En Vicente López: detuvieron a Gustavo Juliá, el empresario que había sido condenado por el tráfico de 944 kilos de cocaína
En las próximas horas será indagado por el juez en lo penal económico Alejandro Catania, magistrado que lo había imputado en una causa donde se investigó un contrabando de oro a los Estados Unidos
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LA NACIONGabriel Di Nicola
Gustavo Juliá cumplió en España una condena de 13 años de cárcel por el tráfico de 944 kilos de cocaína, cargamento que fue descubierto en el aeropuerto de El Prat, en Barcelona, España, oculto en un avión. Regresó a la Argentina, donde la Justicia lo investigaba por contrabando de oro a los Estados Unidos. Al no ser ubicado en los domicilios que había declarado para citarlo a prestar declaración indagatoria, el juez en lo penal económico Alejandro Catania, a cargo de la causa, primero lo declaró en rebeldía y después ordenó su captura nacional e internacional. En las últimas horas, el empresario fue detenido en Vicente López.
Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. “Luego de los trámites de constatación de domicilio y antecedentes, será trasladado a primera hora de mañana para recibirle indagatoria”, afirmaron los voceros consultados.
Juliá será indagado en el cuarto piso del edificio de la avenida de los Inmigrantes 1950, en Retiro, donde tiene su despacho el juez Catania.
“Después de la declaración indagatoria, podrá quedar en libertad. Su rebeldía fue porque no compareció para prestar declaración indagatoria”, explicaron fuentes judiciales.
Juliá fue detenido en Vicente López por personal de la Patrulla Municipal en un control vehicular. Según fuentes oficiales, Juliá, de 57 años, fue detenido en Malaver y Azcuénaga cuando circulaba en una moto Yamaha XSR 900
“Después de cumplir la pena en España, Gustavo Juliá regresó a la Argentina. Pero, en el momento de citarlo a prestar declaración indagatoria no pudo ser hallado en ninguno de los domicilios que denunció en el expediente. Así que fue primero fue declarado en rebeldía y después se ordenó su captura nacional e internacional en la causa donde es investigado por contrabando de oro”, explicaron en su momento fuentes judiciales a LA NACION.
Catania es el magistrado del fuero en lo penal económico que, en su momento, tuvo a su cargo la investigación sobre la conexión local por el tráfico de los 944 kilos de cocaína secuestrados por la Guardia Civil el 2 de enero de 2011 cuando aterrizó en Barcelona el Bombardier Challenger 604, que Juliá había adquirido después de firmar un contrato de leasing.
La causa se tramitó cuando Juliá estaba preso. Catania, según explicaron las fuentes consultadas, por medio de un exhorto judicial, había pedido que el empresario sea indagado en España por ocho operaciones de contrabando de oro hacia los Estados Unidos.
En ese expediente judicial, Catania procesó y envió a juicio a tres sospechosos: un socio del empresario aeronáutico y dos mujeres.
Para el abogado Carlos Broitman, que defendió a Juliá en el caso del narcojet, la causa por el contrabando de oro está prescripta.
La División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA), a pedido del juez Catania había cargado la circular roja (notificación dirigida a las fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de su extradición o entrega) con los datos de Juliá.
Juliá es hijo del fallecido brigadier argentino José Juliá, jefe de la Fuerza Aérea Argentina durante la presidencia de Carlos Saúl Menem.
En enero de 2013, La Audiencia Provincial Sección Octava de Barcelona condenó a 13 años de prisión al empresario y a su hermano Eduardo Juliá,piloto del Bombardier Challenger 604 que había despegado del aeropuerto internacional de Ezeiza la tarde del 1 de enero de 2011 y donde estaba oculta la cocaína. Matías Miret, el copiloto, fue absuelto.
En el alegato del juicio, que se hizo en diciembre de 2012, el fiscal David Benages había acusado a los hermanos Juliá de cometer “un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, con la circunstancia de extrema gravedad por el uso de un aeronave como medio de transporte específico”.
Además, el representante del Ministerio Público español había sostenido que los acusados cumplían una función fundamental dentro de una “planificación estricta y meticulosa de custodia y transporte de los casi 1000 kilos de cocaína”.
Ese cargamento, con un peso de 944 kilos de cocaína, fue valuado, en su momento, en 32.116.000 de euros. Los paquetes que contenía la droga estaban ocultos en dos falsos sofás-cama, que estaban enfrentados, de espaldas a las ventanillas, y en un armario colocado en el fondo del avión
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