Arrestan por corrupción a cuatro jefes del servicio penitenciario de Córdoba

CÓRDOBA.- En el marco de la causa judicial iniciada por corrupción en el Servicio Penitenciario de Córdoba, el fiscal de instrucción de Delitos Complejos, Enrique Gavier, ordenó detener a cuatro jefes carcelarios, dos de ellos en actividad. Se trata de Cristian Namur, hasta hoy director de Seguridad del Servicio Penitenciario; Marcelo Chávez, encargado del Tribunal de Conducta penitenciaria, y los retirados José Gustavo Heredia y Ramón Sayavedra.

Según el comunicado de la fiscalía, todas las detenciones están relacionadas con la causa por la que ya hay presos otros exjefes penitenciarios, entre ellos quien era el jefe, Juan María Bouvier. Los delitos que se investigan van desde la venta de traslados y calificaciones para anticipar libertades a la habilitación de negocios como los “callcenters” tumberos, entre otras irregularidades.

En diciembre pasado Gavier dispuso el arresto de Bouvier (quien llevaba 15 años en el cargo) y de dos de sus inmediatos colaboradores, Silvia Guadalupe Barbero y Víctor Hugo Vivas, segundo jefe. Pocos meses antes había sido ordenada la detención de Sergio Alejandro Guzmán, uno de los subdirectores del Establecimiento Padre Lucchese, que integra el complejo penitenciario de Bouwer. Esa causa hizo sospechar que también habría actuado de manera similar en otras dependencias donde se desempeño, como el penal de Cruz del Eje, donde fue director.

A partir de una denuncia realizada por el propio servicio penitenciario cordobés a partir de los dichos de un detenido. A Guzmán, se le sumaron a la acusación de presunta asociación ilícita, las de extorsión a internos, un hecho de privación ilegítima de la libertad de un preso y tenencia ilegal de dos armas de fuego.

Namur, por su parte, había asumido como jefe de Seguridad del servicio penitenciario provincial en enero pasado, con la intervención encabezada por el exfiscal Gustavo Vidal Lascano. En total ya hay 18 detenidos, quienes -según la fiscalía- “habrían consolidado una asociación criminal orientada a la comisión de múltiples e indeterminados delitos, violando la confianza depositada, afectando el debido tratamiento penitenciario de los individuos privados de su libertad; la seguridad de los establecimientos penitenciarios, la fe pública; el regular funcionamiento de la administración pública y del Poder Judicial; la propiedad privada; la salud espiritual de los reclusos y su entorno, como también el de distintas personas diseminadas por todo el país que vieron afectados sus patrimonios a raíz de las acciones ilícitas desplegadas, como consecuencia del accionar ilícito de la organización”.

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