Bobinas Blancas: piden penas de hasta 15 años por narcotráfico y lavado de dinero con criptomonedas
Los máximos acusados son tres mexicanos que dirigían la operatoria en el país; pero el fiscal consideró que lo saliente era que por primera vez se juzgaba el intento de blanqueo de fondos a través de bitcoins y pidió una multa de ocho veces el monto del producto malhabido
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LA NACION
El fiscal federal Gabriel González Da Silva pidió penas de entre 5 y 15 años de prisión para siete personas acusadas de integrar la organización transnacional que llevó adelante la operatoria de narcotráfico desarticulada con la operación “Bobinas Blancas”, el intento de contrabando de 1862 kilos de cocaína a España y a Canadá en 2017. Lo saliente del alegato es que fue el primero en el que se pidieron penas por el lavado de dinero a través de criptomonedas. Al respecto, además del castigo en años, solicitó una multa de ocho veces el valor de lo producido por la maniobra delictiva. En la primera audiencia del juicio, en febrero, seis de los siete admitieron su culpabilidad en el caso.
Durante más de siete horas de alegato virtual, en el juicio que se realiza a través de la videoplataforma Zoom ante el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, el fiscal solicitó las penas más altas para tres mexicanos: 15 años de prisión para Max Rodríguez Córdova y 14 años para Gilberto Acevedo Villanueva y Jesús Madrigal Vargas; los acusó por tráfico de estupefacientes, agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo, según informó el Ministerio Público Fiscal en su portal informativo fiscales.gob.ar.
Al acusarlos de partícipes secundarios del tráfico de drogas, González Da Silva pidió seis años de prisión para Marcelo Rafael Cuello y Amílcar Darío Martino, y cinco años para Darío Maximiliano Cuello.
Pero la acusación más singular en el caso fue contra Emmanuel García, para quien el fiscal pidió una pena de 8 años por lavado de activos de origen ilegal, y una multa de hasta ocho veces el valor del producto que obtuvo del negocio ilegal. Según se precisó en fiscales.gob.ar, el fiscal destacó que lo relativo a la imputación sobre García debe ser considerado un leading case para demostrar que “no solo se persigue a los vulgarmente llamados ‘ladrones de gallinas’ y que también es una advertencia al mercado económico y financiero sobre cómo tienen que operar”.
Estructura de la organización
En su alegato, el fiscal González Da Silva detalló la estructura de la organización y cómo se ejecutaban las distintas maniobras para encubrir el tráfico internacional de estupefacientes y para inyectar en el mercado legal el dinero que provenía del narcotráfico. Afirmó que los mexicanos daban las órdenes a los hermanos Cuello y a Martino, en tanto que García se comunicaba de manera directa con el máximo jefe de la organización, un hombre al que llamaban “el licenciado” que operaba desde el exterior.
Según publicó fiscales.gob.ar, los mexicanos Rodríguez Córdova, Acevedo Villanueva y Madrigal Vargas viajaron al país para acondicionar la droga para su contrabando (los panes de cocaína iban colocados dentro de grandes bobinas de tipo eléctrico) y para decidir cuándo y bajo qué forma se haría el tráfico. Los hermanos Cuello, que operaban en Mendoza, administraban los galpones donde se guardaba la droga y proveían el transporte y los traslados a los traficantes mexicanos.
En cuanto a Amílcar Darío Martino, involucrado en el tráfico de drogas desde Quequén, era el gerente general de la empresa “Can Trade Connections” -dirigida por un canadiense y con sedes operativas en México, Canadá, Reino Unido, España y la Argentina-, encargada en la importación de equipos y máquinas usados para acondicionar los estupefacientes para el contrabando. El fiscal lo acusó de ser “el encargado del traslado de la mercadería a Bahía Blanca y de realizar los trámites de exportación de las bobinas de acero que actuaban como pantalla para el traslado de cocaína”.
Caso testigo
El fiscal consideró que, además de tratarse del “mayor secuestro de estupefacientes en el país sobre una organización internacional dedicada al narcotráfico” la importancia de este juicio radica en que se trata del primer antecedente jurisprudencial de lavado de dinero con criptomonedas.
Ante el tribunal integrado por los jueces Pablo Candisano Mera, Pablo Larriera y Pablo Díaz Lacava, el fiscal remarcó que García, acusado de lavado de dinero, no actuó de manera accesoria a la banda, sino que “puso a disposición sus conocimientos y recursos para transferir los bienes en dinero efectivo para dárselos a los ciudadanos mexicanos con el objetivo de financiar el armado criminal”.
En ese sentido destacó que “cada transacción se pensó, se pactó, se dio inicio y se concretó de manera independiente a cada una de ellas, para cambiar bitcoins y seguir financiando a la banda que operaba en la Argentina”.
“En las distintas operaciones, García recibió bitcoins, los transformó y los entregó en dólares estadounidenses en al menos cinco fechas diferentes, actuando en diversas ocasiones con diferentes sujetos, más allá de que todos integraban la misma banda criminal”, acusó González Da Silva.
Y agregó que “cada una de estas operaciones conservaban su individualidad y ninguna de ellas estaba sujeta o condicionada a una operación anterior o posterior, más allá de que se observó una mecánica y modalidad común”.
El mercado de criptomonedas
El fiscal resaltó la dificultad del seguimiento de los registros comerciales en el mercado de las criptomonedas y precisó que el imputado nunca colaboró ni aportó sus billeteras digitales para que se pudieran examinar las distintas transacciones ejecutadas.
“La cadena de bloques es una suerte de ‘matrix’ planetaria descentralizada, donde quedan registradas de manera inalterable todas las operaciones con bitcoins en forma pública, pero que no almacena ni nombres, ni direcciones IP, ni documentos de identidad, ni números de teléfonos [...] por lo que es difícil llegar de otra forma a su conocimiento, ya que además hay sistemas para interferir y hacer desaparecer la trazabilidad de las operaciones”.
En cuanto a la actitud del acusado, expresó que a García “no le preocupaba que las operaciones en las que intervenía estuviese vinculada con bienes ilícitos o que estuvieran ‘manchados con sangre’: solo le importaba si le afectaba la wallet [monedero virtual] y que no lo estafaran a él”.
La estructura criminal
Según la investigación del fiscal, la organización era encabezada por un canadiense que estaba al frente de Can Trade Connections. Un escalón por debajo estaba el “licenciado” mexicano que vivía en Canadá y al que respondían los mexicanos que operaban con dos grupos empresariales constituidos en Mendoza y en Bahía Blanca. De esta estructura participó Rodrigo Alexander Naged Ramírez, el colombiano nacionalizado mexicano que fue asesinado en junio de 2018, junto a su hijo, en un departamento del barrio porteño de Belgrano. Por ese doble crimen es juzgada actualmente la abogada de Naged Ramiro, Julieta Bonanno, como presunta entregadora.
El “modus operandi” de la organización, según informó fiscales.gob.ar, consistía en “armar sociedades gerenciadas por personas argentinas, de recursos bajos o medios, de instrucción media, con un giro comercial lícito para llevar a cabo, luego de un tiempo de trabajo, el envío al exterior de grandes cantidades de estupefacientes”.
Además, la organización se ocupaba de colocar en el mercado financiero, a través de “bitcoins”, dinero por montos que superaban los 300.000 pesos argentinos y que eran usados en el marco de las presuntas actividades ilícitas vinculadas al tráfico internacional de estupefacientes.
El principio de fin
El caso Bobinas Blancas comenzó el 14 de marzo del 2017, con un aviso de la Drug Enforcement Administration (DEA) a la División de Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA), en la que advertía sobre una operación de narcotráfico en el país. Se hacía referencia a las actividades de exportación de estupefacientes camufladas en el envío de bobinas de láminas de acero hacia España y/o Canadá. El informe de la autoridad antidrogas norteamericana detallaba que el grupo narcocriminal era financiado desde México y que operaba desde el Puerto de Campana.
El 18 de junio de 2017 se logró desbaratar la organización narcocriminal y secuestrar un total de 1862,17 kilogramos de cocaína, ubicadas en gran parte dentro de ocho bobinas de acero que había en un galpón en el Parque Industrial de Bahía Blanca, mientras que el restante lote de estupefacientes se encontraba acondicionado dentro de bolsas de arpillera en un galpón de la localidad mendocina de Perdriel.
En los allanamientos se pudo dilucidar el método empleado para camuflar los estupefacientes en los envíos y su meticulosa construcción, que consistía en 1258 paquetes rectangulares de cocaína ubicados dentro de las bobinas, adecuadas especialmente para guardar la droga y repeler todo posible método de detección a partir de la construcción de un campo magnético a su alrededor.
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