Comienza el juicio por el crimen de Blas Correa, el joven de 17 años asesinado por policías cordobeses

CÓRDOBA.- Valentín Blas Correa tenía 17 años cuando una salida a comer una pizza con amigos se convirtió en la última actividad de su vida. De regreso a su casa, en un auto con tres jóvenes como él, recibió un tiro, que lo mató. El crimen, el 6 de agosto del 2020, conmovió a Córdoba y a todo el país. Este miércoles comienza el juicio contra 13 policías, unos acusados de haber cometido el homicidio y los demás, de haber realizado distintas maniobras para ocultarlo.

Los autores de los disparos son los cabos Javier Alarcón y Lucas Gómez (de cuya pistola salió la bala mortal), acusados de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y calificado por ser miembros de una fuerza de seguridad. Las imágenes de las cámaras de videovigilancia muestran a Gómez disparando hacia el auto en línea recta y a Alarcón, hacia las ruedas.

Como autores del delito de encubrimiento y omisión de deberes de funcionario público están imputados los policías Sergio Alejandro González, Wanda Micaela Esquivel, Yamila Florencia Martínez, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga y Jorge Ariel Galleguillo.

Leonardo Alejandro Martínez, Rodrigo Emanuel Toloza Ezequiel, Agustín Vélez y Leandro Alexis Quevedo afrontan la acusación de falso testimonio y encubrimiento, y Juan Antonio Gatica está acusado de encubrimiento.

La lucha de la familia de Correa, encabezada por su mamá, Soledad Laciar, se extendió más allá del pedido de justicia por el adolescente y se hizo transversal a otros casos de gatillo fácil en Córdoba. “Blas no vuelve, esta lucha tiene que ser de todos; si no es colectiva no pasará nada”, repite siempre su madre.

Además del “gatillo fácil”, el joven sufrió el abandono del personal de una clínica privada que no quiso atenderlo cuando ya venía herido y perdiendo sangre en el auto. Blas murió en la calle porque, cuando intentaban llegar a otro hospital, los paró la policía y les impidió seguir.

Alrededor de las 23.30 del 6 de agosto de 2020 –cuando, en medio del aislamiento social y preventivo por la pandemia del Covid-19 comenzaron a permitirse reuniones– volvía de comer una pizza en un bar de unos amigos; iba en el asiento trasero de un Fiat Argo blanco.

Una moto se les acercó, temieron que fuera un intento de robo y aceleraron; giraron mal en una esquina y no frenaron ante el control policial montado por dos patrulleros y varios agentes en la Avenida Vélez Sarsfield.

El auto recibió cuatro balazos: el que mató a Blas ingresó por la luneta trasera e impactó en su espalda. Otro se incrustó en el apoyacabezas del asiento delantero. En un primer momento, los policías dijeron que los chicos iban armados y mostraron un arma que supuestamente habían encontrado en la zona. La ruptura del pacto de silencio que mantenían dejó en claro que la habían “plantado”.

Tres meses después del crimen, la agente Esquivel contó al fiscal que instruyó la causa, José Mana, que cuando se trasladaban en el móvil policial, el cabo primero Alarcón sacó un arma de su chaleco y le pidió que la tirara por la ventanilla, en un área a metros de donde el Fiat Argo evadió el control.

Cambios y silencio

Después del crimen del adolescente, la decisión del gobierno provincial fue remover a los titulares de la Dirección General de Seguridad Capital. Relevaron al comisario mayor Gustavo Piva y lo reemplazaron por la comisaria mayor Liliana Rita Zárate Belletti, quien después fue nombrada jefa de la fuerza.

Apenas asumió ese cargo, hubo otro crimen por balas policiales: el de Joaquín Paredes, de 15 años, en la localidad de Paso Viejo, en el norte provincial. El gobernador Juan Schiaretti nunca habló del caso de Blas, y del de Joaquín lo hizo el secretario de Derechos Humanos de la provincia.

Laciar criticó varias veces el silencio de Schiaretti, quien la recibió en marzo pasado en una audiencia “otorgada en función de haber finalizado el período de instrucción de la investigación de la causa”, según comunicó la Provincia. La madre de Blas le preguntó al gobernador por qué seguía manteniendo como ministro de Seguridad a Alfonso Mosquera, quien estuvo en el encuentro. También le planteó que su administración “mató” a su hijo.

El expediente del caso tiene 400.000 fojas, se prevén 30 audiencias, y el proceso terminaría el 25 de noviembre. Además de esa causa hay otra por abandono de persona, que involucra a los empleados de la clínica que no lo atendieron.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ingresó un pedido para ser incorporada como amicus curiae en el juicio. Desde Amnistía Internacional se sumaron al reclamo de familiares y amigos que exigen #JusticiaPorBlas.

“En este, como en todos los casos de violencia policial, es imperativo que las autoridades garanticen un proceso judicial independiente que condene a todos los responsables. Es urgente desalentar la institucionalización del abuso de la fuerza y la impunidad, para poder generar mayores niveles de confianza de la población en la justicia”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de la institución.

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