Cocaína adulterada: procesaron a El Paisa, el capo que operaba en una zona caliente del narcomenudeo
La decisión fue tomada por el juez federal de Tres de Febrero, Juan Manuel Culotta; el magistrado trabó un embargo sobre los bienes del sospechoso hasta cubrir la suma de 1.500.000 de pesos
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LA NACIONGabriel Di Nicola
Joaquín Aquino, el sindicado líder de una organización criminal conocido con el apodo de El Paisa, fue procesado con prisión preventiva por tenencia de estupefacientes para su comercialización y tenencia de armas de guerra. La banda del sospechoso operaba en una zona caliente del narcomenudeo: los barrios de emergencia Loyola y Villa Sarmiento, 18, en San Martín, una zona cercana al asentamiento conocido como Puerta 8, en Tres de Febrero, donde se vendió la cocaína adulterada que causó la muerte por intoxicación de 24 personas.
Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. La decisión fue tomada por el juez federal de Tres de Febrero, Juan Manuel Culotta. El magistrado también procesó a otras seis personas, entre ellas la pareja de Aquino, Aldana Benítez, que está embarazada y a punto de dar a luz.
Culotta trabó un embargo sobre los bienes de Aquino hasta cubrir la suma de 1.500.000 de pesos.
El Paisa, de 33 años, había sido detenido por la policía bonaerense el 3 de este mes, un día después de que se hicieran públicas las primeras muertes de los consumidores intoxicados con cocaína adulterada con carfentanilo, un opioide usado para sedar elefantes y rinocerontes.
“Hasta el momento, en el expediente no hay ningún indicio o sospecha de que El Paisa haya operado en Puerta 8. No hay pruebas de que lo vinculen con las 24 muertes por intoxicación”, sostuvo a LA NACION una fuente al tanto de la investigación.
Aquino era investigado desde agosto del año pasado, cuando la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo del fiscal federal Diego Iglesias, puso la lupa sobre el presunto narco a partir de información que le había aportado la Dirección de Investigaciones Contra el Crimen Organizado de la policía bonaerense.
El 9 de noviembre pasado, la Procunar presentó un informe con denuncias sobre la actividad de Aquino. El juez Culotta, a cargo del Juzgado Federal de Tres de Febrero, le corrió vista, primero, al fiscal federal de San Martín, Jorge Sica, pero finalmente el impulso del expediente fue delegado en el fiscal federal de Tres de Febrero, Paul Starc, quien ordenó una serie de medidas de prueba para continuar con la investigación iniciada por la Procunar.
Finalmente, El Paisa y su pareja, Aldana Benítez, fueron detenidos en José C. Paz., al igual que otros cinco sospechosos, arrestados en distintos puntos del noroeste del conurbano, después de que se hiciera pública la crisis por la circulación de la cocaína adulterada.
En su primera indagatoria, El Paisa se negó a declarar. Pero la semana pasada, representado por su abogado, Ezequiel Briceño, solicitó una audiencia para ampliar su testimonio. Entonces, Aquino sostuvo que los estupefacientes que le secuestraron cuando allanaron su casa de José C. Paz fueron “plantados por los policías que hicieron el procedimiento”.
“Aquino, básicamente, dijo que la droga secuestrada se la puso la policía y se negó a contestar preguntas del tribunal y Ministerio Público Fiscal. Solo respondió las de su abogado”, habían dicho a LA NACION las fuentes consultadas.
Según se informó tras el procedimiento, a Aquino lo arrestaron en Chile al 600, en José C. Paz, y le secuestraron 5000 dosis de cocaína. Se espera que en los próximos días se defina si el contenido de esos sobres es el mismo que tenían las dosis letales de cocaína mezclada con carfentanilo.
Ayer, en medio de un importante operativo de seguridad, El Paisa fue trasladado desde una dependencia de la policía bonaerense de Vicente López hacia una unidad carcelaria del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
El cocinero
Además de El Paisa y su pareja, fue procesado con prisión preventiva Julio César Ferrari, el sindicado “cocinero” de la organización criminal, es decir el encargado de estirar la cocaína que distribuía la organización criminal.
Según se desprende del expediente judicial, los siete procesados cumplían distintos roles en el “fraccionamiento, acondicionamiento, transporte, guarda y venta” de los estupefacientes quw se terminaba comercializando en las villas Loyola, Sarmiento, Escalada, La Rana y 18.
Declinatoria de competencia
El juez de garantías de San Martín Mariano Grammático Mazzari declinó la competencia en la causa donde se investigan las 24 muertes por consumir la cocaína letal en favor del Juzgado Federal de Tres de Febrero, como lo había solicitado el fiscal Raúl Martínez.
“Que si bien las cuestiones formales sobran para declinar la competencia de esta sede en favor de la Justicia Federal, aquí hay más cuestiones que exceden el marco netamente jurídico y deben ser analizadas por el fuero de excepción con colaboración de la Procunar. Tanto es así que por primera vez nos encontramos en las calles con un opioide extremadamente poco común, de altísimo precio y de uso prohibido en el país”, explicó el magistrado en la resolución, a la que tuvo acceso LA NACION.
La decisión del juez Grammático Mazzari no está firme porque las defensas de los seis detenidos en la causa que investiga el fiscal Martínez pueden apelar la resolución, explicaron fuentes judiciales.
En su pedido de declinación de competencia, el fiscal Martínez había explicado que en la “investigación, el núcleo central y nexo causal del resultado muerte se encuentra en la propia fabricación, elaboración, preparación, estiramiento y/o adulteración de la sustancia ilícita, ya que los envoltorios que se encontraron en los secuestros operados en los lugares de venta y guarda, más los entregados por las víctimas, ya estaban termosellados; siendo los actores involucrados en dicho proceso escalones superiores en la cadena del tráfico ilegal de estupefacientes” y por tal motivo debía pasar al fuero federal.
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