Bullrich reforzó el control interno de las cuatro fuerzas

La creación del Área de Control de Integridad de las Fuerzas Federales fue una de las primeras medidas que tomó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para controlar el desempeño de los efectivos de la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

De varias medidas que lleva a cabo esta área ministerial -como la obligación de presentar declaraciones juradas, controles toxicológicos sorpresivos y un área de diversidad sexual-, quizá la más disruptiva sea el Sistema de Protección Administrativa, inspirado en el método WhistleBlowers que utiliza, entre otras instituciones, la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, conocida por sus siglas en inglés como NSA.

El sistema fue creado para proteger a los agentes de las fuerzas que decidan denunciar voluntariamente un hecho de corrupción interno de las fuerzas. Garantiza a quienes hablen que no serán hostigados por un jefe directo, pues se les brindará protección administrativa directa de la cúpula ministerial, sin que haya un superior jerárquico de por medio.

A fines de septiembre pasado, la ministra modificó el decreto original, de principios de 2016, mediante la resolución 1014-E2017, con la que se amplió el margen de protección: la primera afectaba a testigos o a víctimas de corrupción; con la modificación, también alcanza a "denunciantes" y se incluyó la posibilidad de denunciar situaciones de "violencia institucional".

Creada en febrero de 2016, mediante la resolución 561 - E2016, el área comprende cinco direcciones. Para ocupar estos lugares, considerados claves para "transparentar" las fuerzas y para atacar lo que Bullrich denomina "mafias corruptas arraigadas", la ministra se rodeó de personas de su extrema confianza.

En agosto de este año fue descabezada la Delegación Chascomús de la Policía Federal luego de que un suboficial denunciara que su superior, el subcomisario Jorge Morel, filtraba información a presuntos delincuentes sobre la incautación de drogas y que se negaba a investigar determinados casos. Tras un operativo en esa localidad se comprobó la veracidad de la denuncia. Inmediatamente, Morel fue puesto a disponibilidad y tiene una causa penal en su contra, según confiaron fuentes del ministerio.

Consultado por LA NACION, el perito forense Miguel Ángel Maldonado opinó: "Las fuerzas aún están saliendo de un proceso de laxitud; antes, cada uno hacía lo que le parecía y no había control. Está bien que todo inferior pueda denunciar a un jefe si ve algo verdaderamente ilegal, pero tiene que tener fundamentos, esto no debe convertirse en una caza de brujas porque así se perdería la cadena de mando".

El área cuenta con otra facultad novedosa para estos tiempos: un equipo de la Dirección de Ejecución de Pruebas de Integridad de las Fuerzas Policiales y de Seguridad tiene la facultad de realizar pruebas toxicológicas en cualquier dependencia de las fuerzas. Tienen la característica de ser "sorpresivas, preventivas y aleatorias".

Para llevarlas a cabo se importó desde Alemania el detector Dräger DrugTest 5000, que es un aparato del tamaño de un horno de microondas y es capaz de detectar en ocho minutos seis tipos de drogas en un organismo: benzodiacepinas, anfetaminas, metanfetaminas, opiáceos, cocaína y marihuana.

A los agentes que se les detectan drogas se les inicia un proceso de sanciones administrativas y se eleva la denuncia a la Justicia.

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