de nulidad de la causa y sobreseimiento impulsado por su abogado.
Sin embargo, la semana pasada el fiscal federal Abel Darío Córdoba dictaminó a favor de la excarcelación de Blaksley, al considerar que aunque aquellos peligros persisten, la extensión del proceso y el largo tiempo que resta para que, eventualmente, haya una sentencia y una condena firmes, imponían impulsar el cese de la prisión preventiva y “su sustitución por otras alternativas idóneas y proporcionales para conjurar los riesgos procesales que siguen vigentes”.
Por Pilar Vazquez
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