Los piratas infomáticos buscan obtener datos personales de las víctimas a través de los “descargos” que produzcan frente a los delitos de los que se los acusa en la falsa presentación policial
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La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci), a cargo del fiscal Horacio Azzolín, alertó sobre una nueva modalidad de estafas a través de correos electrónicos enviados supuestamente a nombre de la Policía Federal Argentina (PFA) o Interpol en los que se advierte a las potenciales víctimas que existe una supuesta investigación penal en su contra por “pornografía infantil” y “ciberpornografía”, entre otros delitos, y se las amenaza con una “inminente orden de aprehensión a raíz de una incautación informática por ciberinfiltración en sus computadoras”.
Los mensajes fraudulentos buscan obtener datos personales de las víctimas a través de los “descargos” que produzcan para hacer frente a los delitos de los que se los acusa –como el envío de fotos de sus documentos, que luego puedan ser utilizadas para otras maniobras de estafas– o, incluso, obtener dinero con un depósito de 1000 dólares en bitcoins a cambio de “cerrar la investigación”. En esos mensajes se amenaza con detenciones, allanamientos y multas.
La fiscalía especializada en ciberdelitos advirtió sobre esa nueva forma de intentos de estafas mediante correos electrónicos y mensajes de WhatsApp luego de recibir sucesivas denuncias de personas que recibieron esas intimidaciones, situación que llevó a los representantes del Ministerio Público Fiscal a visualizar un patrón seguido por ese grupo de piratas cibernéticos y, en consecuencia, emitir un alerta público para evitar la repetición de fraudes.
La Ufeci solicitó, además, que las personas que reciban esos mensajes realicen la denuncia –incluso en cualquier comisaría– para facilitar la investigación de esas redes de estafadores online.
En las últimas semanas habían sido advertidos los intentos de “cuentos del tío digitales” que apelaban a promociones para el Mundial de Qatar o que pedían completar formularios –con la intención de robar datos personales para estafas con préstamos o tarjetas de crédito– para conseguir turnos para nuevas dosis de vacunación contra el Covid-19.
Ahora, la nueva amenaza llega a través de supuestos mensajes de policías corruptos (con logo de la PFA incluido) que aseguran hacer “un favor” al presunto sospechoso a cambio de un pago. Todo es falso, claro. Pero los especialistas saben que cuando un método de estafa se mantiene es porque permite conseguir víctimas.
Los mails enviados tienen por fin tanto acceder a información privada del remitente como al envío de criptomonedas. En este nuevo caso, los correos atribuidos a la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA indican que, para respetar la confidencialidad de quien debe realizar el descargo, el remitente espera una respuesta con las justificaciones pertinentes a una dirección de correo electrónico, para que “puedan ser examinados y verificados los hechos con el fin de evaluar las sanciones en un plazo estricto de 48 horas”.
El mismo mensaje advierte a las víctimas que, si no realizan el descargo correspondiente, el expediente se enviará a las asociaciones de lucha contra la pedofilia y a los medios de comunicación para su publicación.
Otro de los correos que circula agrega que solo hay una manera para detener la investigación en curso: con el pago del equivalente a mil dólares en Bitcoins; la cuenta donde se recibirá ese monto se detalla en el mismo mensaje. Los estafadores agregan que esa posibilidad se ofrece por única vez y con un plazo perentorio. Advierten a las víctimas que, si no realizan el descargo correspondiente, también se difundirá el contenido de pornografía infantil supuestamente capturado del celular o computadora de la víctima. Todo es falso. Pero algunas víctimas creen la amenaza y pagan.
La caza de los ciberdelincuentes
En el mensaje se explica que, si el damnificado no sabe cómo comprar Bitcoins y transferirlas, puede buscar la información disponible en Internet. También advierte que quienes reciban el correo tienen un plazo de 48 horas a partir de la apertura y lectura de ese documento oficial -ya que tienen intervenidos todos sus sistemas y dispositivos de comunicación- para hacer los pagos. “Si piensa en denunciar, solo se entregará usted mismo, y le aseguro que no es lo que desea”, amenaza.
Para finalizar, aclara que una vez que se reciba el monto en la dirección especificada, las diligencias que ya se encuentran en proceso serán archivadas y posteriormente destruidas. “Tiene plena garantía de ello. Y en caso de que haga caso omiso de la presente oferta, se dará seguimiento y autorización para cateo policial en su(s) propiedad(es), así como la ratificación de los cargos penales que pesan actualmente en su contra, y finalmente se complementará la orden de aprehensión en el lugar de territorio nacional dónde se encuentre”, advierte.
Otros de los correos que circulan, adjudicado a Interpol, detalla que, a solicitud del secretario de seguridad nacional de los Estados Unidos de América, jefe del Departamento de Riesgos Mayores, “Brigada para la Protección de Menores”, se debe responder por propia voluntad sobre el delito de pornografía infantil, pedofilia, exhibicionismo y pornografía cibernética. La fiscalía especializada en ciberdelitos alertó sobre ese intento de estafa que apela a oficinas internacionales que ni siqiera existen, al menos con esa denominación.
El correo enviado por los estafadores apunta a la sorpresa y la duda del receptor. Por eso enseguida se explica en ese texto que las acciones legales por cometer delitos vinculados con la pornografía infantil se emprenderán después de la incautación de una computadora. Además, destaca que estos hechos pueden ser castigados con cinco años de prisión y una multa de 80 mil dólares. Y se añade que, pasado el plazo de 72 horas sin respuesta a lo requerido, se remitirá el informe al Ministerio Fiscal para que dicte una orden de detención para ejecutarla por parte de la policía más cercana a su lugar de residencia. Toda esa maniobra no es más que un ardid.
“Después de este plazo estamos obligados a presentar nuestro informe al Fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional y especialista en ciberdelincuencia para que elabore una orden de detención contra usted, le envíe la gendarmería más cercana a su lugar de residencia para su arresto y sea registrado como delincuente sexual”, anticipa el texto que pide alguna veces el pago de un monto en crpitomonedas, más difíciles de rastrear que el movimiento de dinero electrónico y en otras ocasiones, datos personales, que serán usados para otros fraudes, como el pedido de préstamos que el damnificado conocerá solo en el momento en que se le reclame judicialmente la deuda.
Los profesionales recomiendan ignorar el correo electrónico recibido, ya que la maniobra de fraude cumple con su cometido cuando las víctimas entran en pánico y responden con los requerimientos de los cibercriminales.
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