Casos cerrados: cuáles fueron los asesinatos más impactantes que quedaron en estos días sin condena
Quedó impune el asesinato de Solange Grabenheimer
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LA NACIONGustavo Carabajal
Los asesinatos de Lucila Yaconis, Solange Grabenheimer, Nora Dalmasso, María Marta Landívar y Marisol Oyhanart causaron conmoción y provocaron reclamos de Justicia, a través de manifestaciones o de presentaciones en engorrosos expedientes judiciales que terminaron sin ningún condenado. Todos los casos tienen otro elemento aglutinante: el riesgo latente de la prescripción de la acción penal y el fracaso del Estado que resultó incapaz de encontrar a los culpables de los cinco femicidios.
Aunque, según la norma legal, la prescripción de la acción penal se aplica para las personas acusadas de un delito y no para el delito en sí mismo, la falta de resultados en las investigaciones encaradas por la policía y algunos operadores del sistema judicial que intervinieron en esos casos, derivaron en voluminosos sumarios que acumularon cientos de páginas, pero quedaron impunes.
A Lucila, de 16 años, la mataron el 21 de abril de 2003 a dos cuadras de su casa, en Vilela y las vías del tren Mitre, en Núñez. María Marta tenía 38 años, era de Ayacucho, pero se había radicado en Pinamar, donde trabajaba como psicóloga. Allí la mataron, el 18 de mayo de 2012. La misma edad tenía Marisol, que trabajaba como maestra jardinera y era madre de tres hijos, cuando la asesinaron el 14 de abril de 2014, poco después de salir de su casa para realizar una caminata, en Saladillo.
Nora tenía 52 años, cuando la asesinaron en su casa del country Villa Golf, en Río Cuarto, el 25 de noviembre de 2006. A Solange, de 21 años la mataron a puñaladas en el PH en el que vivía en Florida. Al principio de la investigación, su amiga, Lucila Frend fue acusada, pero en el juicio oral fue absuelta en una resolución dictada por unanimidad por el tribunal de San Isidro que la juzgó y consideró que no tuvo ninguna responsabilidad en el crimen.
En todos los casos, ante la imposibilidad del Estado de conseguir que los expedientes avancen y de identificar a los culpables está latente el riesgo de que, en caso que se decrete la prescripción de la acción penal, posteriormente se presente el autor del femicidio y diga “yo la maté”, pero no pueda ser sometido a un proceso porque caducaron los plazos legales.
La ley otorga a la Justicia y a sus auxiliares un plazo para encontrar pruebas contra el acusado un delito. Si en ese tiempo, el Estado no pudo o no supo desarrollar una investigación rigurosa para detener y condenar con pruebas al autor de un crimen, se decreta la prescripción de la acción penal. Esto ocurre porque, según la ley, una persona no puede ser investigada de forma indefinida.
Aunque existen actos procesales que interrumpen ese final abrupto. Según el artículo 67 del Código Penal, la prescripción se suspende, entre otras circunstancias, por el llamado a indagatoria del acusado o el requerimiento de elevación a juicio contra el imputado. Por este motivo, según la ley, la prescripción de la acción penal se aplica para las personas, pero no para los delitos.
El lunes pasado, a 15 años del asesinato de Solange se habría cumplido el plazo legal para decretar la prescripción de la acción penal por el asesinato ocurrido en el PH en el que la víctima vivía con su amiga Lucila Frend.
A partir del informe del médico legista que indicó que Solange fue asesinada durante la madrugada, entre la 1 y las 6, en un horario en el que Lucila estaba en el departamento, la fiscalía acusó a la amiga de la víctima por el homicidio. En un segundo informe, el forense indicó que el homicidio ocurrió entre las 9 y las 15, cuando Lucila había abandonado la casa. A pesar que el legista reconoció que hubo fallas en el momento de tomar la temperatura del cuerpo, un procedimiento clave para determinar la hora del deceso, la fiscalía decidió que esa cuestión se ventile y se dirima en el juicio oral.
El debate realizado en 2011 terminó con la absolución de Lucila. Dos años más tarde, la Cámara de Casación penal confirmó el veredicto absolutorio.
Con la absolución de Lucila, hubo indicios que apuntaron a dos sospechosos, pero nunca se encontraron pruebas para convocarlos a una indagatoria.
En el caso del femicidio de Nora Dalmasso también prescribió la acción penal para perseguir al autor material del asesinato. Sin embargo, la medida no alcanzó a Marcelo Macarrón, el esposo de la víctima, quien será sometido a juicio oral este año debido a que el Ministerio Público de Río Cuarto, consideró que habría contratado un sicario para matar a su esposa.
La defensa de Macarrón solicitó que el acusado sea juzgado por un jurado popular. Para lograr un veredicto condenatorio es necesario que exista unanimidad de los jurados y la acusación contra Macarrón, está huérfana de pruebas.
En 15 años, el Ministerio Público no pudo identificar al autor material del crimen de Nora.
Tampoco hubo pruebas contra un exfuncionario de la Secretaría de Seguridad de Pinamar que, en 2012, estuvo detenido tres días por su presunta responsabilidad en el femicidio de la psicóloga María Marta Landívar.
“Lo que pasó con mi hija fue el crimen perfecto, porque hasta ahora la Justicia no me ha dado ninguna respuesta”, dijo uno de los familiares de María Marta en una nota publicada por LA NACION en 2014.
A casi diez años del asesinato de la psicóloga, existen varios imputados en la investigación, pero a ninguno lo llamaron a indagatoria, un acto procesal que, por ejemplo, interrumpiría el plazo para la prescripción de la acción penal. Tampoco hay nadie detenido por el crimen de María Marta.
No hubo condenados, tampoco, por el asesinato de Lucila Yaconis. Isabel, la madre de la víctima, se puso al frente de la búsqueda de testigos del crimen. Así encontró a una empleada doméstica que trabajaba en O’Higgins y Paroissien, que recordó haber visto a un sospechoso en el cruce de las vías. El otro es el sereno de un galpón en el que reparaban ascensores y que oyó los gritos de una chica que decía “¡dejame, dejame!”. Cuando salió a ver qué pasaba, debido a que estaba oscuro, no pudo ver claramente el rostro del hombre que estaba con su hija. Nunca se dio cuenta de que estaban atacando a Lucila.
En un momento, la policía le dijo a la madre de Lucila que habían encontrado ADN del asesino. El obstáculo para encontrar al homicida fue que no había nada contra lo que se pudiera confrontarse ese patrón genético.
Desde que mataron a su hija, Isabel, una de las fundadoras de la ONG Madres del Dolor, trató de que se creara una base de datos con los ADN de los violadores y así poder dotar a la Justicia de una herramienta para identificar a los autores de abusos sexuales.
Después de mucho luchar, desde Madres del Dolor se consiguió que se creara el banco de huellas genéticas de los condenados por delitos contra la integridad sexual. Pero el problema es que abarca un universo muy chico, porque sólo contiene la información de los violadores con sentencia firme.
En el expediente por la investigación del homicidio de Lucila se incorporaron 80 muestras de ADN de distintos sospechosos, todos los cotejos con el patrón genético del homicida dieron negativo. El asesino de Lucila sigue libre.
La ineficiente reacción estatal
También sigue libre el asesino de Marisol Oyhanart, la maestra jardinera y madre de tres hijos asesinada el 14 de abril de 2014, en Saladillo. A partir de una investigación encarada por un grupo de detectives del Gabinete de Homicidios de la Dirección de Investigaciones de La Plata, se determinó que Marisol fue asesinada por un empresario agropecuario propietario de campos en Saladillo y Bolívar, examante de la víctima. Los investigadores llegaron a esta conclusión después de revisar las pruebas incorporadas en el expediente que se instruye por el femicidio de la maestra jardinera.
A pesar del informe realizado por los policías, ese empresario nunca fue imputado formalmente en el expediente ni citado para declarar como acusado.
Todos los casos demuestran que la ineficiencia del Estado en los cinco procesos penales posibilitó que los autores de los cinco femicidios quedarán libres .
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