Cocaína adulterada: el fiscal que investiga las 24 muertes por intoxicación pidió ayuda a especialistas antidrogas
La Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) comenzó a colaborar con la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°16 de San Martín; se hicieron presentaciones en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y en la Dirección General de Aduanas (DGA) para conocer quiénes fueron los últimos importadores de carfentanilo, la sustancia utilizada para “cortar” la droga letal
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LA NACIONGabriel Di Nicola
Mientras espera que el juez de Garantías de San Martín Mariano Grammático Mazzari defina si hace lugar al planteo de declinación de competencia a la Justicia federal, el fiscal Raúl Martínez, todavía a cargo de la investigación de las muertes de 24 personas que consumieron dosis de cocaína letal al ser “cortada” con carfentanilo, un opioide usado para sedar elefantes, pidió, de vía formal, la colaboración de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), el organismo oficial encargado de “diseñar una política criminal contra el narcotráfico”.
Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. “Se está trabajando para darle la colaboración que pidió el fiscal Martínez”, sostuvo una fuente de la Procunar, a cargo del fiscal federal Diego Iglesias.
Además, el fiscal Martínez pedirá informes a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y en la Dirección General de Aduanas (DGA) para conocer quiénes fueron los últimos importadores de carfentanilo, el opioide utilizado para anestesiar animales de gran porte que fue utilizado para cortar la droga letal.
La semana pasada, al fundamentar su planteo de declinación de competencia, el fiscal Martínez había sostenido que “se encuentra comprometida en la presente causa la salud pública provincial y nacional, ya que si bien no se puede asegurar que el estupefaciente ilícito letal esté distribuido en otras jurisdicciones, menos puede descartarse, lo que hace aún más determinante la urgente intervención de la Justicia federal en la pesquisa, quien cuenta con todos los recursos necesario, a fin de lograr desarticular toda la organización criminal (actividad limitada por ley para la justicia provincial) y hacer cesar el daño”.
En la presentación, un dictamen de siete páginas al que tuvo acceso LA NACION, el fiscal Martínez recordó que el expediente se inició el miércoles 2 de febrero, a las 8.30, cuando personal de la comisaría 5ª de Tres de Febrero se hizo presente en el hospital Bocalandro tras haber sido informado del ingreso de varios pacientes intoxicados por haber consumido cocaína. La droga, según los testimonios, había sido comprado en un búnker de Puerta 8, un asentamiento de la zona de Loma Hermosa.
Poco después, uniformados de la comisaría 1ª de Hurlingham informaron que personas intoxicadas por consumir cocaína habían fallecido en el Hospital Municipal San Bernardino. Las víctimas también habían comprado los estupefacientes en Puerta 8, en el extremo del partido de Tres de Febrero.
“Como consecuencia de los procedimientos de urgencia llevados a cabo el día 2 de febrero del actual en el Barrio Puerta 8, de Tres de Febrero, se produjo la aprehensión de cuatro personas y el secuestro de dos chalecos antibalas, dinero en efectivo, teléfonos celulares y al menos 200 envoltorios de marihuana y 400 de cocaína, los cuales resultaron ser de un nylon color rosado/anaranjado, similares a los incautados en las diversas intervenciones policiales vinculadas a los intoxicados y fallecidos”, sostuvo el fiscal Martínez.
Poco después, en operativos de urgencia, se secuestraron otras 3300 dosis de cocaína y se detuvo a otros dos sospechosos. “Es decir, la pluralidad de intervinientes, de al menos seis personas con desarrollo de distintos roles dentro la organización delictiva, como ser vendedores, custodios que ofician de seguridad, los denominados ´satélites´ que alertan sobre la presencia policial, los encargados de la guarda y ocultamiento de gran cantidad de droga fraccionada en nylon termosellado, dan cuenta de una organización compleja con una estructura articulada y con eslabones superiores que participaron en la elaboración, estiramiento y/o adulteración, fraccionamiento, distribución y venta del material estupefaciente altamente nocivo, la cual va más allá del último eslabón de la cadena del narcotráfico [por el narcomenudeo]”, sostuvo el representante del Ministerio Público.
El fiscal Martínez explicó que la ley establece que cuando se está ante una organización delictiva [de esa envergadura], la competencia es de la Justicia federal.
“En esta investigación, el núcleo central y nexo causal del resultado muerte se encuentra en la propia fabricación, elaboración, preparación, estiramiento y/o adulteración de la sustancia ilícita, ya que los envoltorios que se encontraron en los secuestros operados en los lugares de venta y guarda, más los entregados por las víctimas, ya estaban termosellados; siendo los actores involucrados en dicho proceso escalones superiores en la cadena del tráfico ilegal de estupefacientes. En la senda descripta, el arma letal que produjo las intoxicaciones y muertes a las numerosas víctimas es el propio producto ilícito comercializado, por lo que la investigación de los homicidios cometidos no pueden escindirse de la competencia federal”, afirmó.
Además de la investigación que lleva adelante el fiscal Martínez, ya hay una causa abierta en el fuero federal. Se trata de un expediente que tramita en el Juzgado Federal de Tres de Febrero, a cargo de Juan Manuel Culotta, donde se investiga a una banda narco que opera en la zona de San Martín y de Tres de Febrero.
Hace diez días, en esa investigación, y por orden del juez Culotta, se hicieron varios allanamientos al cabo de los cuales fue detenido Joaquín Aquino, alias El Paisa, supuesto proveedor de la cocaína letal. Se presume que Aquino sería miembro de la banda de Max Alí Alegre, alias Alicho, cabeza de uno de los clanes más poderosos del corredor noroeste del conurbano.
En el fuero federal también hay una investigación en trámite que se tramita en el Juzgado Federal N° 3 de Morón, de la que participa la Procunar donde se investiga a una banda dedicada a la comercialización de estupefacientes en Puerta 8.
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