El caso de “la manada”: comienza el juicio a los imputados de violar en grupo a una joven en Chubut

A casi diez años de la violación grupal a una adolescente de 16 años, ocurrida frente a la Playa Unión, de Rawson, los tres imputados afrontarán el juicio oral y público a partir del 21 de febrero próximo por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante”. Los acusados son Luciano Mallemacci, Ezequiel Quintana y Leandro del Villar, conocidos en la zona como los “hijos del poder”, por pertenecer a familias de trayectoria política y empresarial de la capital chubutense. Según la acusación fiscal, habrían abusado de la joven durante una fiesta realizada en la casa del nieto del exgobernador radical Atilio Oscar Viglione, en 2012.

El caso salió a la luz varios años después, en enero de 2019, cuando la víctima pudo hacer pública su denuncia a través de las redes sociales. Desde entonces comenzó un largo derrotero judicial, que incluyó la polémica en torno a la posibilidad de que el hecho fuera juzgado mediante un juicio abreviado por el delito de “abuso sexual simple”, lo que constituye un delito excarcelable y establece una pena máxima de 3 años en suspenso.

Así lo habían acordado inicialmente la Fiscalía de Rawson y la defensa, con argumentos de que se había tratado de un “desahogo sexual” de parte de los imputados, y que incluso, se le había acercado la propuesta a la víctima, que estuvo a punto de dar su aval con el fin de “cerrar la historia”.

Sin embargo, tras la decisión del juez Marcelo Nieto Di Biasse de no homologar el acuerdo entre las partes, y pese al fallo de la Cámara del Crimen, que a su turno revocó la postura del magistrado, la defensa finalmente aceptó ir a juicio oral y público.

La primera jornada del debate será el lunes 21 de febrero y se estima que el juicio tendrá una duración de tres semanas. Asimismo, se prevé que declaren más de 100 testigos, distribuidos en modalidad presencial y virtual.

En diálogo con LA NACION, Verónica Heredia, abogada de la víctima, destacó que “se haya llegado al debate oral y público, en lugar del juicio abreviado”. Para la querellante, aquello significaba “un acuerdo entre el Estado [Fiscalía], que buscaba acomodar los hechos y ceder a la verdad, recortarla, y los imputados [a través de la defensa], a cambio de que ellos reconozcan los hechos y cedan la presunción de inocencia, para lograr la reducción de la pena”.

Heredia explicó que hasta tanto la víctima aceptó su representación como querellante, tras la mediatización del caso, la pesquisa había estado en manos de la Fiscalía de Rawson, a cargo del fiscal Fernando Rivarola, quien en su momento se había expresado sobre el hecho como un “accionar doloso de desahogo sexual”. Sus palabras desencadenaron un fuerte repudio social que escaló a nivel nacional e incluyó el pronunciamiento público de figuras de todo el arco político.

“Todo este tiempo fue trabajar en la causa y fortalecer a la víctima para que se vaya preparando para el juicio, a través del asesoramiento legal y el acompañamiento terapéutico, porque es una sobreviviente”, afirmó Heredia.

Agregó: “La víctima padeció no solo la violencia del abuso sexual, sino la revictimización social para poder seguir viviendo, porque se tuvo que ir de la provincia. Luego, la revictimización judicial y mediática, al tener que dar explicaciones sobre lo que pasó y el devenir del proceso judicial”.

Pese al intento frustrado de la fiscalía de diluir la acusación con una propuesta de juicio abreviado, la abogada querellante aclaró que la víctima “no modificó su relato de los hechos, siempre denunció lo mismo”. Y anticipó que, como querella, solicitarán la pena de 25 años de prisión.

“La víctima se ha preparado desde todos los aspectos para estar en el juicio y poder soportarlo. Está tranquila, segura y quiere que se escuche su verdad. El proceso debe generar las condiciones para que ella sea escuchada en un marco de respeto”, aseguró Heredia.

Los acusados y el “desahogo sexual”

“Perdí la consciencia y es ahí cuando una de mis amigas me encontró en una habitación siendo abusada por un grupo de cuatro varones”, relató la joven en un testimonio que circuló en las redes sociales de “Magdalenas de Puerto Madryn”, miembros del colectivo #NiUnaMenos, en enero de 2019.

Los jóvenes acusados, que ya no viven en Chubut debido al repudio social que suscitó el caso, son miembros de familias de un selecto círculo de empresarios y políticos de Chubut. Si bien inicialmente la denuncia incluyó a cinco hombres, solo tres resultaron imputados en el juicio. Se trata de Luciano Mallemaci, hijo del dueño de una inmobiliaria reconocida en Puerto Madryn; Ezequiel Quintana, integrante, junto a miembros de su familia, de la firma Andequin S.A., dedicada a la construcción, y Leandro Del Villar, nieto de un senador nacional y proveniente de una familia vinculada al negocio portuario.

En tanto, Robertino Viglione, nieto del ex gobernador radical Atilio Oscar Viglione, y dueño de la casa en donde ocurrieron los hechos, y Tomás Soriano, señalado como quien hacía de “campana” mientras abusaban de la joven, fueron desvinculados del caso durante el proceso de investigación conducido por el fiscal Rivarola.

En 2020, Rivarola había sido cuestionado por disminuir la calificación de “abuso con acceso carnal” a “abuso sexual simple” y considerar que se había tratado de un “accionar doloso de desahogo sexual”. Para justificar el cambio de carátula, el fiscal valoró que la víctima se hallaba en un estado de semiinconsciencia mientras se produjo el aberrante hecho y que había manifestado su voluntad expresa de “cerrar la historia” para “seguir viviendo”.

“En palabras simples, el abuso sexual es justamente una conducta que busca el desahogo sexual del autor sabiendo que lo hace sin el consentimiento de la víctima, que va a cometer un ataque sexual, que se trata de un delito, y consciente de ello avanza sin consideración del daño que va a provocar en esta. Eso es dolo”, había expresado Rivarola.

Sin embargo, el juez penal Marcelo Nieto Di Biase decidió no homologar el acuerdo. Así, el derrotero judicial continuó en la Cámara del Crimen de Chubut, cuando los jueces Alejandro Defranco, Adrián Barrios y Daniel Luis María Pintos revocaron la decisión de Di Biasse por considerarla “arbitraria por fundamentación aparente y parcialidad”. Pero para entonces, el caso se había mediatizado a nivel nacional y los tres imputados, que ya habían reconocido su participación en el hecho, aceptaron ir al juicio oral y público.

Violación en grupo

“A este caso se lo conoció mediáticamente como ‘la manada’. Rechazamos esta expresión porque no son animales. Lo que hay es una matriz que sostiene y legitima estas prácticas machistas para poder cometidas de manera consciente”, sostuvo en un comunicado de prensa la “Comisión de difusión de la sobreviviente de los hijos del poder” de la provincia de Chubut.

Por su parte, la psicóloga Sonia Almada, presidenta de Aralma, asociación civil que trabaja contra las violencias, coincidió en la denominación social y agregó que “el abuso sexual en la infancia y adolescencia no debería prescribir”.

“La violencia sexual y todas las formas de acoso, abuso y maltrato hacia las infancias han sido reconocidas por el mundo occidental como crímenes de lesa humanidad. No obstante, los plazos de prescripción contemplados por las diferentes justicias excluyen a miles de víctimas”, sostuvo Almada a LA NACION.

En el caso de Rawson, la víctima llegará al juicio a sus 25 años. En este sentido, Almada explicó: “La víctima, en una etapa inicial, bloquea el episodio o no es consciente de que ha sido objeto de un ataque sexual debido a su edad y a procesos de indefensión e inmadurez emocional”.

Y concluyó: “Reconocer y asumir que se ha sido víctima de un delito de abuso sexual a veces demanda muchos años, dado que esa persona lo revela cuando alcanza la capacidad de discernimiento y decide compartirlo con alguien que le merezca confianza. En los casos en los que media demasiado tiempo entre el hecho y su reconocimiento, el conflicto adquiere mayor intensidad”.

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