Causa Madaho’s: revocan el procesamiento de un exjuez al que relacionaban con organización vinculada a la explotación sexual
El camarista marplatense Jorge Ferro renunció cuando la Justicia de primera instancia le atribuyó una presunta violación de deberes de funcionario público; la Cámara Federal, ahora, consideró que el exmagistrado había incurrido en una “infracción de deberes ético-disciplinarios” y no en un delito penal
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MAR DEL PLATA. La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, con nueva constitución, ya que uno de los acusados en esta causa fue uno de sus recientes integrantes, resolvió revocar el procesamiento que pesaba sobre el excamarista Jorge Ferro por algunas imputaciones y confirmar su sobreseimiento en otras, vinculadas a distintas causas en las que, en primera instancia, se consideró que –entre otros delitos– había incurrido en violación de deberes de funcionario público.
Jorge Ferro presentó su renuncia como juez federal hace cuatro años, luego de haber sido uno de los miembros de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata durante 27 años.
Su salida, aceptada de manera inmediata por el Poder Ejecutivo Nacional, se dio en medio de las denuncias que lo llevaron ante los tribunales por supuestos vínculos o influencias que –según los denunciantes– habrían intentado favorecer a una organización que se dedicaba, en Mar del Plata, a la explotación de un local nocturno donde se ejercía la prostitución y había sospechas de trata de personas.
Los jueces Alfredo López, Pablo Candisano Mera y Federico Villena hicieron lugar a los recursos que Ferro había presentado en agosto del año pasado y resolvieron revocar los procesamientos dispuestos por un juzgado de primera instancia y rechazar los presentados desde el Ministerio Público Fiscal, con lo cual se confirmaron sobreseimientos.
“Se observa que lo repudiable resultó ser la infracción de deberes ético-disciplinarios que acabaron fundando una imputación penal, en lugar de disciplinaria, a través de la aplicación de un tipo penal en blanco”, cuestionaron los magistrados en el fallo, que firmaron este miércoles.
En ese escrito atacan los fundamentos acusatorios contra el ex camaristas y coinciden en que sus conductas “aunque reprochables en el ámbito administrativo-disciplinario, no constituyen delito”.
A favor del exjuez resaltaron que en el fallo que derivó en su procesamiento había resoluciones por mayoría en las que “nada se explicó en cuanto a de qué modo Ferro poseía, en los hechos, el monopolio del dominio para lesionar el bien jurídico cuando integraba un órgano colegiado”.
El tribunal de alzada resolvió, así, las apelaciones al procesamiento que el juez de primera instancia dictó sobre el excamarista y los abogados Alejandro Ferrarello y María de las Mercedes Hernández Morhaín, integrantes del estudio jurídico “Games y Asociados”, por “haber desplegado –en forma organizada, premeditada y habitual– conductas enderezadas a obtener decisiones jurisdiccionales favorables por la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata” que Ferro integraba.
Consideran ahora que, en función de la prueba colectada en este proceso judicial, “tampoco se encuentra un evidente intento de beneficiar a Ferrarello con el cambio de calificación propiciado, desde que ambos delitos (trata de personas y los delitos contra la integridad sexual) prevén penas de prisión severas y, además, al declinar la competencia, lo estaría sacando de su ámbito de competencia”. Ferrarello era asesor jurídico de los socios que regenteaban el pub Madaho´s, en Playa Grande, estos últimos ya condenados por “explotación económica de la prostitución ajena”.
La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata consideró que Ferro tuvo actuaciones cuestionables en el desempeño de su función, pero advierte que el juez de primera instancia aceptó en la acusación de la querella y la fiscalía “una calificación penal que, trayendo deberes del ámbito administrativo-sancionador, convirtió el juzgamiento disciplinario de un juez en uno penal, rebalsando los límites de las figuras típicas”.
Ferro presentó su renuncia cuando en ámbitos judiciales anticipaban que su destino inminente era un juicio político. En una carta enviada a LA NACION con aclaraciones sobre su situación ante los tribunales y la decisión adoptada, dijo que las acusaciones en su contra eran por presunto prevaricato y un eventual tráfico de influencias, hechos en los que negó responsabilidad. “La denuncia que pesa sobre mí se refiere a otras cuestiones, pero de ninguna manera a esa grave conducta”, dijo, para descartar cualquier vinculación con los responsables de Madaho’s y la explotación sexual de mujeres en ese local.
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