Atacaron a dos niñas de la etnia wichi en Salta, violaron a una de ellas y ahora están prófugos

Dos violadores son intensamente buscados en los pequeños poblados rurales ubicados en el noreste de Salta, en las fronteras con Bolivia y Paraguay. El 31 de marzo pasado atacaron a dos niñas de 12 y 13 años que salían de una iglesia en una muy pequeña comunidad de originarios matacos y wichis llamada La Puntana, en el departamento Rivadavia. La más pequeña logró escapar. En cambio, la otra menor fue golpeada y abusada sexualmente por un vecino indígena y por un criollo.

El viernes pasado, la niña violada fue trasladada por su propia madre hasta el hospital de la ciudad de Tartagal, adonde debieron llegar luego de un largo peregrinaje por montes y rutas, para que recibiera atención de urgencia. Los datos incorporados en el expediente luego del análisis médico de una doctora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) confirman que la menor tenía lesiones compatibles con abuso sexual y que además había sido golpeada. Por este motivo, se activaron todos los protocolos para casos de violencia de género, y se le suministraron medicamentos de profilaxis y anticoncepción de emergencia.

Sobre este punto, el Ministerio Público Fiscal de Salta, informó en un comunicado: “El abordaje integral contempla la evaluación clínica, exámenes complementarios y tratamientos de lesiones corporales y genitales, laboratorio inicial y test de embarazo. En caso de que este último sea positivo, se asesorará sobre el derecho a acceder a una Interrupción Legal del Embarazo [ILE]”.

Ambos sospechosos continúan prófugos luego de haber violado a la menor. Por este motivo, y por las cercanías del lugar del hecho con dos fronteras internacionales, el Ministerio Público Fiscal (MPF) activó las alarmas locales para las fuerzas de seguridad que actúan en la zona, y también realizó el pedido de captura internacional para dar con los atacantes, de quien no trascendió aún la identidad, aunque la madre de la víctima confirmó que se trata de un hombre aborigen perteneciente a la misma comunidad de la niña, que actuó con un criollo domiciliado en el poblado cercano de Hito 1.

Según información oficial a la que accedió LA NACION, este último sospechoso logró escapar por el fondo de una casa cuando la Policía de Salta fue a detenerlo. Al respecto, cabe destacar que Hito 1, de donde fugó el violador, es un asentamiento rural ubicado a muy pocos metros de decenas de pasos clandestinos que conducen a Bolivia, hacia donde el violador fue en una motocicleta.

En ese marco, se espera, tal como se detalló en el comunicado del MPF, que en las próximas horas se sumen a la búsqueda de los sospechosos agentes federales de Gendarmería Nacional, que actúan en la zona por sus tareas naturales de control fronterizo. El expediente está a cargo de la fiscal de Violencia Familiar y Género de Tartagal, Lorena Martínez.

Sobre el caso, la fiscal indicó a LA NACION: “La niña está contenida, pero muy atemorizada, al igual que su madre. Estuvo internada hasta el martes. Aún esperamos los resultados de algunos estudios médicos. Viven en una zona alejada, cercana al río Pilcomayo, y temen que esto pueda volver a ocurrir con otras chicas de la comunidad”.

Este caso vuelve a exponer las dramáticas condiciones de vulnerabilidad que circundan a las niñas y adolescentes de las comunidades originarias del norte de Salta, donde se han registrado atroces casos de violaciones grupales en tiempos recientes; las mujeres de la zona no solo resultan víctimas estructurales de la histórica emergencia alimentaria y sanitaria que impera en la zona, sino que sufren también un alto grado de desprotección en términos de políticas de género.

Así, entre enero y octubre de 2020, según los más recientes datos oficiales de Salta publicados por el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, en los norteños departamentos judiciales de Orán y Tartagal se registraron 297 denuncias por ataques contra la integridad sexual. En esa línea, los casos registrados anteriormente confirman la mecánica de los violadores que actúan en las comunidades asentadas en el noreste de la provincia.

En esa línea, durante los últimos años se lograron dos condenas ejemplares. Por un lado, en febrero de 2019, la Sala I del Tribunal de Juicio de Tartagal condenó con 17 años de cárcel a Jorge Gabriel Salas, Sebastián Matías Salvatierra, Pantaleón Javier Mansilla, Luis Fernando Lamas, Omar Alcides Arias, Juan Domingo Verón al encontrarlos culpables del “delito de abuso sexual con acceso carnal calificado por el número de autores y agravado por la intervención” de dos menores de edad entre los victimarios, que también fueron condenados por violar a una niña wichi de 12 años que padecía un retraso madurativo.

Por otro lado, en 2016 y luego de un proceso penal que se extendió durante una década y albergó interminables debates sobre qué ocurre con las niñas hacia el interior de la cultura wichi, José Fabián Ruiz fue condenado por violar y embarazar a su hijastra de 9 años en la comunidad de Lapacho Mocho.

Conforme a los criterios de

Conocé más

Infancia en peligro. Desde su celda un preso condenado a 50 años de cárcel manejaba una red de pedófilos

Laberinto judicial. El calvario de una madre que hace un año y medio denunció que el padre de su hijo abusaba de él

Tienen entre 13 y 17 años. Un alumno alteraba fotos de sus compañeras de colegio con IA, las mostraba desnudas y las vendía