La tía rica, su sobrina, una deuda de 30 mil dólares y un crimen atroz resuelto casi seis años después

Hace más de cinco años se esfumaron de la zona de Cochabamba, en el centro-oeste de Bolivia, donde la ley los buscaba por el secuestro y asesinato de Asunta García Siles, de 54 años. La semana pasada, Elizabeth Gonzales Escalera y Daniel Álvarez Valdivia fueron atrapados en la Argentina. Él, de 30 años, fue atrapado en Pueyrredón y Mitre, a un palmo de la Plaza Miserere y a un centenar de metros del consulado de su país en Buenos Aires. Ella, de 36, y presunta ideóloga de aquel crimen ocurrido en 2015, cayó en el domicilio laboral donde se ocultaba con una falsa identidad, en La Matanza.

Detectives de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones, del Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina, les seguía los pasos para cumplir con el pedido de captura internacional librado por el juez Público Mixto de Familia de la Niñez y Adolescencia de Cochabamba, Alexei Fernando Orellana Romero, según informó el Ministerio de Seguridad de la Nación, que los acusaba de “rapto, secuestro y asesinato”, según surge de las circulares rojas A-11669/12-2016 y A-11670/12-2016.

Orellana los acusa de un crimen que hace casi seis años conmocionó a la comunidad del centro-oeste boliviano. Asunta García Siles había desaparecido el 18 de abril de 2015, cuando fue hacia la localidad de Tarata para, presuntamente, encontrarse con una sobrina con la que “habría tenido una deuda económica”; concretamente: le debían 30.000 dólares y había ido a cobrarlos. Su familia no la volvió a ver con vida. Luego de dos semanas de angustiante búsqueda, el cadáver apareció en la localidad de Yana Rumi Punata, en el municipio de Villa Rivero.

“El grupo Bersa de bomberos, junto a la División Homicidios, realizaron el levantamiento legal del cadáver, que se encontraría a 9 kilómetros del municipio de Tarata, en una quebrada. El cuerpo sin vida fue trasladado a la morgue del hospital Viedma para su autopsia de ley”, informó en ese momento el coronel Walter Valda, comandante de la Policía Departamental de Cochabamba, según publicó oportunamente el diario El País en su versión digital.

La pesquisa permitió establecer que a Asunta la habían secuestrado en la plaza principal de Tarata, a las 5 de la mañana del 18 de abril de 2015, y luego la mataron de un tiro en la cabeza y arrojaron su cuerpo exánime al fondo de un barranco, convencidos sus asesinos de que mucho tiempo tardarían en encontrarla.

La evolución de esa misma información, según la información del juzgado, habría permitido a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) establecer que quien tenía la deuda con Asunta era Elizabeth Gonzales, su sobrina, y que ella fue, en consecuencia, la ideóloga del crimen: pretendía cancelar su deuda con la muerte de la acreedora.

Seis días después del hallazgo del cadáver de García Siles en el fondo de la quebrada de Punata, la policía detuvo a dos sospechosos: Timoteo Álvarez Lara y Juan Carlos García Ovando. El subdirector de la Felcc, coronel Richard Vargas, explicó que ambos habían sido vistos con Asunta el día de la desaparición de la mujer. Según publicó el periódico Opinión, el jefe policial señaló que Álvarez Lara había sido el autor del disparo letal, con un rifle, y confirmó que la deuda de 30.000 dólares que Gonzales tenía con su tía era el móvil del crimen.

Para entonces, Adaly Gualuo Gómez, esposo de Elizabeth, esperaba encerrado en la cárcel de San Antonio el desarrollo de los acontecimientos. Lo habían detenido preventivamente porque a él también lo habían visto con Asunta el día de la desaparición.

Había un quinto sospechoso prófugo, que por aquellos días solo era señalado como NN. La pesquisa le puso un nombre: era Daniel Álvarez Valdivia. El juzgado de Cochabamba dio por ciertos los indicios de que el hombre había cruzado la frontera hacia el sur del continente.

Los detectives de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones rastrearon en la Argentina. Y la semana pasada, una brigada operativa del área de Interpol de la Policía Federal, que ya sabía por diversas fuentes que el sospechoso se movía de forma clandestina por el barrio de Balvanera, montó un operativo discreto de vigilancia: el 27 de febrero a las 10.30, en Pueyrredón y Mitre, cerca de la estación Once del ferrocarril Sarmiento, le colocaron las esposas en la calle y lo pusieron a disposición del juez federal Daniel Rafecas, que tramitará el proceso para su extradición a la República Plurinacional de Bolivia.

A partir de esa captura los sucesos se precipitaron: los sabuesos de Interpol ya habían determinado que Gonzales Escalera usaba una identidad falsa, compuesta por su propio nombre, pero completada con el segundo apellido de su padre, Emilio Gonzales Andia. Se hacía llamar Elizabeth Andia y trabajaba en Lomas del Mirador. A las 18.15 del sábado la atraparon cuando llegaba a su lugar de trabajo, en Larrea al 2100, Lomas del Mirador. Su destino está, ahora, en manos del juez federal de Morón Martín Ramos, que la indagará en las próximas horas en la causa por la extradición.

Según las previsiones del Código Penal Boliviano, en su país les espera a ambos una pena máxima de 30 años.

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