Atendieron más de mil casos de agresiones

En sus primeros dos años y siete meses, la Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a las Víctimas (Dovic), dependiente del Ministerio Público Fiscal, tomó intervención en 1178 casos de violencia de género, como ocurrió en la causa de abuso sexual en la que está acusado el líder de la banda El Otro Yo, Cristian Aldana. Se trata de la primera dependencia creada para darles un papel importante a las víctimas en el proceso judicial, además de garantizarles protección y seguimiento durante la investigación judicial.

La estadística de la Dovic, que analizó el trabajo realizado desde agosto de 2014 a febrero de este año, precisó que los casos de violencia de género representan el 27 por ciento del total, seguidos por los expedientes sobre maltrato y abuso infantil, que fueron 1006. El daño dirigido a los menores es otra forma de violencia de género, ya que el agresor espera en muchos casos provocar un daño emocional a la madre de los chicos.

También se trató 646 casos de trata y explotación y 308 investigaciones sobre delitos graves en los que se vinculó la causa con agresiones sexuales.

Otras 231 intervenciones tuvieron que ver con situaciones de violencia policial y el personal de la Dovic colaboró además en 712 testimonios brindados en cámara Gesell, según los datos a los que accedió LA NACION.

Uno de los casos más emblemáticos en los que intervino la Dovic fue la investigación que inició la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) cuando advirtió en redes sociales denuncias públicas sobre el músico Cristian Aldana, detenido y procesado desde diciembre pasado por abuso sexual. Las seis denunciantes fueron entrevistadas por profesionales de la Dovic y, a partir de esos testimonios, la UFEM presentó la denuncia en un juzgado.

Una guía para los fiscales

"La Dovic cumple un doble rol. Por un lado, el abordaje, acompañamiento y fortalecimiento de la víctima para que pueda sostener y transitar el proceso penal, que muchas veces demandará años, y, por otro, el apoyo al fiscal del caso que solicita la intervención en la marco de la estrategia de investigación que está llevando adelante", explicaron en esa dirección.

"Párrafo aparte merecen los casos que son derivados directamente por la Unidad Fiscal de Ejecución Penal en la etapa de ejecución de la pena", se señaló en la Dovic y se detalló que fueron recibidas 728 solicitudes de intervención. En esos casos, "el trabajo de abordaje que se realiza es diferente del que se hace con las víctimas que ingresan a los programas especiales en las etapas de instrucción o juicio", porque en la mayoría pasaron varios años desde la sentencia y se requiere relevar la situación actual de la víctima.

Se trata de un trabajo focalizado en los delitos de violencia de género y contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes. "En los casos de los imputados no privados de libertad se trabaja con las víctimas ante los incumplimientos de las pautas de conducta fijadas al momento de dictarse la condena en suspenso", se informó en un documento de la Dovic.

Para apoyar el trabajo de esa dependencia, la procuración tiene previsto distribuir en las fiscalías de todo el país una guía con recomendaciones para el tratamiento de casos de violencia de género.

Se trata de una serie de indicaciones que se aprobaron el año pasado y que ahora, ante la mayor difusión de esos casos y el impacto de los asesinatos de Micaela García y de Araceli Fulles adquirió otro peso público frente a la mirada social sobre el rol de la Justicia en las denuncias sobre violencia de género y en la liberación anticipada de condenados.

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