Choque mortal en Traslasierra: el legislador Oscar González se negó a realizarse una prueba psicológica y fue confrontado por los familiares de las víctimas

Oscar González, el legislador cordobés de Hacemos Córdoba imputado por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas luego de protagonizar un choque cuando manejaba una camioneta BMW X1 a fines de octubre pasado en Traslasierra, se presentó ayer a los Tribunales de Cura Brochero y se negó a realizarse un peritaje psicológico. En ese contexto, fue confrontado por los familiares de las víctimas -Alejandra Bengoa; su hija, Marina; y una amiga de esta última, Alexa-, quienes le exigieron un pedido de disculpas y que se responsabilice por lo sucedido.

“Asesino. No le vamos a hacer nada, pero tenemos derecho a hablar y a reclamar. Mi hija estaba sana, no tenía ni una carie”, le gritó a González la madre de Alexa, una de las adolescentes de 14 años que quedaron gravemente lesionadas luego de que la camioneta conducida por el legislador impactara contra el Renault Sandero en el que viajaban junto a la fallecida Bengoa. Al ver al político arribar a los tribunales en un auto marca Audi, los presentes corearon la consigna “¡Qué baje, qué baje!”, en tanto que la familiar exclamó: “No quiere ¿Qué piensa, que lo voy a morder?”.

Poco después, González descendió del auto y fue acompañado por su abogado, Miguel Ortiz Pellegrini, hasta el edificio. Entonces, la madre de Alexa, quien quedó parapléjica luego del choque, le gritó: “Mi hija dice que no te perdona. El día del juicio te va a hacer mierda con su declaración, porque ella es la que vio todo. Te vio, González. Vení y pedí perdón, acá está la familia ¡Criminal, corrupto, mafioso!”.

Aunque estaba previsto que González se sometiera ayer a una serie de peritajes, su defensa había anticipado que no haría pruebas psicológicas y que solo declarará ante un juez. Por ese motivo, ambos permanecieron solo unos pocos minutos en los tribunales y luego se retiraron. Entonces, los presentes volvieron a confrontarlos. “Devuélvame a mi hija sana”, le pidió la madre de Alexa. ”Puedes caminar, mi hija no camina”, le reclamó.

Por su parte, el abogado querellante Germán Romero Marcon detalló que el peritaje psicológico estaba prevista a efecto de que se determine si el imputado comprende el hecho y si es una persona adepta a cumplir a las normas, o por el contrario si es una persona “desapegada”, aunque aclaró que tiene derecho a negarse. “Lamentamos que haya sido así, porque como legislador, sigue siendo legislador debería dar el ejemplo al someterse a este tipo de casos, más que nada teniendo en cuenta el derecho que tienen las víctimas de saber la realidad”, consideró.

Choque mortal con una camioneta “melliza”

El siniestro vial por el que el legislador es investigado ocurrió el 29 de octubre, cuando González manejaba una BMW X1 que chocó de frente contra el Renault Sandero en el que iban Alejandra, Marina y Alexa. Como consecuencia del impacto, la primera murió, en tanto que las dos chicas de 14 años quedaron en estado crítico.

En sus primeras declaraciones, el abogado de González dijo que quien cruzó de carril fue la víctima y que su cliente no recordaba nada. No obstante, los peritajes descartan casi totalmente esa posibilidad, ya que el impacto frontal ocurrió en el carril de la Renault Sandero y no del BMW.

Asimismo, la Dirección Nacional de Registro del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA) verificó que el dominio del BMW X1 que conducía el imputado pertenece a un vehículo inscripto en Quilmes y que estuvo en poder del exarquero Gastón Sessa. El exfutbolista contó a El Doce TV que recibía multas desde Córdoba, a pesar de no haber viajado a esa provincia.

La camioneta que protagonizó el accidente fue entregada a la Unicameral por la Justicia provincial. El Tribunal Superior de Justicia confirmó que la unidad integraba la lista de los vehículos judicializados y fue cedida en 2019 a la Legislatura. El vehículo había sido incautado por robo y tenía la patente clonada.

Según señalaron desde la Justicia provincial, “se hizo constancia de que la patente estaba adulterada”, pero advirtieron que la Ley 8550 establece que el vehículo “debe seguir circulando en las mismas condiciones en las que fue incautado”. Indicaron que la “responsabilidad de circulación y seguro corresponde al organismo al que le fue entregado”.

El caso es investigado por la fiscal de Instrucción de Cura Brochero, Analía Gallarato, que imputó al legislador por los delitos de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas.

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