Cerraron el proceso contra el juez que, en 13 días, sobreseyó al exgobernador Daniel Scioli

El 3 de septiembre de 2009, el juez de Garantías de La Plata, Juan Pablo Masi aceptó su competencia para intervenir en el sumario que tenía como acusados al por entonces gobernador bonaerense Daniel Scioli y al director del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, Luis “Chiche” Peluso. Trece días después, luego que el funcionario provincial presentó su descargo de una página y media, el magistrado sobreseyó a Peluso y al titular del Poder Ejecutivo bonaerense.

Debido a la serie de irregularidades que los investigadores encontraron en la instrucción del mencionado expediente, la fiscal de La Plata, Cecilia Cordfield inició una investigación que terminó con la acusación de supuesto prevaricato contra el juez Masi. En 2019, dicha imputación fue sostenida ante el Jurado Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios judiciales, por el procurador ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Julio Conte Grand.

Según la acusación del Ministerio Público, el juez Masi “se arrogó la competencia sobre dos expedientes en los que había intervenido su colega, Marcela Garmendia, utilizando una argumentación completamente falsa. Logrado ello dictó, de manera apresurada, el sobreseimiento total de los denunciados impidiendo la continuación de la pesquisa. Basta con dar lectura a la resolución del 3 de septiembre de 2009 y a la dictada el 16 de septiembre de ese año (esto es, tan sólo 13 días después), para notar las falsedades y contradicciones en las que incurrió el magistrado en para concretar sus espurias intenciones. Recordemos que el 3 de septiembre de 2009, contrariando la opinión del fiscal Jorge Paolini, quien sostenía que no correspondía su intervención, el acusado aceptó la competencia en un expediente”.

Pero, dos años después, el Jurado de Enjuiciamiento, por nueve votos a uno, desestimó el proceso contra Masi, declaró la inadmisibilidad de la acusación y ordenó la clausura del sumario contra el magistrado. Esta decisión provocó que no sea sometido a juicio, como ocurrió con el juez de la Cámara de Casación penal bonaerense, Martín Ordoqui, que tiene el proceso en su contra en pleno desarrollo.

La resolución que determinó el cierre y archivo del sumario contra Masi fue dictada por el presidente del Jurado de Enjuiciamiento y titular de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Luis Genoud; la senadora Lucrecia Egger y su colega Roberto Costa; los diputados Mario Giacobbe, Pablo Garate y Sandra París.

También concluyeron que no existía mérito para declarar la admisibilidad de la acusación, los conjueces titulares, que integran el Jurado de Enjuiciamiento en representación de los Colegios de Abogados, Juan Pablo Cafiero, Marcelo Abal y Marcos Vilaplana. Mientras que el conjuez Gustavo Fratini fue el único que votó a favor de la admisibilidad de la imputación contra el magistrado.

“No se advierte que el accionar del magistrado encuadre en el delito de prevaricato que se le reprocha. Las manifestaciones realizadas al respecto por la parte acusadora no son más que meras especulaciones que derivan del propio descontento con el trámite del proceso y el contenido de las decisiones tomadas”, sostuvieron los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento en el fallo.

En septiembre de 2019, la Suprema Corte de Justicia bonaerense ordenó que Masi se tomara una licencia por 90 días. Esta medida formó parte de un proceso que se inició cuando el máximo tribunal bonaerense dispuso que se realizaran auditorías en todos los juzgados de Garantías del Departamento Judicial La Plata.

Luego de la inspección en el Juzgado de Garantías N° 4, la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte presentó una denuncia ante la Fiscalía General de La Plata. Este hecho fue investigado por la fiscal Cecilia Corfield, que concluyó que existían elementos para que la conducta del juez Masi sea analizada por el organismo que juzga a los magistrados provinciales. A partir de este dictamen, la Procuración presentó la denuncia contra Masi ante el Jurado Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales.

Sin embargo, el 6 de diciembre pasado, el Jurado resolvió que “no existía mérito para declarar la admisibilidad de las acusaciones”. El Jurado concluyó que Masi actuó conforme las reglas de procedimiento que lo habilitaban a resolver de la forma que lo hizo, fundada en normativa procesal “sin que el acierto o error en la interpretación de las normas sea materia que pueda revisar el Jurado. Los magistrados no responden políticamente por el contenido de sus sentencias, salvo desvío de poder o error judicial reiterado”.

A partir de esta resolución, se levantó la suspensión de Masi y se dispuso que el magistrado vuelva a trabajar en el juzgado de Garantías N° 4, de La Plata.

Conforme a los criterios de

Conocé más

Ni perseguida ni proscripta, tan solo corrupta

Cristina, condenada y libre

Más grave que en otros estados. La ley en Illinois que muchos padres desconocen y tiene graves consecuencias para los incumplidores