Así trasladaron al hijo de un exjefe de la Fuerza Aérea a una cárcel de máxima seguridad
Gustavo Juliá había sido detenido en Martínez, en San Isidro, por detectives de la Policía Federal
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LA NACIONGabriel Di Nicola
Ya sabe lo que estar preso. Había estado encerrado en cárceles de Barcelona, España, donde cumplió una pena de 13 años de prisión por traficar 944 kilos de cocaína en un jet Bombardier Challenger 604 que había adquirido con un contrato de leasing. Ahora, en la Argentina, volvió a quedar tras las rejas. Hace diez días, Gustavo Juliá, hijo de un jefe de la Fuerza Aérea durante el menemismo, fue detenido por detectives de la Policía Federal Argentina (PFA) en el marco de una investigación por un secuestro extorsivo vinculado al narcotráfico. Después de estar en un calabozo de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA en Palermo fue trasladado en medio de un fuerte operativo a una cárcel de máxima seguridad.
“En un operativo coordinado entre el Servicio Penitenciario Federal, dependiente del Ministerio de Seguridad, y la Policía Federal Argentina, realizamos el traslado del narco criminal Gustavo Juliá, quien tiene un extenso prontuario”, informaron desde la cartera conducida por Patricia Bullrich en un comunicado de prensa.
El traslado se llevó a cabo bajo un importante dispositivo de seguridad. Juliá ingresó en la Unidad 28 del Servicio Penitenciario Federal (SPF), “donde será categorizado y clasificado según su nivel de riesgo”, según se informó. Posteriormente, los equipos tácticos de la Dirección de Traslados y el Grupo Especial de Intervención lo llevaron al Complejo Penitenciario Federal (CPF) I de Ezeiza.
Juliá, de 61 años, está preso por su presunta participación en un secuestro extorsivo. La víctima, Gastón Tallone, era investigada por lavado de dinero. En su momento, después de una negociación, su familia pagó un rescate, pero no recibió noticias del empresario.
“Devuelvan la droga y los 500 mil dólares que se robó”, fue el mensaje que recibió la familia de Tallone después de pagar el rescate.
En un primer momento, a partir de la denuncia de la familia, que reside en Entre Ríos, el secuestro de Tallone, que habría ocurrido entre los barrios porteños de Balvanera y Almagro, fue investigado por la fiscal federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, pero después esa funcionaria judicial declaró la incompetencia de su despacho en este caso y la causa pasó a los tribunales de Comodoro Py, con la intervención del fiscal federal Carlos Stornelli y la jueza María Servini.
Juliá, hijo del fallecido brigadier general José Juliá, jefe de la Fuerza Aérea Argentina durante la presidencia de Carlos Saúl Menem, fue detenido en Martínez, en San Isidro, cerca de su casa, por detectives de la División Antisecuestros de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA, el viernes 20 de diciembre pasado.
No es la primera vez que Juliá es detenido desde que volvió a la Argentina después de cumplir la condena impuesta por un tribunal de Barcelona.
En agosto de 2023, el empresario fue aprehendido en un control vehicular hecho en Vicente López porque tenía una orden de captura por una causa por contrabando de oro a los Estados Unidos que tramitaba el juez en lo penal económico Alejandro Catania.
Un mes después fue procesado sin prisión preventiva por el contrabando a los Estados Unidos de siete kilos de oro en lingotes y 500 gramos de platino. El magistrado también procesó a Juliá por ser jefe de una asociación ilícita y le trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 17.500.000 de pesos.
Cuando fue indagado y le preguntaron su ocupación actual, Juliá dijo que trabajaba en tareas de “cortar pasto, limpiar piletas y pasear perros”. Vive en Martínez, en San Isidro.
La trampa para un secuestro
Tallone está desaparecido desde el 8 de julio de 2023, cuando fue obligado a subir a un vehículo en la zona de Abasto, entre los barrios porteños de Almagro y Balvanera. Algunas semanas antes, la víctima del secuestro había aparecido en las noticias de la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay por una denuncia de recepción de pagos de extorsiones en la zona portuaria, en 2021.
Esa presentación la realizó el abogado José Alberto Tomás Uriburu, autodefinido en el escrito como dueño de la empresa Terminal Puerto Concepción del Uruguay, que mencionó a Tallone como uno de los hombres que cobraba el dinero exigido en dólares a nombre, supuestamente, del por entonces administrador del Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay a cambio de no obstaculizar el movimiento en esas terminales y de facilitar la compra agresiva de una empresa al “armar una mochila de juicios” a sus anteriores dueños. Desde ese testimonio, Uriburu pasó de denunciante de corrupción a imputado por el rapto de Tallone, luego de la decisión que en agosto de 2023 tomó la fiscal federal Josefina Minatta, que en ese momento tenía la investigación que ahora sigue su colega Stornelli.
Cuando la Justicia empezó a investigar la desaparición de Tallone los detectives se llevaron una sorpresa. O no tanto. La mayoría de los allegados de la víctima tenían sus teléfonos interceptados por otras causas judiciales. Entre las líneas bajo escuchas judiciales estaba la de Juliá. A partir de las desgrabaciones se pudo reconstruir la forma en que Tallone había sido llevado a una trampa. A aquel procesamiento del abogado Uriburu se sumó el de un hombre de confianza de la víctima: Juan Carlos Miró.
En ese momento, los investigadores habían sacado una conclusión: la disputa entre el abogado Uriburu y Tallone tenía relación con un robo de cocaína y dólares. Los mensajes que allegados a la víctima recibieron varios días después del pago del rescate mencionaban “deudas” que oscilaban entre los 300.000 y los 500.000 dólares. Y en esos primeros pasos de la investigación, cuando la causa era tratada en la Justicia Federal de Concepción del Uruguay y por el fiscal Santiago Marquevich, de la Unidad Fiscal Especializada en Crimen Organizado (Ufeco), apareció una vez más Juliá.
Si bien aún no se sabe qué pasó con Tallone luego del 8 de julio de 2023, sí estaba claro para los investigadores que la víctima había sido engañada por Miró, quien pergeñó un inexistente encuentro con una ficticia jueza federal para interesar a Tallone a concurrir a una reunión en las cercanías del Shopping del Abasto, en Balvanera. Allí fue amenazado por sus captores, entre los que se encontraba –según figura en la causa– Juliá, que, como se consignó, en noviembre de 2023 fue procesado en una causa por contrabando de oro.
Aunque no formó parte de los procesamientos y arrestos ordenados por el primer equipo de investigadores, Juliá fue considerado una figura clave en este secuestro: el vehículo usado para capturar a Tallone es un Gol Trend que tiene una oblea de peaje a nombre de Juliá y que este pagaba con una de sus tarjetas. Su celular también fue detectado en las mismas posiciones que las de Tallone, Miró y Uriburi en una casa de Benavídez en la tarde del 8 de julio, propiedad que sería el lugar donde la víctima estuvo en cautiverio.
Pocas horas después del rapto, entre las 21.30 y las 21.47 de ese 8 de julio, un allegado de Tallone entregó a Miró un sobre con una cifra de entre 65.000 y 100.000 dólares como pago de rescate. La propia víctima dio las indicaciones del lugar donde podría recolectarse esa cantidad de dólares con la sola mención de su nombre. El amigo llevó luego el dinero al lugar elegido por los secuestradores: una estación de servicio Shell ubicada en Cabildo al 4100.
El sobre finalmente llegó a manos de Uriburu; al menos eso plantea la hipótesis que derivó en su procesamiento con prisión preventiva, decidido por la Justifica Federal de Concepción del Uruguay. En la casa de ese abogado, que tenía vínculos con Guille Cantero, líder de Los Monos, fueron incautados 65.000 dólares, cifra que los investigadores consideran compatible con el pago del rescate.
Ahora, el fiscal Stornelli y la jueza Servini ordenaron el arresto de Juliá, el hombre que en 2011 protagonizó uno de los mayores escándalos vinculados con el narcotráfico en la Argentina.
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