“Atentamente: San Martín”: de Villalba a Alicho, así es la guerra narco que quedó al descubierto por la droga envenenada

A Max Alí Alegre siempre lo llamaron Negro Alí o Alicho, pero cuando ganó poder, se convirtió en el Patrón o la Vieja. Tiene apenas 32 años. Está preso desde 2017. Su jefe de seguridad, Blas Adrián Gómez, alias Gordo, tiene 29 años. También está detenido desde hace casi cinco años. Su chofer, Joaquín Aquino, desde esta semana popularmente conocido como El Paisa, tiene 33 años. Estuvo en la cárcel entre 2017 y 2020. Dylan, el hijo menos conocido de Miguel Ángel Mameluco Villalba, tiene 30 años, pero poco y nada se sabe sobre su vida, solo que en 2017 se salvó de caer ante las balas de dos sicarios. Esos son los nombres que repiten los investigadores al explicar lo que pasa en San Martín. Esas son las identidades de los “rápidos y furiosos” y presos de larga data, a decir de sus edades y sus prontuarios, que podrían estar detrás de la cocaína adulterada que ya mató a 24 personas, con la hipótesis de un “vuelto” en la interminable guerra entre bandas en la zona noroeste del conurbano bonaerense.

Una fuente de la investigación, con los pies en el territorio, le adelantó a LA NACION esa sospecha: “Tenemos la hipótesis de que El Paisa filtró de alguna manera gente en la banda de Mameluco para adulterar la droga”. Otra fuente, de las que toma decisiones, dio otra versión, pero con los mismos protagonistas: “La que se vendía en Puerta 8, en Tres de Febrero, podría provenir de la que movía El Paisa y su banda, pero hasta no tener un peritaje, será difícil relacionarlas”.

Pero esta historia, si se pudiera poner una fecha, comenzó antes, mucho antes. En San Martín, el 2017 fue un antes y un después.

El 4 de enero de ese año, Alan Maximiliano Dolz cumplió 21 años. Hacía sus primeras armas en la Policía Federal Argentina (PFA). Entonces, le rezó a su Dios: “Señor: dame fuerzas para seguir adelante en esta profesión, para no llorar cuando mi compañero esté modulando en prioridad, para que no se me ponga la piel de gallina y poder correr como si no estuviera cansado o con sueño, dale paz a mi madre para que pueda dormir sin preocupaciones mientras yo estoy velando por la seguridad de otros, dame corazón para no quebrar mi voz cuando cae un camarada y con la mirada perdida casi en llanto volver a casa y decir que todo está bien para no preocupar a nadie. Por último, dame un poco más de tiempo para abrazar a mis padres y a mi hermana antes de ir a tomar servicio y el día que tú me llames, me dejes poder cuidar a los que dejo acá porque esa siempre ha sido mi función: celar por ustedes desde el más allá. Amo a mi querida PFA”.

Casi cuatro meses después, el 27 de abril, mientras hacía tareas encubiertas en villa Loyola, en San Martín, un transa lo sorprendió por la espalda. Aquella mañana, los policías debían constatar si ahí vendían droga. Vestidos como verduleros, entraron por el monumento al Gauchito Gil: primer pasillo, segundo. En el tercero, varios pibes lo descubrieron. Algunos le pegaron y otro lo apuntó con una pistola.

– ¡Son polis, matalos! -gritó uno.

– ¡'Anguila’, tirale! -ordenó otro.

Tal vez Dolz no llegó a saberlo, pero los que copaban el narcomenudeo en esa zona eran, justamente, Alicho Alegre y Gordo Gómez.

El 15 de julio de ese año, Gómez y otro miembro de la banda ejecutaron, por traición, a uno de ellos: Walter Maximiliano Peralta, alias Pica.

Recién en el 2020, los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) N° 1 San Martín, Héctor Sagretti, Daniel Gutiérrez y Silvina Mayorga, condenaron a Alegre a nueve años de prisión como jefe de la organización dedicada al narcomenudeo en Villa Loyola y a Gómez, a prisión perpetua por el asesinato de Peralta. Por el crimen de Dolz, una persona, denuncia anónima mediante, señaló como responsable al El Paisa, pero, hasta ahora, él y los otros zafaron.

El 3 de junio de 2020, El Paisa volvió al barrio.

En el medio está Javier Alejandro Pacheco, alias Rengo, peleado a muerte con ellos, sus exsocios, incluso con uno de sus hermanos, que para no perder poder se fue con Alicho. A mitad de 2021, el juez federal de Morón Jorge Rodríguez ordenó arrestar a Pacheco, su hijo, su pareja, su exesposa y otros cómplices. También por narcomenudeo, pero en la Villa 9 de Julio. Cuando los uniformados llegaron a su casa, el acusado los recibió con un reproche: “Desde temprano, desde temprano, ahora te digo. ¿Me estás filmando?”. Así, sugirió que un sector de la policía bonaerense lo había alertado de que otro sector iría en esas horas por él.

Olía la traición.

Y tenía razón.

Como las denuncias en esa zona no prosperaban, alguien “entregó” datos por demás precisos sobre Pacheco a la División del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de Ezeiza, a cargo del comisario Maximiliano Anauati, hermano de Sonia Anauati, que no era otra que la abogada, muy casualmente, de Alegre.

Caído en desgracia, le cayeron todas las causas de las que venía zafando: el juez Rodríguez lo llevó a juicio por un cargamento de 7449 kilos de marihuana secuestrado en 2018 en Moreno. Rengo no solo se dedicaba al narcomenudeo ,sino también al narcotráfico. Desde la prisión, mientras daba a entender que sin él en el territorio “hay más muertos en San Martín”, por lo bajo prometió vengarse. Y hasta ofreció una millonaria recompensa.

Pero el tiro le salió por la culata. El 23 de julio de 2021, un sicario acribilló de ocho disparos al oficial inspector Ricardo González, de la PFA, en Loma Hermosa. En la escena del crimen, los detectives encontraron dos pistas. En un bolsillo de la campera, el uniformado tenía un papel con coordenadas: “Blas Adrián Gómez. M=1 – P 2. Gordo Blas Avicho”. Estaba mal escrito: “Avicho” era en realidad “Alicho”. Eran el módulo y el pabellón de la cárcel de Villa Devoto donde estaban alojados. El otro mensaje, pero dejado por el asesino: “‘Rengo’ Pacheco: ¿10 millones por mí? Acá tenés tus 10 millones. Atentamente: San Martín”.

Increíble, pero real: el policía quería cobrar la recompensa del narco por matar a otros narcos.

Aunque él fuera policía federal, aunque los “blancos” estuvieran en prisión.

LA NACION pudo reconstruir que González, para ejecutar el plan de Pacheco, se reunió con una misteriosa mujer. Ella lo contactó con su marido preso en la Unidad 37 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en Barker. Este interno habló con otro, uno pesado de verdad, exmiembro de la superbanda de Luis Valor, más conocido como Gordo, que por su cabeza en algún momento se llegaron a pelear la policía bonaerense y el Ejército, alojado ahora en una de las unidades de Olmos.

Este capo del delito de la vieja escuela llamó a dos transas que estaban en libertad. Estos dos conocían a dos internos de la cárcel de Devoto capaces de “bajarse” a Alegre y Gómez, pero se enteraron del plan a tiempo y consiguieron que el sicario gatillara para ellos. González fue la prueba. LA NACION conoce los nombres de los protagonistas, pero por ahora no los revelará para preservar la investigación de la fiscal Gabriela Disnan.

Alicho y Gordo se salieron con la suya. De nuevo. Y desde la cárcel, siguieron con el negocio por medio de El Paisa”. El fiscal federal Diego Iglesias, a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), dependencia que auxilia a las fiscalías federales en la temática, abrió el 9 de agosto de 2021 una investigación en su contra.

Según una denuncia recibida por la Dirección de Investigaciones Contra el Crimen Organizado de la policía bonaerense, El Paisa encabezaba una organización dedicada al narcomenudeo en Villa Loyola, Villa Sarmiento y Villa 18, histórico asentamiento controlado por el clan Villalba.

En solo tres meses, los investigadores juntaron nombres, alias, direcciones, fotos y hasta videos del El Paisa Aquino y sus cómplices. Incluso, supieron que estaba en rebeldía desde hacía un año. Por eso, el 9 de noviembre pasado, le solicitó al juez federal Juan Manuel Culotta una serie de allanamientos de domicilios y registros de los vehículos utilizados por la banda.

El magistrado le corrió vista, primero, al fiscal federal de San Martín, Jorge Sica, pero finalmente el expediente fue delegado en el fiscal federal de Tres de Febrero, Paul Starc, quien ordenó una serie de medidas de prueba para continuar con la investigación iniciada por la Procunar.

Los allanamientos fueron ordenados, finalmente, el miércoles pasado, tras la explosión de los muertos por la cocaína envenenada y la hipótesis de que podría ser un “vuelto” entre El Paisa y los Villalba, con Puerta 8 como escenario de guerra, donde las víctimas fueron a comprar las bolsitas rosas por 200 pesos, el martes por la noche, ni bien terminó el partido entre la Selección Argentina y su par de Colombia.

Los peritos químicos así como los médicos forenses todavía no determinaron qué sustancia fue la utilizada para estirar la cocaína. Los internados respondieron bien a la naloxona. Por eso, algunos sugieren que fue fentanilo, sinónimo de muerte en los Estados Unidos. Sin embargo, el medicamento suministrado a los que tuvieron la suerte de llegar al hospital revierte esos tipos de cuadros provocados por todo tipo de opiáceos. Saber cuál fue la sustancia de corte, por su precio y su circulación, será clave para avanzar con la hipótesis correcta: la guerra entre bandas o el error del “cocinero”.

Sea cual sea el corte de la línea, ninguno querrá hacerse cargo de los 24 muertos por la cocaína envenenada.

Pero por consumo problemático de drogas y lucha por el territorio, los muertos, desde hace años, se cuentan todos los días en San Martín y otros puntos del país, como en una pandemia.

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