Cibercrimen: el auge de los delitos de acoso virtual

“En septiembre de 2012 salía de mi departamento para ir a un almuerzo de trabajo y escuché que alguien me dijo por detrás: «Bebé, qué lindo te queda el azul, por fin te conozco». Me congelé y le pregunté quién era. «Marina, me conocés, soy Sergio», me contestó mientras yo salí corriendo. Ése fue mi primer encuentro cara a cara con uno de los 40 hombres desconocidos que me abordaron durante dos años en la calle. Todos con la misma intención: tener un encuentro sexual conmigo a raíz de una conversación que tuvieron con un perfil en redes sociales que se hacía pasar por mí y les facilitaba fotos mías íntimas”, relató Marina Benítez Demtschenko, una abogada de 30 años que vive en la ciudad de La Plata y padeció en carne propia la porno venganza.

Además de este ciberdelito, existe otra modalidad de acoso virtual que prospera en la Argentina.

“Crecen las organizaciones criminales que se dedican a seducir, a pedir imágenes íntimas y luego a extorsionar a su interlocutor con subirlas a la Web a cambio de dinero: esa práctica es conocida como sextorsión”, explicó a LA NACION Adrián Acosta, oficial local de Crímenes Digitales de Interpol.

"El mecanismo era siempre el mismo: yo caminaba por la calle, ellos me paraban, me abordaban, me decían siempre lo mismo: «Cómo estás... Al fin te conozco, sos más linda en persona que por foto », y todos conocían mi nombre. Nos cruzábamos cerca de mi estudio o en tribunales, pero mi casa era una zona caliente, porque tenían mi dirección", continuó la abogada Demtschenko. Un día, uno de los hombres que se acercó a ella, le explicó que lo contactó un perfil de Facebook para conversar vía Instant Messenger.

Su ex novio seducía a los hombres con palabras mientras enviaba fotos de Marina desnuda. La víctima se enfrentó a una realidad muy difícil: explicarle a hombres predispuestos a tener sexo con ella que, a pesar de que las fotos eran reales, ella no era quien los cautivaba en la web.

Durante 2012 y 2013, el ex novio de Marina transmitió fotos íntimas que había sacado con su consentimiento durante los siete años de relación. Además, tenía fotos de ella durmiendo o saliendo de la ducha de espaldas, que había capturado a escondidas y difundía.

"Mi ex pareja trabaja en el Ministerio de Seguridad bonaerense y es el único empleado administrativo en el sector de armamento, un área que está reservada para efectivos policiales", agregó Marina. "Hasta que lo pude individualizar a él como artífice del acoso, nunca tome dimensión del peligro al que estuve expuesta, ya que es una persona con acceso a armas", dijo.

"Mi vida había cambiado radicalmente. Iba menos a Tribunales porque también ahí tuve abordajes de personas del Poder Judicial (como jueces y secretarios) convencidos de que habían hablado conmigo en Internet. Mi jefa me llevaba y traía a la oficina y mis hermanos me acompañaban al supermercado cuando salían del trabajo", relató la víctima, quien llegó a considerar mudarse a otra provincia.

"Un jueves, en octubre de 2014, mientras visitaba a mi abuela, un vecino que vivía en el edificio de ella se acercó con el mismo modus operandi que los anteriores. Inmediatamente le expliqué la situación y él me contó que mi ex, a través del perfil falso, le pidió que todos los jueves cuando nos cruzáramos en el ascensor me tape la boca y me viole, asegurando que esa era mi máxima fantasía", expresó Marina, aliviada de no haber sufrido ningún ataque físico a su persona.

Después de este testimonio, el juez de la causa, Pablo Raele, ordenó el allanamiento del departamento del sospechoso, donde secuestraron: tres computadoras, ocho teléfonos celulares, pendrives, 1500 imágenes comprometidas de Marina y almacenadas en los equipos, y un arma sin habilitación. La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 de La Plata. a cargo del fiscal Alvaro Garganta, lleva la causa caratulada como amenazas coactivas.

"Difundir escenas íntimas sin permiso es una seria lesión a la intimidad que merece sanción penal, dado el enorme daño que provocan", explicó a LA NACION Pablo Palazzi, abogado y director del Centro de Tecnología y Sociedad de la Universidad de San Andrés (Cetys). "El caso de Marina es un típico caso de porno venganza, es decir publicar imágenes íntimas para vengarse de una ex pareja por haberlos dejado", continuó.

"Existe un vacío en el Código Penal argentino porque no es delito publicar imágenes íntimas grabadas sin consentimiento del titular. Puede ser extorsión si piden dinero a cambio de no publicar las imágenes, o violación de comunicación electrónica si la imagen está en un correo o mensaje de Whatsapp", agregó.

También aclaró que los casos de porno venganza son delitos informáticos que aun no están legislados en Argentina, pero empresas como Google y Facebook eligieron dar de baja este tipo de fotos ante una denuncia de la víctima.

Bandas organizadas

"Las bandas de sextorsión tienen líderes, reclutadores y agentes. Las agentes buscan a sus víctimas en las redes sociales y se hacen amigos a través de Facebook, donde entablan una conversación que enseguida se torna sexual", comentó el oficial Acosta, de Crímenes Digitales de la Interpol en la Argentina. "Una vez que consiguen la atención de la víctima, le piden conectarse vía Skype para tener sexo virtual, mientras las agentes filman todo. La conversación puede durar como máximo 24 horas", continuó. Una vez que finaliza el chat, la agente explica que filmó todo y extorsiona a su víctima para que deposite un monto de dinero en una cuenta bancaria, de otra manera, amenazan con publicar el contenido en las redes sociales o en YouTube.

"El lugar de trabajo de este tipo de organizaciones es como un call center, donde las agentes son generalmente mujeres y sus víctimas hombres", agregó Acosta.

Inclusive indicó que las bandas organizadas cuentan con tableros de recompensa y a la agente que más dinero consigue recaudar en la semana le dan un premio, una suerte de "el mejor empleado del mes". En la Interpol consideran que es muy difícil llegar a estas organizaciones criminales, porque trabajan desde países africanos donde la legislación es débil, los costos de personal bajo y la legislación en cibercrimen muy endeble. La extorsión tiene un valor promedio de 500 dólares, sin embargo en algunos casos, según la víctima, llegan a los 15.000 dólares

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