Bruno Corda: “El Estado muestra que es más poderoso que la mafia cuando logra sacarle sus bienes”
El director de la agencia italiana que administra los bienes confiscados al crimen organizado afirma que la Justicia “debe poner más la lupa sobre los flujos financieros del crimen organizado que sobre las personas”
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PARA LA NACIONGermán de los Santos
Bruno Corda, director de la agencia que administra los bienes secuestrados y confiscados a la criminalidad organizada en Italia, asegura que la mafia en su país “cambió”. Fueron los crímenes de Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, en 1992, los que encendieron la reacción popular que provocó que la mafia cambiara. Según este funcionario, que administra los bienes extirpados a la mafia –como ocurrió en 2018 con las fastuosas propiedades en Roma del clan Casamónica–, “el Estado muestra que es más poderoso que la mafia cuando logra sacarle sus bienes”. Italia es el país que más avanzó en este sentido.
Actualmente, más de 20.000 bienes confiscados a la mafia italiana han sido puestos al servicio de la comunidad. Propiedades, campos, vehículos, maquinaria agrícola y obras de arte, entre muchos otros, son gestionados por organizaciones de la sociedad civil, que los destinan, a su vez, a cooperativas y a emprendimientos con contenido social.
Corda llegó a Buenos Aires para participar de un seminario organizado por la Unión Europa –en el marco del programa Copolad– y la organización social Libera, que impulsa en Italia esta idea desde la década del 90. Jueces, fiscales, autoridades y representantes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y legisladores nacionales de siete bloques parlamentarios mantuvieron reuniones e intercambiaron ideas para avanzar, además, con el Proyecto Bien Restituido, una iniciativa legal patrocinada por Libera y otras organizaciones, como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Fundación Multipolar y Circolo Giuridico di Argentina, que fue presentada el mes pasado en la Cámara de Diputados de la Nación.
El objetivo es establecer este sistema en la Argentina para que los bienes que decomisa la Justicia puedan ser administrados por una agencia que le dé un fin social. Según un estudio realizado por la consultora Analytica en la Argentina, el Estado podría aprovechar unos 100.000 millones de pesos en concepto de bienes –propiedades, aviones y vehículos–, armas y joyas que se decomisan en causas judiciales y que con el paso del tiempo se herrumbran en depósitos judiciales.
En diálogo con LA NACION, Corda señaló que “este tipo de acciones del Estado genera mensajes muy claros para las nuevas generaciones, que muchas veces ven que la mafia está resguardada de impunidad”.
–¿Es cada vez más complejo perseguir el crimen organizado por su modo de funcionamiento globalizado?
–Hay un cambio importante que se dio en los últimos años. En Italia hoy vivimos una situación que es diferente de la que enfrentábamos hace 20 años, en la época en que los grupos criminales y mafiosos estaban muy fortalecidos y llevaban adelante hechos sangrientos que tuvieron una fuerte repercusión e impacto en la sociedad. Este cambio no quiere decir que el problema de la mafia esté resuelto, sino que es diferente. Ahora debemos de poner más atención en las inversiones y los movimientos a nivel financiero y económico de estas organizaciones vinculadas al crimen organizado en distintas partes del mundo. Es la nueva manifestación más peligrosa y sofisticada de la mafia. Creo que los países en los que el crimen organizado se manifiesta, como por ejemplo con el tráfico de drogas, deben fortalecer sus legislaciones para poder enfrentar este problema y generar espacios de coordinación para que las policías pueden compartir información para seguir las rutas del dinero.
–¿Hubo un hecho decisivo en Italia que marcó la decisión de confiscar y reutilizar los bienes en la mafia a nivel social?
–Esta fue una iniciativa que surgió desde la gente y tuvo un amplio consenso. Italia fue el primer país del mundo en crear un sistema para el uso social de las propiedades, vehículos, yates, fábricas, campos y empresas del crimen organizado. La normativa es algo visible, porque luego llega a la sociedad que se apropia de esos bienes. Por eso, tiene un significado cultural práctico y un mensaje muy claro que va dirigido a las nuevas generaciones. Esto tiene una gran relevancia porque es la prueba de que el Estado es más fuerte que el crimen organizado. El paso del tiempo lleva al deterioro de los bienes y, sobre todo, crea dificultades. Entonces, es necesario proteger el valor del activo de esta manera, porque significa recuperarlo en lo que a la economía legal se refiere.
–¿Hubo miedo, de parte de la población, de que fueran blanco de venganzas?
–No surgió miedo, porque un punto clave y delicado es que se diseña un sistema en el que los destinatarios de los bienes son los municipios. En esto hay que tener mucho cuidado con la posible infiltración de los grupos criminales en las intendencias, que son quienes manejan estos recursos. Hemos detectado en unos pocos casos que el criminal genera una estrategia para reclamar los bienes y destruirlos después de transferirlos. Hay una creencia de la gente joven que tiene la sensación de que el que comete un delito no lo paga. Es un fenómeno que tiene que ver con la impunidad. Cada vez es más común en Italia que el delincuente no necesariamente se imponga en el territorio con violencia, sino a través del consenso, de la penetración en el mundo del trabajo y de la economía legal. El Estado tiene que romper esa creencia de que reina la impunidad. Muchos jóvenes creen que cometer un delito, como ir a robar o estar dentro de un grupo criminal, es algo que rápidamente lo hará ascender a nivel económico y le aportará una buena vida. El Estado debe demostrar que le puede quitar esos bienes al criminal, como mansiones, autos y barcos, que son la manifestación externa de su actividad mafiosa, y hacer que alguien más los reutilice. Es la mayor lección que se le puede dar a la sociedad civil. La comunidad recibe y protege los bienes, por eso no tiene miedo.
–¿Fue el hartazgo a la violencia, con los crímenes a jueces que investigaban a la mafia, lo que generó el acuerdo político para avanzar sobre los bienes?
–Los asesinatos de Falcone y su esposa y de Borsellino, en 1992, constituyeron episodios muy fuertes que despertaron una reacción popular frente a las mafias. Fue clave ese momento histórico porque los grupos criminales se dieron cuenta de que no podían usar la violencia extrema porque habían pasado a tener como principal enemigo a la sociedad. Ese cambio que se dio fue muy importante, también, porque percibieron que debían invertir dinero para retomar los vínculos con la población. El Estado tuvo que cambiar su enfoque, porque debió ya no solo poner la lupa sobre las personas que cometían delitos, sino también sobre los flujos de capitales y activos.
–¿Hay experiencias en América Latina que se hayan inspirado en el modelo italiano de confiscación y recupero de activos con utilización social?
–Colombia es un caso interesante que ha iniciado un camino en los últimos años. La normativa es diferente de la de Italia, pero hay elementos similares. También el caso de la Argentina, donde hay una nueva oportunidad para el tratamiento de una ley. Esto es muy importante que países como Colombia y la Argentina debatan este tipo de normativas porque irradia interés en otros países de la región que pueden seguir el mismo camino.
Casos de estudio en la Argentina
El proyecto Bien Restituido reconoce varios “casos testigo” de reutilización de bienes originados en el crimen organizado.
Uno de ellos fue el que llevó adelante en 2008 el entonces juez federal Sergio Torres (hoy ministro de la Suprema Corte bonaerense), que decretó la incautación de las maquinarias textiles en un caso de trata de personas para entregarlas al INTI con la obligación de generar puestos de trabajo para las personas rescatadas de la situación de trabajo esclavo. Eso se tradujo en la creación del Centro Demostrativo de Indumentaria en la ciudad de Buenos Aires.
También se destacaron el secuestro de 28.000 hectáreas en el norte de Salta que pertenecían al narco Delfín Castedo y el caso de la maquinaria vial incautada en una causa de lavado de dinero por el juez federal porteño Sebastián Casanello, que ahora es utilizada por Vialidad Nacional y el Ejército.
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