Apremios ilegales. Una madre pide que se investigue qué hicieron con su hijo en la “comisaría de la muerte”

Aun en el silencio de la noche, Laura Coronel escucha los gritos desgarradores que piden por ella; cierra los ojos con más fuerza en la habitación, ya oscura, para espantar el recuerdo. Igual, sabe que será imposible sacarse ese crudo recuerdo de encima. “No puedo dormir como cualquier persona –explica–, he perdido hasta el sueño, estoy traumada por todo lo que he visto”.

Su vida quedó congelada en esas imágenes de la madrugada del 1° de mayo de 2020 en la comisaría 10ª del barrio Autonomía, de Santiago del Estero. Cuenta aquello que no la dejará en paz nunca más: “Lo veo arrodillado, con una bolsa en la cabeza, y entre cinco policías lo están golpeando. Yo escucho sus gritos: ¡Ma, sacame de acá! ¡Ma, me están matando!. En ese momento lo estaban torturando en un patio, atado a un poste. Mi hijo estaba mojado, descalzo, en bóxer y remera en pleno invierno, con una sensación térmica de bajo cero”.

Un rato antes, todavía la noche del 30 de abril, Mauro Coronel, de 22 años, fue detenido en su casa del barrio Santa Rosa de Lima, luego de un llamado de su novia al 911 alegando una discusión violenta. Los testigos que declararon en la causa coincidieron en que los policías golpearon con saña al joven y lo arrojaron como una “bolsa de papas” a la parte trasera de una camioneta antes de llevárselo a la comisaría. También dijeron que uno de los uniformados disparó al aire para dispersar a los vecinos que se habían acercado a pedir clemencia por Mauro.

Laura siguió la camioneta, llegó a la comisaría, escuchó y vio el horror. Uno de los oficiales logró calmarla y le pidió que volviese al otro día con ropa de abrigo y algo caliente para el desayuno. La mujer llegó temprano, pero su hijo ya no estaba. Nadie en el destacamento le pudo decir adónde lo habían trasladado (luego se enteraría de que estuvo en el Liceo de Policía).

Mauro estuvo desaparecido varias horas hasta que una vecina le contó a Laura que había visto cómo dos agentes bajaban a su hijo de un móvil y lo ingresaban a rastras al Hospital Regional Dr. Ramón Carrillo. La vecina agregó que el joven estaba muy golpeado, casi sin conocimiento.

“El papá de Mauro –recuerda Laura– fue hasta el hospital y lo encontró en una sala común, con la cara hinchada, los ojos morados y una pierna quebrada. Vomitaba sangre porque le habían reventado los pulmones, el hígado, todo por dentro. Cuando le preguntó qué había pasado, mi hijo alcanzó a decirle que habían sido los policías”.

Dos días después, es decir, el martes 5 de mayo, un escueto parte médico informó que Mauro había muerto durante la madrugada, luego de una escala brevísima por la terapia intensiva.

“Lo trataron como a un perro”

Los resultados preliminares de la autopsia encabezada por la junta médica del doctor David Jarma revelaron que el joven sufrió “una neumopatía bilateral con disfunción orgánica múltiple, con un foco infeccioso pulmonar que produjo un paro cardiorrespiratorio no traumático”.

“Es una vergüenza –se queja Laura–. Todos saben que ha sido un crimen, que mi hijo murió por los golpes. En el hospital no me podía ni hablar, me miraba y lloraba. Tenía un latón en el piso donde vomitaba sangre a montones. Estaba agonizando en una sala común sin que nadie lo atendiera. Los médicos también hicieron abandono de persona. A mi hijo los policías se lo llevaron sano y me lo devolvieron destruido”.

La madre denunció lo que vio y escuchó aquella madrugada en la comisaría 10ª . Incluso lo respaldó con audios que alcanzó a grabar, donde se escuchan nítidos los gritos de auxilio de su hijo. También aportó un video filmado y compartido en grupos de WhatsApp por los propios policías que mostraban a Mauro esposado al poste del destacamento.

Sin embargo, nada convenció a la fiscal Erika Leguizamón de, al menos, citar para dar alguna explicación a los agentes que estuvieron en contacto con Mauro durante su detención.

Recién en mayo pasado, es decir, dos años después del hecho, la fiscal cambió la carátula de “averiguación de causales de muerte” al supuesto delito de “vejaciones y severidades”, aunque todavía con resultados nulos.

“Tengo muchísimas pruebas para que el crimen de mi hijo no quedé impune, pero la fiscal no ha hecho nada y ha preferido encubrir a los asesinos. No puede ser que los policías sigan trabajando y hostigándome para que me calle. He recibido amenazas y siempre tengo un móvil que me sigue y que sabe la hora a la que llego y me voy de mi casa. Cómo puede ser que hayan cometido semejante crimen y anden libres. El Estado es responsable porque en Santiago están matando a nuestros hijos; hay muchas causas contra la policía y las familias seguimos marchando y reclamando, pero lo único que hacen es apañarlos”, se queja Laura.

Mauro había dejado los estudios y trabajaba como vendedor ambulante. Tenía cuatro hijos y, en palabras de su madre, “todo el mundo lo conocía y sabía que era bueno”.

“Solo pido justicia, porque lo que le hicieron a mi hijo no se lo deseo a nadie. Lo trataron como a un perro, nadie merece morir así. Sigo luchando para que no haya un Mauro más, porque en Santiago no tienen piedad; hay muchos pibes desaparecidos, hay muchas muertes, pero todas quedan impunes”, concluyó Laura Coronel.

La intervención de Amnistía Internacional

Pasados dos años y cinco meses, la causa por la muerte de Mauro Coronel no solo no tiene imputados: ni siquiera se está investigando la responsabilidad de ninguno de los policías que intervinieron en su detención –hubo por lo menos 11 que estuvieron en contacto con la víctima– a pesar de las pruebas que apuntan, cuanto menos, a posibles hechos de tortura en la seccional 10ª del barrio Autonomía, en Santiago del Estero, que ya cuenta con varios antecedentes de denuncias por apremios ilegales y que le generó la terrorífica reputación de la “comisaría de la muerte”.

En octubre de 2021, Amnistía Internacional viajó a Santiago del Estero y pudo acceder al expediente para dar seguimiento al proceso judicial. “A pesar de las imágenes y videos que muestran cómo a Mauro lo tenían atado en un mástil, semidesnudo, en el patio de la comisaría, a pesar del testimonio de la mamá de Mauro, que vio y denunció cómo lo golpeaban, hay una alarmante inercia por parte de la Justicia”, afirma Mariela Belski, directora ejecutiva en Amnistía Internacional Argentina.

“La investigación –insiste– presenta serias irregularidades en materia de investigación diligente, exhaustiva y urgente. Para las familias que perdieron a un ser querido mientras estaba en manos de funcionarios del Estado es muy difícil confiar en la Justicia, más aún si la investigación está plagada de irregularidades y demoras”.

En ese sentido, Belski remarca que tanto los familiares como el abogado de la querella no han podido acceder a las declaraciones tomadas por la fiscalía a los policías, como tampoco a uno de los testigos que estuvo detenido en la comisaría en el mismo momento que Mauro.

También señala que la fiscal Erika Leguizamón refirió no tener conocimiento del video viralizado en todo el país en el que se veían las condiciones en las cuales estaba detenido Mauro y su pedido de ayuda.

“La impunidad –concluye– es la única explicación posible de que aún no haya imputados. La violencia policial en Argentina es estructural, es decir, responde a patrones fuertemente arraigados socialmente en distintos niveles del poder. La vía judicial debe ser la respuesta frente a este tipo de hechos; sin embargo, ineficacia, demoras, falta de diligencia, y parcialidad, trasmite un mensaje de impunidad a toda la sociedad. La Justicia de Santiago del Estero debe dar una respuesta pronta y urgente en este caso”.

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